Política
Jerí contra la pared por ‘amiguitas’: Fiscalía investiga contratos tras reuniones con Presidente de la República
La FECOF de Lima Centro abrió diligencias preliminares por presuntos delitos contra la administración pública, luego de que cinco jóvenes obtuvieran contratos estatales tras reunirse con el presidente José Jerí.
La Primera Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios (FECOF) de Lima Centro inició una investigación preliminar contra quienes resulten responsables por presuntos delitos contra la administración pública. La medida se da tras la revelación de que cinco jóvenes obtuvieron contratos con el Estado luego de sostener reuniones privadas con el presidente José Jerí.
El caso está a cargo de la fiscal provincial Roxana Inés Espinoza Páucar, y las diligencias se realizan conjuntamente con personal de la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor) de la Policía Nacional, en sede policial.
Diligencias tras revelación periodística
La investigación comenzó luego de un reportaje del programa Cuarto Poder, que informó sobre visitas registradas en el Despacho Presidencial, seguidas de órdenes de servicio y designaciones en distintas entidades del Estado.
Según el informe periodístico, estas reuniones quedaron consignadas en el portal de Transparencia y se produjeron antes de la emisión de los contratos, lo que motivó la apertura de diligencias fiscales.
Caso Guadalupe Vela y otros contratos
Uno de los casos destacados es el de Guadalupe Vela Ramírez, ingeniera ambiental, quien ingresó a Palacio de Gobierno el 1 de noviembre de 2025 y permaneció hasta cerca de la medianoche. Veinte días después, obtuvo una orden de servicio en Essalud por más de S/ 6 mil y, posteriormente, un segundo contrato como locadora FAG en el Ministerio del Ambiente por S/ 11 mil.
Otros jóvenes incluidos en la investigación son: Rubiel Cristina Beraun Rojas, Violeta Emperatriz Beas Otero, Fiorella Jannette Melgarejo Sánchez y Alicia Camargo, quienes también registraron visitas al despacho presidencial antes de ser contratados por el Estado. Ninguno de ellos brindó declaraciones hasta el momento.
La FECOF de Lima Centro continuará con las diligencias preliminares para determinar responsabilidades y verificar si los contratos se otorgaron en condiciones irregulares o favorecimientos indebidos.
El caso refleja el escrutinio sobre la transparencia en la contratación pública y la necesidad de garantizar que las designaciones estatales se otorguen siguiendo criterios legales y objetivos.
Cinco allegadas con suerte en Palacio
Según un informe de Cuarto Poder, las jóvenes visitaron el despacho presidencial en horarios nocturnos y, después de esos encuentros, accedieron a contratos estatales en distintas entidades. Palacio asegura que los nombramientos respetan la normativa vigente
El dominical revisó que Guadalupe Vela se presentó en el despacho de Jerí el 1 de noviembre de 2025 desde las 18:48 a 23:56 horas. El 20 de noviembre, la ingeniera ambiental recibió una orden de servicio por más de 6.330 soles en el Seguro Social (EsSalud). El 28 de noviembre obtuvo otro contrato como locadora a través del Fondo de Apoyo Gerencial al Sector Público (FAG) en el Ministerio del Ambiente, por 11.000 soles.
Según el programa, el vínculo entre Vela y el gobernante existía antes de su llegada al Ejecutivo. El 13 de mayo de 2025, cuando Jerí era legislador, visitó el Ministerio de la Producción y, posteriormente, su allegada fue contratada en ese ministerio por 9.000 soles. En agosto de 2025, además, recibió un puesto como especialista en el Comité de Damas.
Durante la juramentación de Jerí como jefe de Estado, Vela se ubicó junto a la madre del mandatario en un palco reservado para familiares y se retiró con ella en el mismo vehículo. La joven pidió declarar fuera de cámaras y confirmó su amistad de larga data con el mandatario, señalando que en la mencionada reunión abordaron temas “personales”.
Un informe de Cuarto Poder revela cómo varias mujeres obtuvieron órdenes de servicio con el Estado horas después de visitar el despacho presidencial. El Gobierno emitió un comunicado defendiendo las contrataciones y acusando un cuestionamiento por género, argumento que es rebatido por el periodista. – Cuarto Poder
El dominical señaló que ese 1 de noviembre, Vela acudió a la cita acompañada de su amiga Cristina Beraún, quien también accedió a un contrato estatal por 6.500 soles para realizar análisis de comunicación interna en el despacho presidencial. Beraún, del mismo modo, permaneció hasta casi la medianoche y estuvo presente en la juramentación de Jerí.
El 1 de noviembre de 2025, Violeta Veas acudió al despacho presidencial desde las 20:35 hasta las 23:59. Al mes siguiente, fue designada jefa de la Secretaría Nacional de la Juventud del Ministerio de Educación. No realizó comentarios sobre el tema.
