La crisis institucional en el sistema de justicia peruano volvió a escalar. La Junta Nacional de Justicia (JNJ), a través del consejero Gino Ríos Patio —quien registra una sentencia por violencia familiar— presentó una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional (TC) con el objetivo de invalidar la medida cautelar emitida por el Poder Judicial que ordena la reposición inmediata de Delia Espinoza como fiscal de la Nación.

El documento de 33 páginas, al cual accedió Infobae, acusa al Poder Judicial de invadir competencias exclusivas de la JNJ al admitir dos acciones de amparo: una presentada por el Instituto de Defensa Legal (IDL) para anular la elección de los actuales consejeros, y otra interpuesta por Delia Espinoza para revertir el proceso disciplinario que la sacó del cargo en julio de este año.

La medida que desató el conflicto

El punto de quiebre fue la resolución del juez Juan Torres Tasso, quien otorgó un plazo máximo de dos días para que la JNJ reponga a Espinoza en la jefatura del Ministerio Público. La Junta sostiene que nunca fue notificada formalmente y que, en realidad, se enteraron del fallo a través de los medios de comunicación. Este hecho, según afirma la demanda, vulnera el principio de debido proceso.

La JNJ acusa además al juez de actuar de forma “imprudente” e “incongruente”, porque —a su juicio— la medida cautelar suspende cuatro cargos del proceso disciplinario contra Espinoza, cuando en realidad solo deberían haberse suspendido dos. Para la institución, esta interpretación representa una “extralimitación de funciones” del Poder Judicial.

Lo que la Junta Nacional de Justicia le pide al Tribunal Constitucional

La demanda competencial solicita al Tribunal Constitucional:

• Declarar nula la medida cautelar que ordena la reposición de Espinoza.
• Ordenar al juez Torres Tasso no volver a incurrir en actos similares.
• Determinar que el Poder Judicial no puede emitir medidas cautelares que impliquen la suspensión de consejeros o la paralización de funciones de la JNJ.

La Junta sostiene que el fallo judicial pone en riesgo su capacidad para aplicar procesos de ratificación y selección de jueces y fiscales, así como para tramitar expedientes disciplinarios, funciones claves para el funcionamiento del sistema de justicia.

Temor a una “parálisis institucional”

En su demanda, la JNJ advierte que permitir que una medida cautelar suspenda la elección o permanencia de sus miembros sería equivalente a una “destitución implícita”, algo que —según recalcan— solo puede ocurrir mediante:

• Una vacancia declarada por la propia Junta.
• Una remoción por falta grave aprobada por el Congreso.

La institución advierte que, si el Poder Judicial accede a más medidas cautelares como las presentadas por el IDL o Espinoza, se podría generar una parálisis total que afectaría el nombramiento y sanción de magistrados, poniendo en jaque la estabilidad del Estado de derecho.

El otro frente: el amparo del IDL para anular la elección de consejeros

La demanda competencial también cuestiona el avance del amparo presentado por el Instituto de Defensa Legal, que solicita anular la última elección de los siete miembros de la JNJ por las graves irregularidades detectadas por una misión internacional de expertos que supervisó el proceso.

La JNJ alerta que si el juez admite una medida cautelar en este caso, podría suspenderse de inmediato la designación de los consejeros, lo cual implicaría la detención de todos sus procedimientos disciplinarios y administrativos.

“Una medida de esta naturaleza llevaría a la JNJ a una situación de parálisis, causando un perjuicio grave al funcionamiento del Sistema de Justicia y a la salud del Estado Constitucional de Derecho”, se lee en el documento.