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Política

JNE sancionará con multas de hasta S/ 550 mil a encuestadoras y medios que difundan sondeos fuera de plazo electoral

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JNE sancionará con multas de hasta S/ 550 mil a encuestadoras y medios que difundan sondeos fuera de plazo electoral


El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) recordó a las encuestadoras y medios de comunicación que la difusión de encuestas sobre resultados electorales fuera de los plazos establecidos por la ley conlleva severas sanciones económicas y administrativas. De acuerdo con la normativa vigente, cualquier publicación o difusión de sondeos electorales después del domingo previo al día de las elecciones será sancionada con multas que van desde 10 hasta 100 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), lo que equivale a montos que oscilan entre S/ 55 mil y S/ 550 mil.

Esta advertencia se sustenta en la Resolución Nº 0107-2025-JNE, la cual precisa que el monto de la sanción será determinado de manera discrecional por la autoridad electoral, tomando en cuenta criterios como la proximidad al día del sufragio, programado para el 12 de abril, así como el alcance y la magnitud de la difusión realizada. Dichos criterios se aplicarán bajo los principios de proporcionalidad y razonabilidad, con el objetivo de garantizar la equidad y transparencia del proceso electoral.

Otras infracciones y sanciones previstas

Además de las multas económicas, el JNE contempla medidas disciplinarias adicionales para otras conductas infractoras cometidas por las empresas encuestadoras. Por ejemplo, si una encuestadora publica de manera incompleta en su página web el informe del estudio de intención de voto o simulacro de votación —incluyendo el cuestionario, la cédula de votación, la ficha técnica o los resultados—, podrá ser sancionada con una suspensión de hasta 20 días calendario.

En casos más graves, cuando se detecten inconsistencias, imprecisiones o falta a la verdad entre los resultados difundidos públicamente y el informe presentado ante el Jurado Electoral Especial (JEE) correspondiente, la sanción se incrementará a una suspensión de 60 días calendario. Si la infracción se repite, la normativa prevé la cancelación definitiva del registro de la encuestadora.

Difusión sin registro o con registro suspendido

El organismo electoral también fue enfático en señalar que si una encuestadora difunde estudios de intención de voto o simulacros de votación cuando su registro se encuentra suspendido, su inscripción en el Registro Electoral de Encuestadoras (REE) será cancelada de forma inmediata. La misma medida se aplicará si la empresa reincide dentro de un mismo proceso electoral, lo que implica quedar inhabilitada para participar en futuros comicios.

Estas disposiciones buscan evitar la manipulación de la opinión pública y el uso indebido de encuestas como herramientas de influencia política, especialmente en la etapa final de una contienda electoral, cuando los electores se encuentran en proceso de decisión.

El JNE precisó que la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales es la encargada de verificar el cumplimiento de los requisitos legales de los informes de encuestas presentados por las empresas registradas. Esta labor incluye la revisión técnica y legal de los estudios, así como la supervisión de su difusión en medios tradicionales y plataformas digitales.

Por su parte, la Dirección Nacional de Estudios, Estrategias y Coordinación Territorial tiene a su cargo la gestión y administración del Registro Electoral de Encuestadoras (REE), instrumento clave para el control y la transparencia del sistema de encuestas en el país.

El JNE recordó, además, que el REE es de acceso público y se encuentra disponible en la página web institucional. Este registro contiene información detallada sobre las encuestadoras infractoras, las faltas cometidas y las sanciones impuestas, así como la relación de aquellas empresas que, sin estar registradas, difunden o publican encuestas electorales.



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Raúl Díaz Pérez propone inteligencia de la PNP y Fuerzas Armadas contra la delincuencia en Comas

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Raúl Díaz Pérez propone inteligencia de la PNP y Fuerzas Armadas contra la delincuencia en Comas

Raúl Díaz Pérez, candidato de Avanza País a la alcaldía de Comas, presentó sus propuestas de seguridad ciudadana para las Elecciones Municipales 2026. Su plan contempla mil cámaras de videovigilancia, drones y una mayor coordinación con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.

