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José Ignacio de Romaña: una carrera dedicada al Perú – Diario Nacional Realidad.PE

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José Ignacio de Romaña: una carrera dedicada al Perú – Diario Nacional Realidad.PE


En la siguiente entrevista exploramos la participación de José Ignacio de Romaña en el desarrollo del Puerto de Chancay, una iniciativa que se gestó en un momento crítico para el comercio marítimo peruano. Desde su papel en la logística de los concentrados minerales como Gerente Comercial, José Ignacio De Romaña nos llevó a través de los momentos decisivos y las personas clave que hicieron posible este ambicioso proyecto.

Hablamos sobre los desafíos que enfrentó, las colaboraciones que construyó y las lecciones que aprendió en el camino. Además, exploramos cómo el Puerto de Chancay no solo es un motor de crecimiento económico, sino también una puerta hacia el desarrollo sostenible y la transformación social en el Perú.

La conversación fue enriquecedora y esclarecedora, permitiéndonos descubrir no solo el legado de sus esfuerzos, sino también su visión integradora del Perú y el continente para un futuro próspero y lleno de oportunidades para el país.

¿Señor De Romaña, cómo se ve usted involucrado en el sector minero?

Podría decir que por casualidades de la vida, En enero de 1992, recién graduado de la Universidad del Pacifico con 21 años en la cola del cine Alcázar un buen amigo, hoy gerente general de Buenaventura, en ese momento Jefe de Tesorería, me pide mi CV para una plaza en el departamento Comercial de Buenaventura, entonces yo no dudé en presentarme y acto seguido, el 1ro de marzo de ese año empezó mi relación con el sector minero que dura hasta el dia de hoy.

Y ¿cómo nace la relación con el Puerto de Chancay?

Nace de una necesidad nacional, que me gustaría contar en detalle. A inicios del año 2000, asumí la Gerencia Comercial de Compañía Minera Volcan, teniendo la responsabilidad de la logística de los concentrados minerales para la venta local y exportación.

El puerto de salida natural para exportar los concentrados al mundo era el puerto del Callao.

A la vez, a inicios del nuevo siglo, la República Popular China es elegida como anfitriona de los Juegos Olímpicos 2008, lo cual desencadena una tremenda demanda por metales para solventar las grandes inversiones en infraestructura necesaria para recibir al mundo en dicho año. Fue así como entonces China abría sus puertas al mundo y tenía que ampliar y construir nuevas carreteras, aeropuertos, hoteles, hidroeléctricas, estadios, vías férreas entre otros.

Esta grandes inversiones en infraestructura , generaron una gran demanda por concentrados entre otro tipo de productos, lo que ocasionó que el puerto del Callao colapse, teniendo las naves que esperar cerca de 20 días para poder entrar a puerto, lo cual demandaba un gran sobre costo logístico para todo el sector.

En esos momentos propuse la búsqueda de un puerto alternativo al Callao, un nuevo puerto que alivie la precaria capacidad del puerto más importante del Perú.
El sector minero, más que invertir en un nuevo puerto, estaba buscando consolidar la carga en los almacenes mineros del Puerto, de propiedad de Cormin, AYSSA y FFCC, y desde allí sacar una faja directamente a un nuevo embarcadero exclusivo para minerales.

Mi posición era distinta, avizoraba que la producción minera seguirá en crecimiento, y se necesitaba un puerto exclusivo para minerales y dejar al Callao especializarse en contenedores.

Es en esta búsqueda es que me encuentro con un buen amigo, Andres Orejas, que estaba enterado de mi iniciativa de un nuevo puerto minero, y me cuenta que su Suegro, el almirante Juan Ribaudo, junto con el Almirante José Luis Noriega tenían un proyecto de puerto multipropósito en Chancay.

Le solicité a Andres que me contacte con su suegro y así lo hizo. Fue entonces que nos reunimos a tomar desayuno en la Tiendecita Blanca de Miraflores.

