Política
Kira Alcarraz es denunciada por agresión a fiscalizador del SAT durante operativo en San Juan de Miraflores
La congresista no agrupada Kira Alcarraz vuelve a estar en el centro de la controversia. Esta vez, la parlamentaria fue denunciada por presuntamente agredir a un fiscalizador del Servicio de Administración Tributaria (SAT) durante un operativo realizado a la altura del puente Atocongo, en el distrito de San Juan de Miraflores (SJM), al sur de Lima. El incidente ocurrió la noche del último lunes y ha sido confirmado tanto por la denuncia policial como por la Municipalidad de Lima.
De acuerdo con el parte policial, el inspector del SAT intervino el vehículo de placa CTM-375, en el que se encontraba Alcarraz como acompañante. El auto registraba una orden de captura vigente debido a una deuda acumulada de 1.327 soles por diversas papeletas de tránsito. Como parte del procedimiento administrativo regular, el fiscalizador dispuso que la unidad sea trasladada a un depósito municipal.
Tras conocer esta decisión, la congresista descendió del vehículo e intentó disuadir al inspector para evitar el internamiento del auto. Sin embargo, al no lograr su objetivo, habría reaccionado de manera violenta. Según la denuncia, Alcarraz abofeteó al fiscalizador y le arrebató su teléfono celular. La identidad del trabajador municipal se mantiene en reserva debido al temor a posibles represalias.
El documento policial también señala que la legisladora habría realizado una llamada telefónica a un comandante de la Policía Nacional del Perú, solicitando apoyo en el lugar de los hechos. Además, se indica que habría proferido amenazas contra el fiscalizador mientras este cumplía con su labor, aplicando la normativa vigente de la misma manera que se hace con cualquier ciudadano.
Como parte del proceso, se ha informado que el inspector afectado será evaluado por el médico legista y que el caso será derivado a un juzgado de paz para las diligencias correspondientes. Mientras tanto, la Municipalidad de Lima y el SAT emitieron un comunicado conjunto en el que rechazaron de forma categórica cualquier tipo de agresión contra su personal.
“Expresamos nuestra solidaridad con el colaborador que fue agredido por la congresista Kira Alcarraz durante un operativo”, señala el pronunciamiento oficial. Las entidades precisaron que el vehículo fue trasladado al depósito conforme a ley y que, posteriormente, fue liberado luego de que el propietario se acogiera a un fraccionamiento de la deuda pendiente.
Desde el SAT de Lima enfatizaron que la agresión resulta aún más grave por provenir de una autoridad pública. “Rechazamos tajantemente la agresión en contra de nuestro colaborador, más aún cuando proviene de una autoridad cuyo comportamiento debe ser siempre ejemplar y acorde con los principios de respeto y legalidad”, indicaron.
Antecedentes de la congresista Kira Alcarraz
Este nuevo episodio se suma a una serie de cuestionamientos previos que pesan sobre la congresista. En octubre del año pasado, Alcarraz protagonizó otro incidente polémico al amenazar a una periodista que le consultó por la contratación de Diana Alani de la Cruz Flores, pareja de su hijo, en un cargo de confianza dentro de su despacho parlamentario.
Durante una entrevista televisiva en el programa ContraCorriente, la legisladora fue interrogada por un presunto caso de nepotismo. Lejos de aclarar la situación, respondió de forma alterada con expresiones intimidatorias dirigidas a la reportera Marycielo del Castillo, lo que generó una ola de críticas en la opinión pública.
Por ese hecho, la Comisión de Ética Parlamentaria del Congreso abrió un proceso para evaluar si Alcarraz incurrió en una falta ética al vulnerar los derechos de una periodista. Con la nueva denuncia por agresión a un fiscalizador del SAT, la congresista enfrenta ahora un escenario aún más complejo, marcado por cuestionamientos sobre su conducta y el respeto a la ley.
