TRAS CONCLUIR EL CONTEO OFICIAL DE LA ONPE  Anuncia una coalición de resistencia y oposición al gobierno de Keiko Fujimori.  Afirma que acudirá a organismos internacionales para cuestionar el proceso electoral.

El excandidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, reconoció públicamente su derrota en la segunda vuelta electoral frente a Keiko Fujimori, luego de que la Oficina Nacional de Procesos Electorales culminara el conteo oficial de actas. No obstante, sostuvo que el resultado se produjo en un contexto que calificó de “irregular” y afirmó que continuará defendiendo su posición por la vía legal. Durante una entrevista concedida a RT en Español, Sánchez señaló que, aunque respetará las decisiones de las autoridades electorales peruanas, no considera agotadas las posibilidades para cuestionar el proceso. En ese sentido, anunció que presentará recursos ante organismos internacionales, entre ellos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al considerar que se vulneraron derechos políticos durante la contienda. El dirigente también confirmó la conformación de una “coalición de resistencia”, integrada por congresistas, futuros senadores, dirigentes sociales y organizaciones políticas, con el objetivo de ejercer una oposición al próximo gobierno encabezado por Fujimori. Según indicó, este bloque buscará fiscalizar las acciones del nuevo Ejecutivo y defender las demandas de los sectores que respaldaron su candidatura. En sus declaraciones, Sánchez reiteró que la victoria electoral de su contendora no implica, a su juicio, un respaldo pleno de la ciudadanía a su proyecto político. Asimismo, cuestionó la trayectoria de Fuerza Popular y sostuvo que diversas regiones del país mantienen una posición crítica hacia la lideresa fujimorista. El excandidato también volvió a referirse a las protestas registradas tras la caída del gobierno de Pedro Castillo y exigió justicia para las víctimas fallecidas durante esos enfrentamientos. Afirmó que la futura oposición mantendrá una vigilancia permanente sobre las decisiones del nuevo gobierno y reiteró que su movimiento actuará por vías democráticas y pacíficas. Con el 100 % de las actas procesadas por la ONPE, Keiko Fujimori obtuvo el 50.135 % de los votos válidos, equivalente a 9’223,396 sufragios, mientras que Roberto Sánchez alcanzó el 49.865 %, con 9’173,755 votos, una diferencia de poco menos de 50 mil votos.

Buscará respaldo internacional

Tras reconocer la derrota electoral, Roberto Sánchez anunció que recurrirá a instancias internacionales para cuestionar el resultado de los comicios. Indicó que evaluará presentar acciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al considerar que durante el proceso electoral se vulneraron derechos políticos. El dirigente de Juntos por el Perú sostuvo además que encabezará una coalición integrada por representantes políticos y organizaciones sociales con el propósito de ejercer oposición al próximo gobierno y fiscalizar sus decisiones desde el Congreso y otros espacios institucionales.

Después de 15 años de intentarlo, Keiko Fujimori se convierte en la primera presidenta electa del Perú. Los primeros resultados de la segunda vuelta del 7 de junio la ponen por encima de Roberto Sánchez y cierran el ciclo más largo y accidentado de la política peruana reciente: cuatro candidaturas, tres derrotas, más de 500 días en prisión preventiva y un antivoto que por fin no alcanzó para detenerla

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) concluyó el procesamiento del 100% de las actas contabilizadas, confirmando que Keiko Fujimori obtuvo la mayoría de votos en la segunda vuelta presidencial.

De acuerdo con los resultados oficiales difundidos por el organismo electoral, la candidata alcanzó el 50,135% de los votos válidos, equivalente a 9.223.396 votos. Por su parte, Roberto Sánchez obtuvo el 49,865%, con 9.173.755 votos. La diferencia entre ambos candidatos es de 49.641 votos, tras contabilizarse 96.796 actas.
Keiko Sofía Fujimori Higuchi, de 50 años, es la nueva presidenta del Perú para el periodo 2026-2031. Los resultados de la segunda vuelta presidencial la ubican por encima de Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, en lo que representa el desenlace de la carrera política más persistente y más accidentada de la historia reciente del país. Cuatro candidaturas, tres derrotas, más de 500 días en prisión preventiva y un antivoto que durante años pareció insuperable.
La historia política de Fujimori comenzó antes de que cumpliera 20 años. En 1994, con 19 años, asumió el rol de primera dama de la Nación tras la separación de sus padres, Alberto Fujimori y Susana Higuchi. Fue esa exposición temprana al poder la que moldeó su vocación política y la que también le heredó el peso más difícil de cargar: el apellido de un expresidente condenado a 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad y corrupción.
Su primera candidatura presidencial llegó en 2011, con solo 36 años —uno más del mínimo requerido—, bajo la bandera de Fuerza 2011. Pasó a la segunda vuelta con el 23,5% de los votos, pero el escritor Mario Vargas Llosa apoyó en el último tramo a su rival, el nacionalista Ollanta Humala, quien la derrotó con el 51,49% frente al 48,51% de ella. La diferencia fue de poco más de 447.000 votos.
En 2016 llegó como favorita. Obtuvo el 39,9% en la primera vuelta, una ventaja que parecía incontestable. Pero el antifujimorismo se movilizó con una intensidad que nadie había previsto y el banquero conservador Pedro Pablo Kuczynski la derrotó por apenas 41.000 votos. Fue la derrota que más le dolió. La que, según quienes la conocen, nunca terminó de digerir.
En 2021 llegó en el peor momento posible. Las encuestas la situaban en el sexto lugar antes de la primera vuelta. El escándalo del caso Cócteles, los tres períodos de prisión preventiva y el desgaste de Fuerza Popular en el Congreso habían erosionado su base. Sin embargo, la fragmentación del voto conservador actuó en su favor: obtuvo apenas el 13% en la primera vuelta, pero fue suficiente para pasar al balotaje. Allí perdió ante Pedro Castillo por un margen de décimas, en una de las noches electorales más tensas de la historia peruana.