Ya ahí estábamos los 4, el Almirante Ribaudo, el Almirante Noriega, el Sr Andres Orejas y mi persona.

Nos reunimos para poder intercambiar ideas sobre su proyecto y conocer mis iniciativas para el futuro logístico minero.

Ese fue el primer contacto, año 2008, en que cruzamos ideas, por un lado el Almirante Ribaudo un emprendedor nato, y por mi lado, la necesidad de buscar una alternativa a la creciente demanda China y constante crecimiento del PBI peruano.

¿Ud señala que la intención era un puerto minero?

SÍ, esa era la intención que tenía en mente, pero una cosa es lo que uno tiene en mente y otra la realidad.

Luego de unir esfuerzos con el Almirante. Ribaudo, nos dimos cuenta que la vocación de Chancay era un puerto multipropósito y es así que abandonamos la idea de los minerales.

Y ¿cómo tomaron la iniciativa en Volcán?

La propuesta la llevé al Dr Roberto Letts, principal accionista de VOLCAN y presidente del Directorio de la empresa, bajo el título “VOLCAN al 2015”, donde no solo se planteaba el proyecto del Puerto de Chancay , sino también la inversión en hidroeléctricas, una refinería y la conclusión de la planta de Óxidos de cerro de Pasco así como la planta concentradora de Alpamarca.

En ese momento, prudentemente el Dr Letts señaló que el proyecto era muy interesante, que tal vez no iba a verlo terminado, y que prefería concentrarse en estos momentos solo en los temas mineros e hidroeléctricas.

Sin embargo, nunca lo descartó, ya que él tenía un enorme cariño por su país, y estaba dispuesto a buscar todo tipo de inversiones que ayuden al desarrollo del mismo, pero bien señaló que no era el momento.

Entonces, ¿no hubo una respuesta positiva el año 2008, cuando realmente VOLCAN hace suyo el proyecto?

No se habló más del proyecto hasta la segunda mitad del 2010. En una conversación nuevamente con Andres Orejas, me comentó que el proyecto no había conseguido un socio, que estaban en conversaciones adelantadas con un grupo Chileno, pero siendo un puerto peruano, el socio natural debería ser de casa. Retomamos las conversaciones y logramos llegar a un entendimiento.

Entonces ¿podríamos afirmar que el proyecto nace el año 2010?

Diría qué para VOLCAN hay dos etapas iniciales, la primera conversación donde me junté con Juan Ribaudo e intercambiamos ideas sobre la necesidad de un nuevo puerto para el país se da en la Tiendecita Blanca de Miraflores en el año 2008.

La segunda etapa es en el 2010 donde ya el directorio de la empresa aprueba la inversión en el puerto.

Lo cierto es que la primera conversación se da entre desayunos continentales y 15 años después está por convertirse en el más importante puerto de la región americana, y puerta de entrada de Asia a América.

¿Cómo deciden invitar a socios Chinos?

Formamos la empresa Chancay Ports, 50% Juan Ribaudo, 50% VOLCAN Compañía Minera S.A.A.

El ánimo estaba a tope, el poder contribuir con el país en acortar la brecha de infraestructura y descentralizar el país transformando la logística y vida de cientos de peruanos era un gran aliciente. El almirante José Luis Noriega tenía la máquina a full, presionándonos a través del directorio a aportar y aprobar sus licitaciones con miras a tener un puerto funcionando en 3 años. Juan Ribaudo decía, yo no quiero ser el más rico del cementerio, debemos correr con este puerto.

En esa vorágine de decisiones lanzamos una licitación internacional para la construcción e implementación del proyecto portuario. Uno de los postores fue la empresa CHEC, cuyo representante fue el Sr Tang, hoy diplomático importante de la República Popular China. El Sr Tang, hizo muy buenas migas con el Ing Luis Felipe Sanchez, destacado ingeniero de nacionalidad Cubana que había terminado con éxito la construcción de la planta Alpamarca, y decidimos por su experiencia ponerlo a liderar el área de proyectos del puerto.

