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Política

Keiko Fujimori podría ser acusada por financiamiento ilegal de partidos políticos en seis meses

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Keiko Fujimori, lideresa del partido político de Fuerza Popular se encuentra inmersa en una nueva investigación por el presunto delito de financiamiento ilegal de partidos políticos. Según la investigación revelada por el semanario Hildebrandt en sus trece, la exprimera Dama habría recibido dinero de procedencia desconocida para luego “blanquearlo”.

En ese sentido, esta pesquisa ya no se encuentra en manos del fiscal José Domingo Pérez, sino de Manuela Villar Ramírez, Fiscal Provincial Titular de la Primera Fiscalía Supraprovincial Coorporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos. Según el medio citado, tuvo acceso al informe presentado por el Ministerio Público para que las indagacciones pasen a etapa preparatoria.

En el documento que tiene 186 páginas se tendría una serie de decena de testimonios, documentación contable, administrativa y bancaria. El Ministerio Público señala que esta pesquisa tiene una base sólida y que el objetivo es presentar una acusación contra Keiko Fujimori dentro de seis meses.

Nueva investigación contra Keiko Fujimori incluye a 6 personas

A diferencia del caso Cócteles que tenía aproximadamente más de 30 personas investigadas, la fiscal Villar Ramírez solo ha puesto en la mira a 6 personas, entre ellas, a la excongresista Fujimori Higuchi. Así como también a Luis Galarreta y Miguel Torres. Hoy, precandidatos a la primera y segunda vicepresidencia de la República por Fuerza Popular respectivamente.

Los otros involucrados también son cercanos a Keiko Fujimori, hablamos de las exparlamentarias de Fuerza Popular Karina Beteta y Milagros Takayama, quienes son investigadas por ser las presuntas tesoreras de su partido partido político. Además, de Lindaman Miranda Zamalloa por ser la contadora.

La fiscal Villar sostuvo en la documentación que Fuerza Popular permitió el ingreso de dinero de origen desconocido, bajo la modalidad de aportes anónimos, aportantes falsos y otros modelos. Asimismo, de que se habría permitido que se ejecute dinero de fondos públicos para fines distintos a los fijados por ley.

Keiko Fujimori se había librado de enfrentar el caso Cócteles tras resolución emitida por el Tribunal Constitucional. Foto: archivo ANP Noticias.

La tesis de Manuela Villar Ramírez es que Fuerza Popular manejó de manera irregular el dinero que entró para la campaña presidencial 2021. No obstante, también argumenta que se usó el dinero para financiar la campaña del supuesto fraude electoral, estancia donde Keiko Fujimori se negaba a reconocer la victoria de Pedro Castillo.

La representante de la Fiscalía sostiene que Keiko Fujimori “había tenido conocimiento, control y decisión directa sobre la captación, uso y disposición de estos recursos, los cuales fueron por decisión suya o bajo su dirección,para realizar pagos con apariencia legal y ocultar el verdadero origen del dinero”, se lee en la publicación del semanario el cual tuvo acceso a la documentación presentada por la fiscal Villar Ramírez.

Además, el Ministerio Público sostiene que “se habría utilizado la estructura del partido político de Fuerza Popular para canalizar los fondos y darles apariencia de licitud, impidiendo así su detección por parte de las autoridades”, se lee en la publicación.

Fuerza Popular utilizó dinero otorgado por la ONPE para su campaña electoral

La investigación de la Fiscalía ahora a cargo de Manuela Villar Ramírez encontró que Fuerza Popular utilizó S/ 1.6 millones de soles. Dinero el cual fue otorgado de la Oficina Nacional de Procesos electorales (ONPE) para la campaña electoral de Keiko Fujimori. Esta presunta acción, según expertos se encuentra prohibido, debido a que el dinero público es para fortalecer los partidos, no para financiar la campaña electoral de determinados líderes políticos.

No obstante, Villar Ramírez encontró que Fuerza Popular logró recaudar S/ 1´258,708 entre el 9 y 30 de julio. Las mencionadas fechas son cuando la campaña presidencial ya había culminado y la ley prohibe que un partido político reciba aportes después de los eventos electorales.

En esa línea, el semanario Hildebrandt en sus trece sostiene que dicho dinero se habría utilizado para la campaña del supuesto fraude electoral y para pagar las tasas del Jurado Nacional de Elecciones con el objetivo de intentar anular los resultados de 1,384 meses electorales.

Fuerza Popular y sus contradicciones con los supuestos aportantes

El despacho de la fiscal Manuela Villar Ramírez pudo recoger el testimonio de nueve personas quienes niegan haber aportado un céntimo a la campaña del presunto fraude del 2021. En dicha lista se encuentran Fabiola Menchor quien negó haber otorgado 11.000 soles a Fuerza Popular.

Además, Katherin Torres Montalván negó haber entregado al fujimorismo 5.500 soles. Omar Moreyra descartó haber entregado al partido de Keiko Fujimori 3.300 soles y Stephan Reusche Ciriani sostuvo que no brindó 3.200 soles a dicha agrupación política.

Vale precisar que estos nombres escritos fueron inscritos como aportantes del partido político de Keiko Fujimori ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Pero eso no es todo, Fuerza Popular consignó a Alejandro Saldarriaga León quien presuntamente entregó S/ 18.350 pese a que su sueldo es de S/ 4.000. Además, del caso de Edwin Tuesta, persona que supuestamente brindó S/9.000 al fujimorismo cuando en realidad su remuneración mensual es de S/ 2.000.