Un patrón similar se observó con Fiorela Melgarejo, quien llegó a Palacio el 20 de octubre desde las 13:48 hasta las 15:13, regresó el 24 y el 28 del mismo mes, y luego recibió una orden de servicio por 11.000 soles en el despacho presidencial. Abordada por el equipo periodístico, respondió que no haría comentarios “en este momento”. Ante la consulta sobre si conocía previamente al presidente, reiteró su negativa.
Alicia Camargo, quien acompañó al gobernante a una tienda del del empresario chino Zhihua ‘Johnny’ Yang, también se reunió con Jerí el 14 de octubre de 2025 desde las 20:00 hasta las 22:55. Tres días después fue contratada en la Secretaría General del Palacio.
La Secretaría de Comunicación Estratégica y Prensa indicó, en un comunicado enviado al dominical, que Melgarejo, Beraún y Camargo “fueron contratadas siguiendo el procedimiento establecido por la normativa vigente, tratándose de mujeres profesionales que cuentan con la experiencia para el desempeño de las funciones asignadas”.
“Respecto a las visitas de las señoras Vela y Beas, fueron registradas en el aplicativo correspondiente, detallando lo exigido por ley. Las competencias de un profesional no deberían ser cuestionadas por el género u otros aspectos que no aportan al respeto que merece cada persona”, se lee en la misiva.
Actualidad
Raúl Díaz Pérez propone inteligencia de la PNP y Fuerzas Armadas contra la delincuencia en Comas
Raúl Díaz Pérez, candidato de Avanza País a la alcaldía de Comas, presentó sus propuestas de seguridad ciudadana para las Elecciones Municipales 2026. Su plan contempla mil cámaras de videovigilancia, drones y una mayor coordinación con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.
Comas enfrenta uno de sus principales desafíos de cara a las Elecciones Regionales y Municipales 2026: la inseguridad ciudadana. En este escenario, Raúl Díaz Pérez, candidato de Avanza País y exalcalde del distrito durante el periodo 2019-2022, presentó sus principales propuestas para combatir la delincuencia.
Según el reporte del Sistema de Denuncias Policiales (SIDPOL) de la Policía Nacional del Perú (PNP) citado en la información, Comas figura entre los distritos con mayor número de denuncias relacionadas con inseguridad.
Entre los problemas que afectan a los vecinos se encuentran la extorsión al transporte público y al comercio, así como el robo de vehículos.
Raúl Díaz Pérez propone apoyo de la PNP y Fuerzas Armadas en Comas
Como parte de su propuesta de seguridad, Raúl Díaz Pérez plantea que la inteligencia de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas puedan operar en el distrito, mientras que la municipalidad brindaría apoyo logístico.
“Lo que proponemos es que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas operen en Comas. Como gestión municipal, darle la logística necesaria: brigadas vecinales de seguridad ciudadana barrio por barrio, para que den información de primera mano a Inteligencia”, señaló el candidato.
El exalcalde también propone implementar mil cámaras de videovigilancia durante los primeros 100 días de una eventual gestión municipal, además de adquirir drones de alta tecnología para reforzar el patrullaje integrado con la Policía.
Mil cámaras y drones para combatir la delincuencia
La propuesta contempla la instalación de bases centrales de videovigilancia en sectores que, según el candidato, presentan una mayor incidencia delictiva.
Entre las zonas mencionadas se encuentran Collique, El Carmen Alto y La Libertad.
La estrategia planteada por Díaz Pérez incluye además la participación de brigadas vecinales, cuya función sería proporcionar información a los servicios de inteligencia.
Propuesta de agua potable para Comas
En materia de servicios básicos, Raúl Díaz Pérez aseguró que buscará continuar los proyectos de agua potable y alcantarillado destinados a los sectores que todavía presentan brechas.
El candidato afirmó que existen más de 150 pueblos y asentamientos humanos de Comas que no cuentan con agua potable y planteó cerrar estas brechas mediante el denominado Cuarto Esquema de Agua Potable.
Según explicó, el proyecto fue implementado durante su primera gestión y actualmente requeriría la elaboración del expediente técnico y la obtención de financiamiento.
Casa de la Inclusión Social y de la Cultura
Otra de las propuestas de Raúl Díaz Pérez para Comas es la construcción de una Casa de la Inclusión Social y de la Cultura.
De acuerdo con su planteamiento, este espacio concentraría servicios dirigidos a distintos sectores de la población, entre ellos una Casa del Adulto Mayor, una academia preuniversitaria municipal, un centro de idiomas y un centro de rehabilitación para personas con discapacidad.
Estadio Municipal de Comas
En materia deportiva, el candidato de Avanza País señaló que buscará gestionar la construcción del Estadio Municipal de Comas, proyectado en la zona de La Balanza.