Luis Felipe Sanchez me solicita una reunión privada y me dice que el Sr Tang quiere que viajemos a China, quiere invitarnos para que conozcamos las grandes empresas Chinas con la posibilidad de mirar a una futura asociación. Luis Felipe Sanchez prepara un borrador de carta que revisamos juntos y se lo mandamos a Tang, para que el lo haga suyo e invite al directorio de VOLCAN y Chancay Ports a visitar Shangai y Beijing.

EL viaje se organiza en menos de una semana y viajamos toda una delegación para conocer al Sr Tang, quien nos presentó a quien sería nuestro futuro socio, el Sr Chan Dayu, quien quedó con el encargo de su grupo de en el futuro negociar con nosotros lo que hoy es el puerto de Chancay y donde VOLCAN tiene el 40% de la sociedad.

¿Cuándo nace el acuerdo con COSCO?

Después de visitar Shangai, Beijing, Grecia, Abu Dabi, Valencia, Róterdam y Madrid, arduas negociaciones, lideradas por nuestro presidente del directorio el Sr Jose Picasso, un equipo notable de abogados internos bajo la responsabilidad del Dr Alfonso Rebaza y Peter Hournung del banco Lazard, en el año 2019 en reunión de Davos Suiza, firmamos el acuerdo con COSCO e iniciamos en plena pandemia la construcción de lo que será el mayor puerto de la costa Pacifico y esperamos entre en operación el último trimestre del 2024.

¿Qué aprendizaje o mensaje le dejan estos años en su relación con el puerto?

El primer mensaje clave es “sigue tus sueños”, no importa cuantas piedras te pongan en el camino, no importa cuantas veces te caigas, si el fin que buscas es un fin que busca el beneficio de toda la sociedad, se debe dejar la piel en la cancha.

También es importante rodearte de talento, podría quedarme horas y hablar de cada una de las personas que han hecho posible este proyecto, las lecciones de compromiso y emprendimiento del Almirante Juan Ribaudo; el liderazgo estructura disciplina del Almirante Jose Noriega; la tenacidad y horas inagotables de trabajo del Sr Jose Picasso; el carisma, valentía, tenacidad, liderazgo humildad y fortaleza del Almirante Carlos Tejada; la estructura del Almirante Ríos; el talento compromiso profesionalismo de Mario de Las Casas, Valeria Ferrero, Rómulo Zaraus; la creatividad, buenas relaciones, profesionalismo y conocimiento del Doctor Alfonso Rebaza; y claramente lo que nos une a todos una férrea fe en Dios, porque compartimos valores cristianos y apuntamos todos al mismo objetivo.

No hay mayor orgullo que nos pueda embargar hoy en dia, que ver la transformación de la vida de miles de Chancayanos que gracias al trabajo conjunto entre la empresa privada, el estado y la sociedad civil, estamos por culminar lo que será la puerta de entrada directa del comercio Asiático a Latino America. Claramente tenemos un excelente socio, Cosco ha demostrado conocer muy bien el negocio, un personal de primer nivel bajo el liderazgo de Captain Chen hacen posible el éxito del proyecto. Esto es solo la punta del iceberg.

Cuando dice solo la punta del Iceberg, ¿qué más nos espera?

Podría decirle que el cielo es el límite. Empiezo por el entusiasmo que este puerto ha generado en los estados de Acre, Rondonia, Amazonas y Mató Grosso, el Puerto de Chancay les abre las puertas para ahorrarse casi 20 días de trayecto al Asia, y por el lado peruano incrementar las exportaciones desde el Perú al mundo en 29 billones de dólares, 50% de lo que hoy exporta el país.

La urgencia de reevaluar el trasvase de las aguas del Río Marañón a las costas del Pacífico. Esas aguas que se pierden en el Atlántico podrían irrigar 3 millones de hectáreas en las costas áridas del Perú, poniendo al país como la despensa del Asia y en el camino generar 10 mil megavatios.

