La reciente promulgación de una ley que declara de interés nacional la construcción de una carretera en una zona con presencia de cultivos de coca y operaciones ligadas al narcotráfico ha puesto al presidente José Jerí en el ojo público. El proyecto, presentado por siete congresistas del fujimorismo y aprobado sin mayor controversia en el Congreso, viene generando preocupación debido a los riesgos que implica habilitar una nueva vía en un corredor amazónico donde predominan actividades ilícitas y una débil presencia del Estado.

Según reveló Epicentro TV, Jerí firmó la norma sin emitir observaciones, pese a las advertencias de organizaciones especializadas en conservación, seguridad y desarrollo sostenible. Para estas entidades, abrir una carretera en un territorio históricamente dominado por redes criminales incrementa la vulnerabilidad de las comunidades y facilita el tránsito hacia áreas donde operan economías ilegales vinculadas al narcotráfico.

Alerta por expansión de actividades ilícitas

Especialistas citados por diversos medios coinciden en que el principal riesgo radica en la falta de presencia estatal y en los antecedentes de vías similares en otras regiones de la Amazonía. Sin un control efectivo, nuevas carreteras suelen convertirse en rutas de acceso rápido para grupos delictivos, quienes aprovechan la conectividad para ampliar sus operaciones, especialmente en zonas cocaleras.

En este caso, la preocupación se intensifica porque el proyecto se ubica en un área donde ya existen antecedentes de cultivos ilegales, narcopistas y actividades de intermediación asociadas a redes criminales. Las organizaciones de seguridad alertan que, sin un plan sólido de vigilancia, esta infraestructura podría terminar favoreciendo el transporte de insumos químicos, la salida de droga y el desplazamiento de actores vinculados al narcotráfico.

Un proceso legislativo cuestionado

El trámite de la ley en el Congreso ha sido otro foco de críticas. La bancada fujimorista impulsó la iniciativa bajo el argumento de mejorar la conectividad regional y promover el desarrollo de comunidades aisladas. Sin embargo, legisladores de otras bancadas y expertos consultados cuestionan la ausencia de estudios técnicos completos, especialmente de impacto ambiental y social.

El dictamen se aprobó en comisión y luego en el Pleno sin un debate profundo, lo que aumenta las sospechas sobre la celeridad del proceso. Además, no se realizaron consultas suficientes a las comunidades indígenas afectadas ni se establecieron estándares ambientales claros para la construcción de la carretera.

La falta de transparencia en el proceso legislativo y las omisiones en la evaluación técnica alimentan la percepción de que estarían involucrados intereses políticos y económicos no explicitados. Algunas organizaciones señalan que el proyecto podría favorecer redes informales y a sectores que históricamente han buscado expandir cultivos ilegales bajo el pretexto de la integración vial.

Impacto ambiental y social: un riesgo evidente

Las organizaciones ambientales advierten que la apertura de carreteras en la Amazonía está estrechamente vinculada a procesos de deforestación acelerada, invasión de territorios indígenas, expansión de la minería ilegal y ampliación de zonas cocaleras. En los últimos años, la evidencia ha demostrado que nuevas vías en zonas frágiles generan daños irreversibles en ecosistemas de alto valor ecológico.

En este contexto, la firma de José Jerí se interpreta como una decisión política que contradice los compromisos ambientales del país y responde a presiones legislativas. La ausencia de un estudio de impacto ambiental previo es uno de los puntos más cuestionados por la sociedad civil, que considera que la construcción no debería iniciarse sin una evaluación rigurosa.

Analistas consultados por el medio La República, sostienen que la aprobación de esta ley no solo tiene implicancias ambientales y de seguridad, sino también políticas. La iniciativa fortalece la agenda del Fujimorismo en regiones donde mantiene influencia, especialmente en zonas con alertas por actividades ilícitas. Según esta lectura, la promulgación por parte del Ejecutivo sería una señal de alineamiento con dicha bancada en temas sensibles.