Raúl Díaz Pérez y su gestión durante la pandemia
Durante la presentación de sus propuestas, Díaz Pérez también recordó su gestión durante la pandemia de COVID-19 y destacó la instalación de una planta de oxígeno medicinal destinada a atender a los vecinos de Comas.
El exalcalde busca volver a dirigir la Municipalidad de Comas en las Elecciones Regionales y Municipales 2026, programadas para el 4 de octubre. Su propuesta de campaña contempla como principales ejes la seguridad ciudadana, el acceso a servicios básicos, la inclusión social y el deporte.
Política
Congreso define a los integrantes de la Comisión de Ética: Harvey Colchado investigará denuncias contra parlamentarios
La Junta de Portavoces de la Cámara de Diputados, presidida por Óscar Reto Otero, acordó la conformación de la nueva Comisión de Ética Parlamentaria, grupo de trabajo que tendrá la responsabilidad de investigar y evaluar las denuncias por presuntas infracciones al Código de Ética cometidas por los legisladores durante el actual periodo congresal.
La comisión estará integrada por un representante de cada una de las seis bancadas con presencia en la Cámara Baja y ejercerá funciones durante los próximos dos años. Su instalación permitirá iniciar la evaluación de los primeros expedientes disciplinarios que ya fueron presentados ante el Congreso.
Seis congresistas integrarán la Comisión de Ética
Como parte del acuerdo alcanzado por la Junta de Portavoces, cada bancada designó a un representante para integrar este grupo de trabajo parlamentario.
Los miembros elegidos son:
- Mery Infantes Castañeda, por Fuerza Popular
- César Tito Rojas, por Juntos por el Perú
- Edwin Espinoza Huillca, por el Partido del Buen Gobierno
- Javier Cipriani Thorne, por Renovación Popular
- Heber López Letona, por el partido Obras
- Harvey Colchado Huamaní, por Ahora Nación
Los seis legisladores tendrán la misión de analizar las denuncias éticas presentadas contra parlamentarios y emitir recomendaciones sobre las eventuales sanciones que correspondan, conforme al reglamento interno del Congreso.
El Pleno deberá ratificar la conformación
Luego del acuerdo alcanzado por la Junta de Portavoces, la primera vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Analí Márquez, informó que la conformación de la Comisión de Ética será sometida a ratificación por el Pleno de la Cámara Baja durante la sesión programada para el 5 de agosto.
Con la aprobación del Pleno, la comisión podrá instalarse oficialmente e iniciar el ejercicio de sus funciones, incluyendo la recepción y evaluación de los expedientes que permanecen pendientes.
Antes de conocerse la integración definitiva de la Comisión de Ética, el diputado Harvey Colchado ya había adelantado que uno de los primeros asuntos que deberá analizar el grupo será la denuncia presentada contra el legislador Julián Pérez Mallqui, integrante de la bancada de Juntos por el Perú.
Pérez Mallqui es investigado por una presunta agresión contra su expareja, quien lo denunció por supuestos actos de violencia intrafamiliar y violencia psicológica.


En declaraciones a la prensa, Colchado sostuvo que el Congreso tiene la obligación de investigar cualquier conducta que pueda vulnerar los principios éticos de la función parlamentaria.
“Lo que corresponde al Congreso es que la Comisión de Ética haga la investigación respectiva y, si se determina responsabilidad, deberá imponerse la sanción correspondiente. Aquí no se protegerá a nadie”, manifestó.
Asimismo, aseguró que la nueva comisión actuará con independencia y sin favorecer a ningún legislador por razones políticas.
“Aquí no habrá protección entre parlamentarios”
Durante sus declaraciones, Harvey Colchado también hizo referencia a la conocida expresión política “otorongo no come otorongo”, utilizada para cuestionar presuntos actos de protección entre congresistas.
El legislador afirmó que esa práctica no tendrá cabida en la actual Comisión de Ética y aseguró que todos los casos serán investigados con objetividad y respetando el debido proceso.
Explicó además que, debido a que el Congreso se encontraba en proceso de conformar sus comisiones ordinarias y especiales, era necesario esperar la instalación oficial del grupo antes de iniciar cualquier procedimiento disciplinario.
Renovación Popular solicita suspensión de Julián Pérez
En paralelo, el parlamentario Christian Aranda Vásquez, de la bancada de Renovación Popular, presentó una denuncia formal por presuntas faltas éticas contra Julián Pérez Mallqui.
El documento, ingresado por Mesa de Partes del Congreso, solicita que el legislador cusqueño sea suspendido del ejercicio de sus funciones por 120 días de legislatura, además del correspondiente descuento de remuneraciones durante ese periodo.
La denuncia será remitida a la Comisión de Ética una vez que esta quede oficialmente instalada y comience sus labores.
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