El antivoto que por fin no alcanzó
Durante años, el concepto de “antivoto” definió la carrera de Fujimori tanto como sus propias propuestas. Era el techo invisible: podía crecer hasta cierto punto, pero el rechazo transversal a su candidatura —alimentado por la memoria de los años noventa, las violaciones a los derechos humanos del gobierno de su padre y los juicios por lavado de activos— siempre terminaba por movilizar a votantes que de otro modo se habrían quedado en casa.

Para 2026, espertos y analistas en temas electorales coincidieron en que Fujimori había logrado reducir ese antivoto a niveles mínimos históricos. La muerte de su padre Alberto Fujimori en 2023 cerró un capítulo que había mantenido abierta la herida del fujimorismo en la memoria colectiva. El archivo del caso Cócteles, ordenado en enero de 2026 por el Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Constitucional que determinó que los aportes de campaña recibidos antes de 2016 no podían ser calificados como lavado de activos, liberó a la candidata de la presión judicial que había marcado sus campañas anteriores.

En la primera vuelta del 12 de abril obtuvo el 17,18% de los votos válidos, el resultado más alto de todos los candidatos. Ese número confirmó que su base electoral se había consolidado y que el antivoto, aunque presente, no tenía ya la fuerza de 2016 o 2021.

La primera mujer presidenta del Perú, elegida con voto popular
Keiko Fujimori nació el 25 de mayo de 1975 en Lima. Es administradora de empresas con licenciatura en Boston University y máster en Administración de Empresas por Columbia University, título reconocido en Perú en noviembre de 2024. Fundó Fuerza Popular en 2009 y desde entonces es su principal dirigente. Fue congresista entre 2006 y 2011, período en el que acumuló la mayor votación individual de una legisladora hasta ese momento: 602.869 votos.

Su plan de gobierno, “Perú con Orden”, tiene tres ejes: seguridad, economía y social. En seguridad propone la creación de Centros de Comando y Videovigilancia en las 24 regiones, el despliegue de 1.000 patrulleros inteligentes y 10.000 cámaras, la construcción de cuatro mega penales bajo administración temporal de las Fuerzas Armadas y la ampliación de las Unidades de Flagrancia Express. En economía plantea reducir el déficit fiscal al 1% del PBI hacia 2031 y atraer entre USD 5.000 y 7.000 millones anuales de inversión privada. En lo social fija reducir la pobreza al 15% en cinco años y construir 3.000 colegios.
El caso más mediático de su trayectoria fue el caso Cócteles, que la acusaba de lavar activos provenientes de aportes de la constructora brasileña Odebrecht a sus campañas de 2011 y 2016. El proceso la llevó a prisión preventiva en tres ocasiones: en 2018, 2020 y abril de 2021, acumulando más de 500 días de detención. La investigación fue conducida durante años por el fiscal José Domingo Pérez y convirtió a Fujimori en el centro del debate sobre independencia judicial y uso político de la prisión preventiva en el Perú.

En octubre de 2025, el Tribunal Constitucional resolvió que los aportes de campaña anteriores a 2016 no podían ser calificados automáticamente como lavado de activos. En enero de 2026, el Poder Judicial archivó definitivamente los cargos. La Fiscalía apeló esa decisión y el caso quedó al voto en la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional, aunque sin efecto sobre la candidatura.

Fujimori también fue señalada por el papel obstruccionista de Fuerza Popular en el Congreso entre 2016 y 2019, período en el que el partido usó su mayoría de 73 escaños para desestabilizar al gobierno de Kuczynski y que terminó con la caída del presidente. Esa etapa fracturó al partido y deterioró su imagen pública de manera significativa.