Pleno de la Junta Nacional de Justicia acordó este lunes rechazar el pedido de Aldo Figueroa para que se deje sin efecto su destitución por faltas disciplinarias muy graves.
La Junta Nacional de Justicia (JNJ) resolvió este lunes confirmar la sanción máxima de destitución y cancelación del título de juez supremo a Aldo Figueroa Navarro por sus comunicaciones con Walter Ríos Montalvo, uno de los brazos que conformaba la red criminal Los Cuellos Blancos del Puerto. El Pleno de la JNJ decidió así por unanimidad rechazar el recurso de reconsideración presentado por Figueroa Navarro en febrero de este año, que buscaba precisamente revertir la sanción en su contra.
Meses atrás, la Junta le impuso la destitución luego de hallarlo responsable de haber cometido una “falta muy grave” al solicitar la designación de la jueza supernumeraria Mónica Hoyos Pinchi en la Corte Superior del Callao en 2018. Luz Tello, Henry Ávila, Imelda Tumialán, María Zavala, Aldo Vásquez y Guillermo Thonrberry optaron por confirmar la sanción contra Figueroa desestimando todos sus argumentos. El ponente, Aldo Vásquez, señaló también durante la audiencia que “se han valorado una serie de documentos y transcripciones entre el investigado y el señor Walter Ríos, como otras en las que interviene su asesor Gianfranco Paredes, la abogada Mónica Hoyos y César Hinostroza Pariachi”.
El exjuez supremo Aldo Figueroa fue sometido a un proceso disciplinario desde febrero del 2020 por haber ejercido influencias ante el expresidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, Walter Ríos, a fin de que contratara a la abogada Mónica Hoyos como jueza supernumeraria en dicha sede judicial.
Poco antes de la votación de los miembros de la Junta, se ratificó también que el investigado “se constituyó concientemente en actor principal de perturbacion del proceso de designacion”, acreditándose que tuvo una conducta impropia a su cargo como juez supremo. Con la decisión, se confirma a su vez, además, que el exjuez supremo cometió “falta muy grave” contra los artículos 48 y 34 sobre la Ley de Carrera Judicial, que delimita estándares éticos, “incentivando un trato favorable y privilegiado fuera de los cauces regulares de un proceso de selección de magistrados de ser modo se interfirió con las funciones atribuidas a otros órganos”.
Por: Alonso Collantes