El desarrollo de un tren bi oceanico, desde Brasil a las costas peruanas, permitiendo a todos los pueblos amazónicos y andinos llegar a la costa en pocas horas. El potencial que encierra la selva peruana es ilimitado, el desarrollo de una industria forestal sostenible, miles de productos agrícolas de nuestra amazonia podrían estar en las mesas de Asia en 25 días, el desarrollo turístico que florecerá gracias a la interconección entre los pueblos. Un país sin vías de comunicación es un cadáver, eso siempre me decía mi Padre, el Dr. Carlos de Romaña, y estos proyectos le darían vida a nuestro querido país. Por eso le digo que el cielo es el límite.

Le agradezco su tiempo y saber si quisiera agregar algo.

Hay mucho por hacer, la base de todo país son las personas, los peruanos somos un pueblo luchador, creativo, artista, tenemos la riqueza cultural no solo heredada de los Incas , sino también del mestizaje de varias culturas. Eso nos hace únicos. Si bien tenemos todos estos proyectos de infraestructura que están latentes y traerán desarrollo a nuestro país, debemos ocuparnos de la educación y buena alimentación de las generaciones futuras.

El activo más valioso en cualquier emprendimiento es la gente, y esa inversión es de largo plazo, debe ser un objetivo común que trascienda los gobiernos de turno, y esta debe ser una educación sólida en valores, que desde mi formación y convencimiento, los valores cristianos te dan una base muy sólida para ser una persona de bien en la sociedad. Y en ese rumbo deberíamos trabajar todos unidos, un solo norte solidario entre peruanos.

Por último, si me permite, sueño con una Latinoamérica unida sin fronteras, con vías férreas que unen el continente, pasar de 70 MM de turistas al año a un continente de 200 MM de turistas, con suficiente infraestructura que así lo permita. Un libre mercado que se regule con la capacidad de trabajo y empeño de cada uno. Sudamérica tiene ese potencial, debemos caminar todos juntos a ese objetivo. Europa lo hizo después de la guerra, que nos impide a los Americanos superar al viejo continente!

Una última pregunta señor De Romaña ¿Ud ha comprado Alianza Lima?

La respuesta es simple, NO compre Alianza Lima.

Entrevista realizada por Helthon Fuentes, consultor SEO

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El precio oculto del oro: economías armadas, violencia y poder en los territorios extractivos del Perú

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El precio oculto del oro: economías armadas, violencia y poder en los territorios extractivos del Perú

Roberto C. Parra[1]
Consultor forense internacional
Vocero de CONADEMI

De Pataz a las regiones auríferas de África, la expansión de economías criminales revela una transformación preocupante: la violencia puede convertirse en un instrumento para controlar recursos, territorios y trabajadores. En medio de estas disputas, las comunidades mineras tradicionales enfrentan riesgos crecientes y una protección institucional que necesita fortalecerse.

La riqueza mineral y las nuevas formas de violencia

La minería ha formado parte de la historia económica y social del Perú durante siglos. Particularmente, la minería artesanal constituye una actividad tradicional que proporciona trabajo, sustento e identidad productiva a numerosas comunidades. La legislación peruana reconoce su importancia como fuente de empleo y desarrollo en territorios económicamente vulnerables.[1]

Su reconocimiento no implica desconocer los desafíos ambientales, laborales y de formalización, sino distinguir una práctica económica legítima de las organizaciones criminales que utilizan la extracción mineral para obtener beneficios mediante la violencia.

El problema contemporáneo no radica simplemente en la existencia de actividades mineras informales, sino en la aparición de estructuras económicas con capacidad para financiar grupos armados, imponer mecanismos de coerción y disputar el control de yacimientos, galerías y rutas comerciales.

En estas circunstancias, el poder económico puede traducirse en poder territorial, mientras la violencia deja de ser un acontecimiento excepcional para convertirse en un instrumento de regulación criminal del mercado.