Actualidad
Raúl Díaz Pérez propone inteligencia de la PNP y Fuerzas Armadas contra la delincuencia en Comas
Raúl Díaz Pérez, candidato de Avanza País a la alcaldía de Comas, presentó sus propuestas de seguridad ciudadana para las Elecciones Municipales 2026. Su plan contempla mil cámaras de videovigilancia, drones y una mayor coordinación con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.
Comas enfrenta uno de sus principales desafíos de cara a las Elecciones Regionales y Municipales 2026: la inseguridad ciudadana. En este escenario, Raúl Díaz Pérez, candidato de Avanza País y exalcalde del distrito durante el periodo 2019-2022, presentó sus principales propuestas para combatir la delincuencia.
Según el reporte del Sistema de Denuncias Policiales (SIDPOL) de la Policía Nacional del Perú (PNP) citado en la información, Comas figura entre los distritos con mayor número de denuncias relacionadas con inseguridad.
Entre los problemas que afectan a los vecinos se encuentran la extorsión al transporte público y al comercio, así como el robo de vehículos.
Raúl Díaz Pérez propone apoyo de la PNP y Fuerzas Armadas en Comas
Como parte de su propuesta de seguridad, Raúl Díaz Pérez plantea que la inteligencia de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas puedan operar en el distrito, mientras que la municipalidad brindaría apoyo logístico.
“Lo que proponemos es que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas operen en Comas. Como gestión municipal, darle la logística necesaria: brigadas vecinales de seguridad ciudadana barrio por barrio, para que den información de primera mano a Inteligencia”, señaló el candidato.
El exalcalde también propone implementar mil cámaras de videovigilancia durante los primeros 100 días de una eventual gestión municipal, además de adquirir drones de alta tecnología para reforzar el patrullaje integrado con la Policía.
Mil cámaras y drones para combatir la delincuencia
La propuesta contempla la instalación de bases centrales de videovigilancia en sectores que, según el candidato, presentan una mayor incidencia delictiva.
Entre las zonas mencionadas se encuentran Collique, El Carmen Alto y La Libertad.
La estrategia planteada por Díaz Pérez incluye además la participación de brigadas vecinales, cuya función sería proporcionar información a los servicios de inteligencia.
Propuesta de agua potable para Comas
En materia de servicios básicos, Raúl Díaz Pérez aseguró que buscará continuar los proyectos de agua potable y alcantarillado destinados a los sectores que todavía presentan brechas.
El candidato afirmó que existen más de 150 pueblos y asentamientos humanos de Comas que no cuentan con agua potable y planteó cerrar estas brechas mediante el denominado Cuarto Esquema de Agua Potable.
Según explicó, el proyecto fue implementado durante su primera gestión y actualmente requeriría la elaboración del expediente técnico y la obtención de financiamiento.
Casa de la Inclusión Social y de la Cultura
Otra de las propuestas de Raúl Díaz Pérez para Comas es la construcción de una Casa de la Inclusión Social y de la Cultura.
De acuerdo con su planteamiento, este espacio concentraría servicios dirigidos a distintos sectores de la población, entre ellos una Casa del Adulto Mayor, una academia preuniversitaria municipal, un centro de idiomas y un centro de rehabilitación para personas con discapacidad.
Estadio Municipal de Comas
En materia deportiva, el candidato de Avanza País señaló que buscará gestionar la construcción del Estadio Municipal de Comas, proyectado en la zona de La Balanza.
Raúl Díaz Pérez y su gestión durante la pandemia
Durante la presentación de sus propuestas, Díaz Pérez también recordó su gestión durante la pandemia de COVID-19 y destacó la instalación de una planta de oxígeno medicinal destinada a atender a los vecinos de Comas.
El exalcalde busca volver a dirigir la Municipalidad de Comas en las Elecciones Regionales y Municipales 2026, programadas para el 4 de octubre. Su propuesta de campaña contempla como principales ejes la seguridad ciudadana, el acceso a servicios básicos, la inclusión social y el deporte.