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Congreso aprueba inhabilitar por 10 años a cuatro fiscales de la Nación

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La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó informe que acusa a Villena, Sánchez, Ávalos y Espinoza de violar la Constitución al emitir resolución que interfirió con funciones policiales.

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó el martes 18 de noviembre el informe final que recomienda inhabilitar por 10 años a los fiscales supremos Juan Carlos Villena Campana, Pablo Sánchez Velarde, Zoraida Ávalos Rivera y Delia Espinoza Valenzuela. El documento los acusa de cometer delitos de abuso de autoridad, falsedad genérica, prevaricato e instigación de usurpación de funciones policiales tras emitir la Resolución 2246-2024 del 14 de octubre de 2024. La decisión se adoptó con nueve votos a favor, dos en contra y dos abstenciones.

La denuncia y sus fundamentos

Los congresistas Fernando Rospigliosi Capurro, José Cueto Aservi y Alfredo Azurín Loayza presentaron la Denuncia Constitucional 528 contra los cuatro magistrados. Los denunciantes sostienen que los fiscales violaron los numerales 1 y 4 del artículo 159, además de los artículos 38, 103, 109 y 166 de la Constitución. El núcleo de la acusación gira en torno a la resolución que aprobó un reglamento que presuntamente vulneró la Ley 32130, norma que modificó el Código Procesal Penal para fortalecer la investigación del delito como función de la Policía Nacional.

Los denunciantes afirman que la resolución impuso lineamientos que no correspondían a la competencia fiscal. Según el informe, los magistrados interfirieron con funciones exclusivas de la PNP. Los impulsores señalan que los fiscales crearon conflictos operativos y debilitaron la cooperación institucional entre la PNP y el Ministerio Público.

El caso Espinoza

La denuncia alcanza a la suspendida fiscal Delia Espinoza Valenzuela, quien espera que la Junta Nacional de Justicia acate lo dispuesto por el 9.° Juzgado Constitucional de Lima que la repone como titular de la Fiscalía de la Nación. La JNJ acudió al Tribunal Constitucional para anular esa resolución. El juez Juan Torres Tasso reinició el trámite para que sea reincorporada en dos días por un error en la notificación. Mientras Espinoza espera regresar, el Congreso continúa con su trámite para inhabilitarla por 10 años.

Próximos pasos

La SAC, presidida por Lady Camones Soriano de Alianza para el Progreso, aprobó el texto acusatorio. Jorge Montoya Manrique de Honor y Democracia sustentó el informe. Según el artículo 89 del Reglamento del Congreso, el informe debe aprobarse en la Comisión Permanente. Si esto ocurre, pasa al Pleno para debate definitivo. La denuncia constitucional se aprueba con un mínimo de 66 votos. Si logra ese número, la acusación se deriva al Ministerio Público.





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Política

Fiscalía allana vivienda de Óscar Acuña por presuntos sobornos de empresa en caso Qali Warma

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Óscar Acuña Peralta, hermano de César Acuña, fundador de Alianza para el Progreso, habría recibido 77 mil soles de Frigoinca entre septiembre y diciembre de 2023. El operativo incluyó 16 inmuebles en tres regiones.

La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios allanó este miércoles la vivienda de Óscar Acuña Peralta, hermano del líder de Alianza para el Progreso, César Acuña. El operativo formó parte de un megaoperativo simultáneo en La Libertad, Áncash y Lima que incluyó 16 inmuebles y buscaba ejecutar órdenes de detención preliminar contra investigados por presunta organización criminal y tráfico de influencias. Óscar Acuña no fue encontrado en su domicilio durante la diligencia dirigida por el fiscal provincial Reynaldo Abia Arrieta.

Los depósitos que comprometen a Acuña

La intervención ocurrió después de un reportaje del programa Punto Final que reveló el testimonio de un colaborador eficaz en el caso Frigoinca. Según esta fuente, Óscar Acuña recibió depósitos bancarios por 77 mil soles de la empresa Frigoinca, involucrada en el caso Qali Warma. Las transferencias se realizaron directamente a una cuenta del Banco de Crédito del Perú a nombre de Acuña.

Entre septiembre y diciembre de 2023, Frigoinca realizó cinco transferencias: 5 mil, 7 mil, 30 mil, 20 mil y 15 mil soles. El colaborador eficaz señaló que estos pagos buscaban asegurar el apoyo de Acuña para facilitar las operaciones de Frigoinca en La Libertad. La Unidad de Inteligencia Financiera corroboró posteriormente esta información.

La conexión con el funcionario regional

El colaborador eficaz explicó que Nilo Burga Malca, fundador de Frigoinca, buscaba el respaldo de Óscar Acuña para contactar a Aníbal Morillo Arqueros. Morillo ocupaba el cargo de gerente regional de Salud y era funcionario cercano a César Acuña. La oficina de Morillo fiscalizaba las condiciones sanitarias de Frigoinca, lo que habría motivado los pagos.

Óscar Acuña reconoció haberse reunido con Burga Malca y haber recibido dinero. Sin embargo, negó que se tratara de un soborno. «Yo lo llamé para que me haga un préstamo y poder pagar a mi personal. Pueden haber sido uno o dos depósitos, pero yo lo he devuelto», declaró.





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