Pataz: una crisis que trasciende La Libertad

Pataz representa una de las expresiones más preocupantes de esta transformación. Entre septiembre de 2025 y agosto de 2026, el distrito registró una tasa de 315 homicidios por cada 100.000 habitantes, frente a un promedio nacional de 6,6, según el Instituto Peruano de Economía.[2] Aunque estas cifras no permiten atribuir automáticamente todos los homicidios a conflictos mineros, constituyen un indicador extraordinario de violencia letal.

El asesinato de 13 trabajadores vinculados a actividades mineras en 2025 evidenció la vulnerabilidad de quienes desarrollan sus labores en espacios donde existen disputas violentas por el control de recursos.[3]

Las consecuencias tampoco se limitan a Pataz. Las redes de transporte, comercialización, financiamiento y circulación de personas pueden extender los efectos de la criminalidad hacia otras provincias de La Libertad. La prensa ha documentado hechos violentos en Trujillo que involucraron a personas relacionadas con la actividad minera de Pataz.[4]

La magnitud del fenómeno obliga a evaluar si la región dispone de capacidades suficientes para prevenir ataques, investigar homicidios, proteger trabajadores y responder a las necesidades de las familias.

Pataz es, además, un ejemplo de una problemática nacional. Ananea, en Puno, e Inambari y Laberinto, en Madre de Dios, presentan también elevadas tasas de homicidios.[2] La coincidencia con territorios extractivos no demuestra causalidad, pero justifica investigar la relación entre economías criminales, disputas territoriales y mortalidad violenta.

El poder económico y la seguridad armada

Una dimensión especialmente sensible es la capacidad de determinados actores económicos para financiar mecanismos armados de protección o control.

En la minería ilegal, organizaciones criminales pueden emplear grupos armados para asegurar instalaciones clandestinas, controlar accesos, intimidar competidores o imponer pagos extorsivos. La violencia puede constituir así una inversión destinada a proteger beneficios económicos.[3]

En paralelo, las empresas mineras formalmente constituidas pueden contratar servicios privados de seguridad. Esta actividad es legítima cuando se desarrolla dentro del marco jurídico. Sin embargo, en territorios donde concurren distintos actores armados, la proliferación de dispositivos de seguridad plantea riesgos que exigen supervisión efectiva.

Es indispensable diferenciar los servicios legalmente autorizados de los grupos armados irregulares. La contratación de seguridad privada no constituye evidencia de criminalidad empresarial. Cualquier denuncia sustentada sobre vínculos entre operadores económicos y estructuras armadas ilegales debe investigarse independientemente.

En medio de estas relaciones desiguales, los trabajadores artesanales pueden quedar expuestos a amenazas, extorsiones y desplazamientos. Muchos carecen de recursos equivalentes para proteger sus actividades y terminan atrapados en conflictos que no controlan.

Zimbabue: la normalización de las muertes evitables

La experiencia de Zimbabue ofrece una perspectiva especialmente relevante. Melusi Nkomo, antropólogo e investigador afiliado al Departamento de Geografía de la Universidad de Zúrich, Suiza, y anteriormente investigador y docente del Programa de Estudios Africanos de la Universidad de Princeton, ha desarrollado investigaciones etnográficas sobre las relaciones entre minería, violencia, trabajo y poder político en África austral.

En su reciente estudio publicado en American Anthropologist (2026), Nkomo documenta cómo los derrumbes, explosiones, enfrentamientos entre grupos y deficiencias de infraestructura sanitaria constituyen riesgos recurrentes para las comunidades vinculadas a la minería artesanal en Kwekwe.[5] Su concepto de abandono calibrado (calibrated neglect) describe una modalidad de ejercicio del poder en la que la protección estatal se posterga frente a riesgos conocidos, mientras las autoridades intervienen selectivamente durante episodios de lesiones, muerte o duelo.

Su investigación plantea una pregunta fundamental para el Perú: ¿están nuestras instituciones organizadas para prevenir riesgos conocidos o principalmente para reaccionar cuando las tragedias ya han ocurrido?

