Política
Keiko Fujimori: ONPE al 100 % de actas contabilizadas, la hija de expresidente Alberto Fujimori es la virtual presidente
Después de 15 años de intentarlo, Keiko Fujimori se convierte en la primera presidenta electa del Perú. Los primeros resultados de la segunda vuelta del 7 de junio la ponen por encima de Roberto Sánchez y cierran el ciclo más largo y accidentado de la política peruana reciente: cuatro candidaturas, tres derrotas, más de 500 días en prisión preventiva y un antivoto que por fin no alcanzó para detenerla
La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) concluyó el procesamiento del 100% de las actas contabilizadas, confirmando que Keiko Fujimori obtuvo la mayoría de votos en la segunda vuelta presidencial.
De acuerdo con los resultados oficiales difundidos por el organismo electoral, la candidata alcanzó el 50,135% de los votos válidos, equivalente a 9.223.396 votos. Por su parte, Roberto Sánchez obtuvo el 49,865%, con 9.173.755 votos. La diferencia entre ambos candidatos es de 49.641 votos, tras contabilizarse 96.796 actas.
Keiko Sofía Fujimori Higuchi, de 50 años, es la nueva presidenta del Perú para el periodo 2026-2031. Los resultados de la segunda vuelta presidencial la ubican por encima de Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, en lo que representa el desenlace de la carrera política más persistente y más accidentada de la historia reciente del país. Cuatro candidaturas, tres derrotas, más de 500 días en prisión preventiva y un antivoto que durante años pareció insuperable.
La historia política de Fujimori comenzó antes de que cumpliera 20 años. En 1994, con 19 años, asumió el rol de primera dama de la Nación tras la separación de sus padres, Alberto Fujimori y Susana Higuchi. Fue esa exposición temprana al poder la que moldeó su vocación política y la que también le heredó el peso más difícil de cargar: el apellido de un expresidente condenado a 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad y corrupción.
Su primera candidatura presidencial llegó en 2011, con solo 36 años —uno más del mínimo requerido—, bajo la bandera de Fuerza 2011. Pasó a la segunda vuelta con el 23,5% de los votos, pero el escritor Mario Vargas Llosa apoyó en el último tramo a su rival, el nacionalista Ollanta Humala, quien la derrotó con el 51,49% frente al 48,51% de ella. La diferencia fue de poco más de 447.000 votos.
En 2016 llegó como favorita. Obtuvo el 39,9% en la primera vuelta, una ventaja que parecía incontestable. Pero el antifujimorismo se movilizó con una intensidad que nadie había previsto y el banquero conservador Pedro Pablo Kuczynski la derrotó por apenas 41.000 votos. Fue la derrota que más le dolió. La que, según quienes la conocen, nunca terminó de digerir.
En 2021 llegó en el peor momento posible. Las encuestas la situaban en el sexto lugar antes de la primera vuelta. El escándalo del caso Cócteles, los tres períodos de prisión preventiva y el desgaste de Fuerza Popular en el Congreso habían erosionado su base. Sin embargo, la fragmentación del voto conservador actuó en su favor: obtuvo apenas el 13% en la primera vuelta, pero fue suficiente para pasar al balotaje. Allí perdió ante Pedro Castillo por un margen de décimas, en una de las noches electorales más tensas de la historia peruana.
El antivoto que por fin no alcanzó
Durante años, el concepto de “antivoto” definió la carrera de Fujimori tanto como sus propias propuestas. Era el techo invisible: podía crecer hasta cierto punto, pero el rechazo transversal a su candidatura —alimentado por la memoria de los años noventa, las violaciones a los derechos humanos del gobierno de su padre y los juicios por lavado de activos— siempre terminaba por movilizar a votantes que de otro modo se habrían quedado en casa.
Para 2026, espertos y analistas en temas electorales coincidieron en que Fujimori había logrado reducir ese antivoto a niveles mínimos históricos. La muerte de su padre Alberto Fujimori en 2023 cerró un capítulo que había mantenido abierta la herida del fujimorismo en la memoria colectiva. El archivo del caso Cócteles, ordenado en enero de 2026 por el Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Constitucional que determinó que los aportes de campaña recibidos antes de 2016 no podían ser calificados como lavado de activos, liberó a la candidata de la presión judicial que había marcado sus campañas anteriores.
En la primera vuelta del 12 de abril obtuvo el 17,18% de los votos válidos, el resultado más alto de todos los candidatos. Ese número confirmó que su base electoral se había consolidado y que el antivoto, aunque presente, no tenía ya la fuerza de 2016 o 2021.
La primera mujer presidenta del Perú, elegida con voto popular
Keiko Fujimori nació el 25 de mayo de 1975 en Lima. Es administradora de empresas con licenciatura en Boston University y máster en Administración de Empresas por Columbia University, título reconocido en Perú en noviembre de 2024. Fundó Fuerza Popular en 2009 y desde entonces es su principal dirigente. Fue congresista entre 2006 y 2011, período en el que acumuló la mayor votación individual de una legisladora hasta ese momento: 602.869 votos.