Comas enfrenta uno de sus principales desafíos de cara a las Elecciones Regionales y Municipales 2026: la inseguridad ciudadana. En este escenario, Raúl Díaz Pérez, candidato de Avanza País y exalcalde del distrito durante el periodo 2019-2022, presentó sus principales propuestas para combatir la delincuencia.

Según el reporte del Sistema de Denuncias Policiales (SIDPOL) de la Policía Nacional del Perú (PNP) citado en la información, Comas figura entre los distritos con mayor número de denuncias relacionadas con inseguridad.

Entre los problemas que afectan a los vecinos se encuentran la extorsión al transporte público y al comercio, así como el robo de vehículos.

Raúl Díaz Pérez propone apoyo de la PNP y Fuerzas Armadas en Comas

Como parte de su propuesta de seguridad, Raúl Díaz Pérez plantea que la inteligencia de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas puedan operar en el distrito, mientras que la municipalidad brindaría apoyo logístico.

“Lo que proponemos es que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas operen en Comas. Como gestión municipal, darle la logística necesaria: brigadas vecinales de seguridad ciudadana barrio por barrio, para que den información de primera mano a Inteligencia”, señaló el candidato.

El exalcalde también propone implementar mil cámaras de videovigilancia durante los primeros 100 días de una eventual gestión municipal, además de adquirir drones de alta tecnología para reforzar el patrullaje integrado con la Policía.

Mil cámaras y drones para combatir la delincuencia

La propuesta contempla la instalación de bases centrales de videovigilancia en sectores que, según el candidato, presentan una mayor incidencia delictiva.

Entre las zonas mencionadas se encuentran Collique, El Carmen Alto y La Libertad.

La estrategia planteada por Díaz Pérez incluye además la participación de brigadas vecinales, cuya función sería proporcionar información a los servicios de inteligencia.

Propuesta de agua potable para Comas

En materia de servicios básicos, Raúl Díaz Pérez aseguró que buscará continuar los proyectos de agua potable y alcantarillado destinados a los sectores que todavía presentan brechas.

El candidato afirmó que existen más de 150 pueblos y asentamientos humanos de Comas que no cuentan con agua potable y planteó cerrar estas brechas mediante el denominado Cuarto Esquema de Agua Potable.

Según explicó, el proyecto fue implementado durante su primera gestión y actualmente requeriría la elaboración del expediente técnico y la obtención de financiamiento.

Casa de la Inclusión Social y de la Cultura

Otra de las propuestas de Raúl Díaz Pérez para Comas es la construcción de una Casa de la Inclusión Social y de la Cultura.

De acuerdo con su planteamiento, este espacio concentraría servicios dirigidos a distintos sectores de la población, entre ellos una Casa del Adulto Mayor, una academia preuniversitaria municipal, un centro de idiomas y un centro de rehabilitación para personas con discapacidad.

Estadio Municipal de Comas

En materia deportiva, el candidato de Avanza País señaló que buscará gestionar la construcción del Estadio Municipal de Comas, proyectado en la zona de La Balanza.

Raúl Díaz Pérez y su gestión durante la pandemia

Durante la presentación de sus propuestas, Díaz Pérez también recordó su gestión durante la pandemia de COVID-19 y destacó la instalación de una planta de oxígeno medicinal destinada a atender a los vecinos de Comas.

El exalcalde busca volver a dirigir la Municipalidad de Comas en las Elecciones Regionales y Municipales 2026, programadas para el 4 de octubre. Su propuesta de campaña contempla como principales ejes la seguridad ciudadana, el acceso a servicios básicos, la inclusión social y el deporte.

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Política

Congreso define a los integrantes de la Comisión de Ética: Harvey Colchado investigará denuncias contra parlamentarios

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Congreso define a los integrantes de la Comisión de Ética: Harvey Colchado investigará denuncias contra parlamentarios


La Junta de Portavoces de la Cámara de Diputados, presidida por Óscar Reto Otero, acordó la conformación de la nueva Comisión de Ética Parlamentaria, grupo de trabajo que tendrá la responsabilidad de investigar y evaluar las denuncias por presuntas infracciones al Código de Ética cometidas por los legisladores durante el actual periodo congresal.