No se trata de equiparar automáticamente las realidades de ambos países, sino de reconocer que la insuficiencia sostenida de protección, prevención e investigación puede contribuir a normalizar daños evitables y perpetuar condiciones de vulnerabilidad.

República Democrática del Congo: la economía de la violencia

Una segunda comparación proviene de la República Democrática del Congo, donde los conflictos armados han mantenido una compleja relación con el control territorial, la explotación de recursos naturales y los intereses económicos de diversos actores.

En The War That Doesn’t Say Its Name, Jason K. Stearns, investigador especializado en los conflictos de África central, analiza la persistencia de la violencia en el este congoleño y explica cómo determinados actores políticos y militares han desarrollado intereses materiales vinculados a su continuidad.[6] Su interpretación permite comprender que, bajo ciertas condiciones, el conflicto no solamente destruye riqueza: también puede generar beneficios para quienes controlan territorios, recursos y redes comerciales.

Durante más de ocho años de experiencia profesional en África, particularmente en la región de los Grandes Lagos de la República Democrática del Congo, he tenido la oportunidad de conocer de cerca las profundas consecuencias humanas de la violencia. Mi participación en investigaciones forenses relacionadas con presuntos crímenes internacionales, incluidos hechos de violencia sexual, tortura, masacres, asesinatos selectivos y enterramientos clandestinos, me ha permitido comprender la complejidad de estos escenarios, en los que convergen factores históricos, políticos, territoriales, económicos e institucionales. Estas experiencias constituyen observaciones profesionales desde la optica forense que invitan a un análisis integral y prudente, evitando atribuciones generalizadas sobre las motivaciones de los actores involucrados.

Si bien la realidad congoleña responde a circunstancias históricas y políticas distintas de las peruanas, ambas experiencias permiten reflexionar sobre una hipótesis relevante: en determinados contextos, los beneficios económicos asociados al control territorial y de recursos pueden generar incentivos que dificultan la reducción de la violencia y la consolidación de soluciones institucionales sostenibles.

Desde esta perspectiva, resulta fundamental que las investigaciones no se limiten a los hechos violentos y sus responsables directos, sino que también examinen, mediante evidencia verificable, las posibles redes de financiamiento, relaciones económicas y estructuras de poder que contribuyen a su persistencia. Comprender estas dinámicas constituye un paso esencial para fortalecer la prevención, la investigación científica y la administración de justicia.

El terrorismo de lucro, la crisis de la evidencia forense y la gobernanza institucional

En este contexto, la expresión terrorismo de lucro adquiere relevancia en el debate público peruano como concepto analítico para examinar determinadas manifestaciones de criminalidad organizada que recurren sistemáticamente a la violencia y la intimidación colectiva para obtener beneficios económicos, controlar mercados y ejercer dominio territorial.[7] Su utilización exige distinguir estas estructuras criminales de la minería artesanal y otras actividades extractivas, evitando generalizaciones que puedan comprometer derechos fundamentales o estigmatizar actividades productivas tradicionales.

La expansión de la criminalidad organizada plantea importantes desafíos para la justicia peruana, particularmente frente a las limitaciones que afectan la producción oportuna de evidencia forense confiable. El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IML-CF) del Ministerio Público enfrenta brechas estructurales en infraestructura, tecnología, financiamiento, personal especializado y gestión de calidad. Como hemos señalado recientemente junto con otros colegas en un análisis comparativo de los sistemas forenses latinoamericanos (Parra et al., 2026), el sistema forense peruano enfrenta desafíos estructurales relacionados con la fragmentación institucional, la limitada articulación operativa y la ausencia de una estrategia nacional sostenible de gestión de la calidad forense, condiciones que evidencian la necesidad de fortalecer su gobernanza y desarrollo científico.[11]

La dimensión presupuestaria agrava estos desafíos. En 2026, el IML-CF contó con un presupuesto inicial aproximado de S/ 258,2 millones, mientras que en 2025 identificó necesidades adicionales por S/ 134,4 millones.[10] Como ejemplo, resulta preocupante que La Libertad, una región de considerable importancia económica y actividad extractiva, continúe enfrentando deficiencias en su principal sede forense de Trujillo, cuya infraestructura, equipamiento tecnológico y morgue requieren modernización. Esta situación evidencia la necesidad de articular el desarrollo económico regional con una inversión sostenida en capacidades científicas que permitan investigar eficazmente la violencia criminal y garantizar una justicia sustentada en evidencia confiable.

