María Belén Ramírez, la número 30 por Lima Metropolitana de Primero la Gente, también propone la reforma del sistema de acceso a la Policía Nacional

Dentro de un escenario político muchas veces marcado por figuras tradicionales, aparece una nueva candidata que busca abrirse paso desde una historia distinta.
Se trata de María Belén Ramírez, candidata a la Cámara de Diputados por Lima Metropolitana con el número 30. Abogada de 29 años, afroperuana, especializada en derecho civil y con una maestría en derecho procesal, su trayectoria combina experiencia en el Estado —habiendo trabajado en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la Autoridad de Transporte Urbano y el Ministerio del Interior— con ejercicio en el sector privado.
Pero su perfil no se limita a lo técnico. Ramírez también ha dedicado parte de su tiempo al asesoramiento de albergues que acogen a niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad, realizando labores de voluntariado legal. Este contacto directo con realidades complejas ha marcado, según quienes la conocen, su forma de entender el derecho: no como una herramienta abstracta, sino como un instrumento para corregir desigualdades concretas.
Su historia personal también atraviesa su propuesta política. Hija de una trabajadora del hogar, ha señalado en diversas oportunidades que creció observando de cerca las brechas sociales que aún persisten en el país. Esa experiencia —lejos de ser un dato biográfico más— se ha convertido en uno de los motores de su participación en política.
En un contexto donde la desconfianza hacia las instituciones es alta, su candidatura apuesta por una narrativa distinta: la de una generación que no proviene necesariamente de estructuras tradicionales, pero que busca incidir en ellas.
PROPUESTAS. Entre sus principales propuestas destacan la reforma del sistema de acceso a la Policía Nacional, con el objetivo de garantizar procesos transparentes y meritocráticos, así como la inhabilitación perpetua para todo efectivo policial sancionado por corrupción o vinculado a crimen organizado.
A ello se suma una propuesta nacida desde su experiencia en el sistema de transporte: la creación de un sistema único de multas digitales, que permita unificar sanciones y hacerlas más justas y proporcionales a la capacidad económica del ciudadano, especialmente de quienes viven del transporte, como los taxistas.
Asimismo, plantea el fortalecimiento de los derechos de las trabajadoras del hogar, incluyendo mecanismos para que las sanciones laborales tengan un impacto reparador en favor de las víctimas, y el impulso de políticas de seguridad alimentaria como eje central del desarrollo social.
Más allá del contenido programático, su discurso gira en torno a una idea clara: cuestionar aquello que se ha normalizado en la política peruana.
En tiempos donde el electorado exige mayor cercanía y autenticidad, candidaturas como la de María Belén Ramírez ponen sobre la mesa una pregunta de fondo: ¿puede una nueva generación transformar la forma de hacer política en el país?
La respuesta, como siempre, no estará solo en el discurso, sino en la capacidad de convertir esas ideas en representación real.

Candidata a diputada con el número 20 por Primero la Gente también impulsará institucionalizar apoyo a ollas comunes

La candidata a diputada por Lima, Kelly Jaramillo, quien postula con el número 20 por el partido Primero la Gente -agrupación que lleva a la presidencia a Marisol Pérez Tello-, presentó un conjunto de propuestas centradas en el impulso al emprendimiento, el fortalecimiento de programas sociales y mayores oportunidades para los jóvenes. En declaraciones recientes, la aspirante destacó la necesidad de construir un Estado más cercano a los ciudadanos, especialmente a aquellos que generan ingresos desde la informalidad.

En materia de emprendimiento, Jaramillo planteó promover una formalización progresiva que no castigue a los pequeños negocios en sus primeras etapas, eliminando multas iniciales y brindando facilidades reales. Asimismo, propuso priorizar a las micro y pequeñas empresas en las compras públicas, simplificar los trámites burocráticos que -según indicó- “asfixian al que trabaja” y endurecer las sanciones contra la extorsión, un problema que afecta directamente a comerciantes y emprendedores en diversas zonas del país.

Respecto a los programas sociales, la candidata señaló que impulsará una ley para institucionalizar el apoyo a las ollas comunes, iniciativas que han cobrado protagonismo en los últimos años como respuesta a la crisis económica. Su propuesta incluye garantizar mecanismos de transparencia y supervisión, priorizar la compra de insumos a productores locales y reconocer el rol de las lideresas que sostienen estas organizaciones comunitarias.

Finalmente, en el ámbito juvenil, Jaramillo planteó una serie de reformas legislativas orientadas a mejorar el acceso al empleo y la formación. Entre ellas destacan incentivos para el primer empleo formal, facilidades de financiamiento para la educación y capacitación, la inclusión obligatoria de educación financiera en la currícula y la creación de espacios efectivos de participación juvenil. Con estas medidas, la candidata busca posicionar a los jóvenes como actores clave en el desarrollo económico y social del país.

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Leyenda:

Un rostro nuevo para la política que pretende refrescar el Congreso bicameral con una agenda social.