Política
Congreso define a los integrantes de la Comisión de Ética: Harvey Colchado investigará denuncias contra parlamentarios
La Junta de Portavoces de la Cámara de Diputados, presidida por Óscar Reto Otero, acordó la conformación de la nueva Comisión de Ética Parlamentaria, grupo de trabajo que tendrá la responsabilidad de investigar y evaluar las denuncias por presuntas infracciones al Código de Ética cometidas por los legisladores durante el actual periodo congresal.
La comisión estará integrada por un representante de cada una de las seis bancadas con presencia en la Cámara Baja y ejercerá funciones durante los próximos dos años. Su instalación permitirá iniciar la evaluación de los primeros expedientes disciplinarios que ya fueron presentados ante el Congreso.
Seis congresistas integrarán la Comisión de Ética
Como parte del acuerdo alcanzado por la Junta de Portavoces, cada bancada designó a un representante para integrar este grupo de trabajo parlamentario.
Los miembros elegidos son:
- Mery Infantes Castañeda, por Fuerza Popular
- César Tito Rojas, por Juntos por el Perú
- Edwin Espinoza Huillca, por el Partido del Buen Gobierno
- Javier Cipriani Thorne, por Renovación Popular
- Heber López Letona, por el partido Obras
- Harvey Colchado Huamaní, por Ahora Nación
Los seis legisladores tendrán la misión de analizar las denuncias éticas presentadas contra parlamentarios y emitir recomendaciones sobre las eventuales sanciones que correspondan, conforme al reglamento interno del Congreso.
El Pleno deberá ratificar la conformación
Luego del acuerdo alcanzado por la Junta de Portavoces, la primera vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Analí Márquez, informó que la conformación de la Comisión de Ética será sometida a ratificación por el Pleno de la Cámara Baja durante la sesión programada para el 5 de agosto.
Con la aprobación del Pleno, la comisión podrá instalarse oficialmente e iniciar el ejercicio de sus funciones, incluyendo la recepción y evaluación de los expedientes que permanecen pendientes.
Antes de conocerse la integración definitiva de la Comisión de Ética, el diputado Harvey Colchado ya había adelantado que uno de los primeros asuntos que deberá analizar el grupo será la denuncia presentada contra el legislador Julián Pérez Mallqui, integrante de la bancada de Juntos por el Perú.
Pérez Mallqui es investigado por una presunta agresión contra su expareja, quien lo denunció por supuestos actos de violencia intrafamiliar y violencia psicológica.


En declaraciones a la prensa, Colchado sostuvo que el Congreso tiene la obligación de investigar cualquier conducta que pueda vulnerar los principios éticos de la función parlamentaria.
“Lo que corresponde al Congreso es que la Comisión de Ética haga la investigación respectiva y, si se determina responsabilidad, deberá imponerse la sanción correspondiente. Aquí no se protegerá a nadie”, manifestó.
Asimismo, aseguró que la nueva comisión actuará con independencia y sin favorecer a ningún legislador por razones políticas.
“Aquí no habrá protección entre parlamentarios”
Durante sus declaraciones, Harvey Colchado también hizo referencia a la conocida expresión política “otorongo no come otorongo”, utilizada para cuestionar presuntos actos de protección entre congresistas.
El legislador afirmó que esa práctica no tendrá cabida en la actual Comisión de Ética y aseguró que todos los casos serán investigados con objetividad y respetando el debido proceso.
Explicó además que, debido a que el Congreso se encontraba en proceso de conformar sus comisiones ordinarias y especiales, era necesario esperar la instalación oficial del grupo antes de iniciar cualquier procedimiento disciplinario.
Renovación Popular solicita suspensión de Julián Pérez
En paralelo, el parlamentario Christian Aranda Vásquez, de la bancada de Renovación Popular, presentó una denuncia formal por presuntas faltas éticas contra Julián Pérez Mallqui.
El documento, ingresado por Mesa de Partes del Congreso, solicita que el legislador cusqueño sea suspendido del ejercicio de sus funciones por 120 días de legislatura, además del correspondiente descuento de remuneraciones durante ese periodo.
La denuncia será remitida a la Comisión de Ética una vez que esta quede oficialmente instalada y comience sus labores.
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