La comisión estará integrada por un representante de cada una de las seis bancadas con presencia en la Cámara Baja y ejercerá funciones durante los próximos dos años. Su instalación permitirá iniciar la evaluación de los primeros expedientes disciplinarios que ya fueron presentados ante el Congreso.

Seis congresistas integrarán la Comisión de Ética

Como parte del acuerdo alcanzado por la Junta de Portavoces, cada bancada designó a un representante para integrar este grupo de trabajo parlamentario.

Los miembros elegidos son:

  • Mery Infantes Castañeda, por Fuerza Popular
  • César Tito Rojas, por Juntos por el Perú
  • Edwin Espinoza Huillca, por el Partido del Buen Gobierno
  • Javier Cipriani Thorne, por Renovación Popular
  • Heber López Letona, por el partido Obras
  • Harvey Colchado Huamaní, por Ahora Nación

Los seis legisladores tendrán la misión de analizar las denuncias éticas presentadas contra parlamentarios y emitir recomendaciones sobre las eventuales sanciones que correspondan, conforme al reglamento interno del Congreso.

El Pleno deberá ratificar la conformación

Luego del acuerdo alcanzado por la Junta de Portavoces, la primera vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Analí Márquez, informó que la conformación de la Comisión de Ética será sometida a ratificación por el Pleno de la Cámara Baja durante la sesión programada para el 5 de agosto.

Con la aprobación del Pleno, la comisión podrá instalarse oficialmente e iniciar el ejercicio de sus funciones, incluyendo la recepción y evaluación de los expedientes que permanecen pendientes.

Antes de conocerse la integración definitiva de la Comisión de Ética, el diputado Harvey Colchado ya había adelantado que uno de los primeros asuntos que deberá analizar el grupo será la denuncia presentada contra el legislador Julián Pérez Mallqui, integrante de la bancada de Juntos por el Perú.

Pérez Mallqui es investigado por una presunta agresión contra su expareja, quien lo denunció por supuestos actos de violencia intrafamiliar y violencia psicológica.

Harvey Colchado tomó juramentó como diputado hace unos días en el Congreso. Foto: Difusión.

En declaraciones a la prensa, Colchado sostuvo que el Congreso tiene la obligación de investigar cualquier conducta que pueda vulnerar los principios éticos de la función parlamentaria.

“Lo que corresponde al Congreso es que la Comisión de Ética haga la investigación respectiva y, si se determina responsabilidad, deberá imponerse la sanción correspondiente. Aquí no se protegerá a nadie”, manifestó.

Asimismo, aseguró que la nueva comisión actuará con independencia y sin favorecer a ningún legislador por razones políticas.

“Aquí no habrá protección entre parlamentarios”

Durante sus declaraciones, Harvey Colchado también hizo referencia a la conocida expresión política “otorongo no come otorongo”, utilizada para cuestionar presuntos actos de protección entre congresistas.

El legislador afirmó que esa práctica no tendrá cabida en la actual Comisión de Ética y aseguró que todos los casos serán investigados con objetividad y respetando el debido proceso.

Explicó además que, debido a que el Congreso se encontraba en proceso de conformar sus comisiones ordinarias y especiales, era necesario esperar la instalación oficial del grupo antes de iniciar cualquier procedimiento disciplinario.

Renovación Popular solicita suspensión de Julián Pérez

En paralelo, el parlamentario Christian Aranda Vásquez, de la bancada de Renovación Popular, presentó una denuncia formal por presuntas faltas éticas contra Julián Pérez Mallqui.

El documento, ingresado por Mesa de Partes del Congreso, solicita que el legislador cusqueño sea suspendido del ejercicio de sus funciones por 120 días de legislatura, además del correspondiente descuento de remuneraciones durante ese periodo.

La denuncia será remitida a la Comisión de Ética una vez que esta quede oficialmente instalada y comience sus labores.



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