Superar esta situación exige una gobernanza forense moderna, financiamiento sostenible, innovación tecnológica, fortalecimiento del capital humano y sistemas de aseguramiento de la calidad, conforme a los principios de la Declaración de Sídney.[8] La cooperación internacional y la participación responsable del sector privado, mediante transferencia científica y mecanismos como Obras por Impuestos, pueden complementar los esfuerzos estatales, preservando la independencia pericial y la supervisión pública.[9]

Combatir la impunidad requiere fortalecer las capacidades científicas del IML-CF como institución estratégica para el Ministerio Público y la administración de justicia.

La fortaleza del Estado no reside únicamente en sancionar la criminalidad, sino también en su capacidad científica para esclarecer los hechos, combatir la impunidad y proteger los derechos de la sociedad en su conjunto.

Cuando el oro vale más que la vida

Las experiencias de Perú, Zimbabue y la República Democrática del Congo revelan, desde contextos diferentes, una preocupación común: la vulnerabilidad de las poblaciones cuando la riqueza extractiva convive con economías criminales, violencia organizada y capacidades institucionales insuficientes.

Pataz constituye una advertencia nacional sobre la necesidad de proteger las actividades productivas tradicionales, investigar las estructuras económicas que sostienen la violencia y superar las brechas del sistema forense peruano.

La respuesta exige una gobernanza institucional sólida, financiamiento sostenible, modernización tecnológica, cooperación internacional y participación responsable del sector privado, preservando siempre la independencia científica.

Fortalecer el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses resulta esencial para transformar los hallazgos científicos en evidencia confiable al servicio del Ministerio Público y la administración de justicia.

La verdadera fortaleza del Estado no reside únicamente en sancionar la criminalidad, sino en prevenir la violencia, esclarecer científicamente los hechos y garantizar que la vida, la justicia y los derechos de la sociedad prevalezcan sobre cualquier interés económico.

Notas y referencias

[1] Congreso de la República del Perú. (2002). Ley N.º 27651, Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y la Minería Artesanal. Texto legal.

[2] Instituto Peruano de Economía. (2026). Cuatro de los diez distritos con más homicidios registran minería informal. IPE. Véase también Ardiles, A. (2026, 29 de septiembre). El mapa de los homicidios: Pataz alcanza una tasa de 315 asesinatos por cada 100 mil habitantes. El Comercio.

[3] Reuters. (2025, 7 de mayo). Grisly Peru mining murders spotlight ‘gold curse’ in the Andes. Reuters. Ministerio del Interior del Perú. (2025, 15 de mayo). Coordinación entre Policía Nacional de Perú y Colombia permitió captura de alias «Cuchillo». Gob.pe.

[4] Ardiles, A. (2026, 29 de septiembre). El mapa de los homicidios. El Comercio. Véase la referencia [2].

[5] Nkomo, M. (2026). Burying futures: Artisanal mining deaths and the politics of negligence in Zimbabwe. American Anthropologist. https://doi.org/10.1111/aman.70120

[6] Stearns, J. K. (2022). The war that doesn’t say its name: The unending conflict in the Congo. Princeton University Press. Editorial.

[7] Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. (2026, 15 de septiembre). Ministro Álvarez: «El trabajo del INPE se comienza a solucionar con inteligencia llevada a cabo por expertos». Plataforma Digital Única del Estado Peruano. https://www.gob.pe/institucion/minjus/noticias/1444811-ministro-alvarez-el-trabajo-del-inpe-se-comienza-a-solucionar-con-inteligencia-llevada-a-cabo-por-expertos

[8] Roux, C., et al. (2022). The Sydney declaration – Revisiting the essence of forensic science through its fundamental principles. Forensic Science International, 332, 111182. https://doi.org/10.1016/j.forsciint.2022.111182

[9] Congreso de la República del Perú. (2008). Ley N.º 29230, Ley que impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector privado, y sus modificatorias. Marco normativo de Obras por Impuestos.