Su plan de gobierno, “Perú con Orden”, tiene tres ejes: seguridad, economía y social. En seguridad propone la creación de Centros de Comando y Videovigilancia en las 24 regiones, el despliegue de 1.000 patrulleros inteligentes y 10.000 cámaras, la construcción de cuatro mega penales bajo administración temporal de las Fuerzas Armadas y la ampliación de las Unidades de Flagrancia Express. En economía plantea reducir el déficit fiscal al 1% del PBI hacia 2031 y atraer entre USD 5.000 y 7.000 millones anuales de inversión privada. En lo social fija reducir la pobreza al 15% en cinco años y construir 3.000 colegios.
El caso más mediático de su trayectoria fue el caso Cócteles, que la acusaba de lavar activos provenientes de aportes de la constructora brasileña Odebrecht a sus campañas de 2011 y 2016. El proceso la llevó a prisión preventiva en tres ocasiones: en 2018, 2020 y abril de 2021, acumulando más de 500 días de detención. La investigación fue conducida durante años por el fiscal José Domingo Pérez y convirtió a Fujimori en el centro del debate sobre independencia judicial y uso político de la prisión preventiva en el Perú.
En octubre de 2025, el Tribunal Constitucional resolvió que los aportes de campaña anteriores a 2016 no podían ser calificados automáticamente como lavado de activos. En enero de 2026, el Poder Judicial archivó definitivamente los cargos. La Fiscalía apeló esa decisión y el caso quedó al voto en la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional, aunque sin efecto sobre la candidatura.
Fujimori también fue señalada por el papel obstruccionista de Fuerza Popular en el Congreso entre 2016 y 2019, período en el que el partido usó su mayoría de 73 escaños para desestabilizar al gobierno de Kuczynski y que terminó con la caída del presidente. Esa etapa fracturó al partido y deterioró su imagen pública de manera significativa.
Política
Congreso define a los integrantes de la Comisión de Ética: Harvey Colchado investigará denuncias contra parlamentarios
La Junta de Portavoces de la Cámara de Diputados, presidida por Óscar Reto Otero, acordó la conformación de la nueva Comisión de Ética Parlamentaria, grupo de trabajo que tendrá la responsabilidad de investigar y evaluar las denuncias por presuntas infracciones al Código de Ética cometidas por los legisladores durante el actual periodo congresal.
La comisión estará integrada por un representante de cada una de las seis bancadas con presencia en la Cámara Baja y ejercerá funciones durante los próximos dos años. Su instalación permitirá iniciar la evaluación de los primeros expedientes disciplinarios que ya fueron presentados ante el Congreso.
Seis congresistas integrarán la Comisión de Ética
Como parte del acuerdo alcanzado por la Junta de Portavoces, cada bancada designó a un representante para integrar este grupo de trabajo parlamentario.
Los miembros elegidos son:
- Mery Infantes Castañeda, por Fuerza Popular
- César Tito Rojas, por Juntos por el Perú
- Edwin Espinoza Huillca, por el Partido del Buen Gobierno
- Javier Cipriani Thorne, por Renovación Popular
- Heber López Letona, por el partido Obras
- Harvey Colchado Huamaní, por Ahora Nación
Los seis legisladores tendrán la misión de analizar las denuncias éticas presentadas contra parlamentarios y emitir recomendaciones sobre las eventuales sanciones que correspondan, conforme al reglamento interno del Congreso.
El Pleno deberá ratificar la conformación
Luego del acuerdo alcanzado por la Junta de Portavoces, la primera vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Analí Márquez, informó que la conformación de la Comisión de Ética será sometida a ratificación por el Pleno de la Cámara Baja durante la sesión programada para el 5 de agosto.
Con la aprobación del Pleno, la comisión podrá instalarse oficialmente e iniciar el ejercicio de sus funciones, incluyendo la recepción y evaluación de los expedientes que permanecen pendientes.
Antes de conocerse la integración definitiva de la Comisión de Ética, el diputado Harvey Colchado ya había adelantado que uno de los primeros asuntos que deberá analizar el grupo será la denuncia presentada contra el legislador Julián Pérez Mallqui, integrante de la bancada de Juntos por el Perú.
Pérez Mallqui es investigado por una presunta agresión contra su expareja, quien lo denunció por supuestos actos de violencia intrafamiliar y violencia psicológica.
En declaraciones a la prensa, Colchado sostuvo que el Congreso tiene la obligación de investigar cualquier conducta que pueda vulnerar los principios éticos de la función parlamentaria.
“Lo que corresponde al Congreso es que la Comisión de Ética haga la investigación respectiva y, si se determina responsabilidad, deberá imponerse la sanción correspondiente. Aquí no se protegerá a nadie”, manifestó.
Asimismo, aseguró que la nueva comisión actuará con independencia y sin favorecer a ningún legislador por razones políticas.