[10] Ministerio Público – Fiscalía de la Nación. (2025). Información presupuestaria y requerimientos para el fortalecimiento del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Documentación presentada ante el Congreso de la República del Perú.

Documento institucional: https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2024/cean-reforma-integral-sistema-admin/files/ofi_005407_mp_anexo_ru2035765-oficio-5407-2025-mp-fn-segfin-20250908.pdf

Ministerio de Economía y Finanzas. (2026). Consulta Amigable: información presupuestaria del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. https://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx

[11] Parra, R. C., Iannacone, G. C., Alvarez-Godoy, A. G., Castellanos, D., Garcia-Marroquin, R., & Vasquez-Guerrero, J. L. (2026). Latin America in forensic action: Quality standards alone do not provide an infallible quality assurance. En R. C. Parra & A. G. Alvarez-Godoy (Eds.), Forensic Science and Quality Management: Addressing the Era of Standardization in Challenging Environments (cap. 10, pp. 225–250). Wiley.

[1] Experto forense peruano con más de 25 años de experiencia internacional en África, Medio Oriente y Latinoamérica. Vinculado a las Naciones Unidas y exfuncionario del Comité Internacional de la Cruz Roja y del Ministerio Público peruano. Coeditor de Forensic Science and Quality Management: Addressing the Era of Standardization in Challenging Environments(2026), obra de referencia internacional publicada por Wiley bajo los auspicios de la American Academy of Forensic Sciences (AAFS). Especialista en gobernanza y fortalecimiento de sistemas forenses. Su proyecto doctoral en la University of Technology Sydney (UTS) busca fortalecer los sistemas forenses del Sur Global, especialmente en países afectados por la violencia y las limitaciones institucionales, mediante modelos de gobernanza, desarrollo de capacidades y movilización de recursos internacionales complementarios al financiamiento estatal. Más información: www.rcpforensics.com.

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Minsa ordena devolver más de S/ 404 mil a Alkofarma pese a cuestionamientos por contrato millonario

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Minsa ordena devolver más de S/ 404 mil a Alkofarma pese a cuestionamientos por contrato millonario

Una resolución de Cenares, organismo del Ministerio de Salud, dispone gestionar la devolución de una penalidad a la farmacéutica, cuestionada por el suministro de suero fisiológico de procedencia china.

La empresa Alkofarma E.I.R.L. vuelve al centro de la polémica luego de que el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares), órgano del Ministerio de Salud (Minsa), reconociera la devolución de S/ 404,528.69 por una penalidad aplicada a la compañía.

La decisión consta en la Resolución Directoral N.° 202-2026-CENARES-MINSA, firmada el 23 de septiembre por Patricia Suárez Beyodas, directora general de Cenares, y sustentada en un acuerdo de conciliación.

El caso se produce en medio de cuestionamientos por una contratación superior a S/ 31 millones para el suministro de suero fisiológico importado de China, producto sobre el cual se reportaron observaciones técnicas, según investigaciones periodísticas.

Asimismo, el diario Del País denunció que la empresa habría sido favorecida con reconocimientos de deuda superiores a S/ 5 millones, además de la devolución de la penalidad.

Si bien la resolución acredita que Cenares reconoció el derecho a recuperar dicho monto, no confirma que el dinero ya haya sido desembolsado ni demuestra por sí sola una irregularidad.

El Ministerio de Salud debe esclarecer los fundamentos de estas decisiones, las observaciones realizadas al producto y las condiciones bajo las cuales se autorizó la devolución de la penalidad, en un caso que involucra millones de soles destinados a la salud pública.

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