“Aquí no habrá protección entre parlamentarios”
Durante sus declaraciones, Harvey Colchado también hizo referencia a la conocida expresión política “otorongo no come otorongo”, utilizada para cuestionar presuntos actos de protección entre congresistas.
El legislador afirmó que esa práctica no tendrá cabida en la actual Comisión de Ética y aseguró que todos los casos serán investigados con objetividad y respetando el debido proceso.
Explicó además que, debido a que el Congreso se encontraba en proceso de conformar sus comisiones ordinarias y especiales, era necesario esperar la instalación oficial del grupo antes de iniciar cualquier procedimiento disciplinario.
Renovación Popular solicita suspensión de Julián Pérez
En paralelo, el parlamentario Christian Aranda Vásquez, de la bancada de Renovación Popular, presentó una denuncia formal por presuntas faltas éticas contra Julián Pérez Mallqui.
El documento, ingresado por Mesa de Partes del Congreso, solicita que el legislador cusqueño sea suspendido del ejercicio de sus funciones por 120 días de legislatura, además del correspondiente descuento de remuneraciones durante ese periodo.
La denuncia será remitida a la Comisión de Ética una vez que esta quede oficialmente instalada y comience sus labores.
Política
Ollanta Humala compara su proceso judicial con el de Keiko Fujimori: «Si a mí me enviaron a prisión, entonces ella también»
El expresidente de la República, Ollanta Humala, lanzó duras críticas contra los magistrados que resolvieron los recursos de casación relacionados con su proceso judicial por presuntos aportes ilícitos de campaña. Durante una entrevista, el exmandatario sostuvo que el Poder Judicial debió aplicar el mismo criterio jurídico que favoreció a la presidenta Keiko Fujimori, al considerar que ambos expedientes guardan similitudes en cuanto a las investigaciones por financiamiento político.
En declaraciones brindadas al programa de La República “Sin Guión”, Humala expresó su desacuerdo con las resoluciones emitidas por los jueces penales y aseguró que existió un trato desigual en la administración de justicia.
“Es una llamada de atención al juez ponente y a los magistrados que firmaron esa casación. Si ese criterio se aplicó en el caso de Keiko Fujimori, también debió aplicarse en mi caso. Si a mí me enviaron a prisión, entonces ella también debió recibir el mismo tratamiento”, manifestó el exjefe de Estado.
Humala afirma que existen diferencias sustanciales entre ambos procesos
Si bien Ollanta Humala reconoció que tanto su caso como el de Keiko Fujimori están relacionados con investigaciones por presuntos aportes de campaña, insistió en que existen diferencias importantes que, a su juicio, hacen aún más cuestionable la actuación de las autoridades judiciales.
El exmandatario aseguró que el primer aspecto diferenciador radica en la supuesta recepción de recursos económicos. Según afirmó, en el caso de su organización política no existió la recepción del dinero que se le atribuye.
“Nosotros no recibimos esos aportes; en el otro caso sí hubo recepción de fondos”, sostuvo durante la entrevista, defendiendo nuevamente su inocencia frente a las investigaciones desarrolladas por el Ministerio Público.
Humala remarcó que esta diferencia debió ser considerada por los magistrados al momento de evaluar las medidas judiciales adoptadas contra él.
Señala una presunta persecución por motivos ideológicos
El expresidente también sostuvo que las investigaciones en su contra habrían estado influenciadas por factores políticos e ideológicos, más que por criterios estrictamente jurídicos.
De acuerdo con su versión, mientras otras agrupaciones políticas fueron investigadas por supuestos aportes provenientes del sector empresarial, el caso de su partido estuvo vinculado a presuntos recursos procedentes de gobiernos de izquierda, lo que, según dijo, generó una interpretación distinta por parte de las autoridades.
“En otros partidos las acusaciones estaban relacionadas con financiamiento de grupos empresariales. En nuestro caso, se ha construido una persecución ideológica debido a nuestro gobierno. Nos acusan de haber recibido dinero de gobiernos de izquierda y no de empresarios”, afirmó.
Para Humala, esta diferencia demuestra que el tratamiento judicial no fue uniforme y que existieron consideraciones políticas que terminaron afectando el desarrollo del proceso.
Expresidente insiste en que las imputaciones carecen de sustento
Durante la entrevista, Ollanta Humala reiteró que las acusaciones formuladas en su contra no cuentan con suficiente respaldo técnico ni probatorio. En ese sentido, sostuvo que las investigaciones se sustentan en interpretaciones políticas antes que en elementos jurídicos sólidos.
El exmandatario aseguró que su gestión y la orientación política de su gobierno influyeron en la manera en que fue procesado, motivo por el cual considera que el Poder Judicial actuó con criterios distintos respecto de otros casos de financiamiento electoral.
Asimismo, señaló que las decisiones adoptadas por los jueces deberían ser revisadas para garantizar la igualdad ante la ley y evitar que existan tratamientos diferenciados entre procesos que presentan características similares.
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