El Perú oficial no lo quiere reconocer y menos las elites. Sería altamente contradictorio que la entidad oficial encargada de combatir las drogas, lo haga, pero es evidente que, tanto el Estado como amplios sectores de la sociedad, cohabitan desde hace varias décadas con el narcotráfico. El tema, solo se utiliza, cada cierto tiempo, para confrontar con un adversario por conveniencia, como ocurre en estos días, para intentar estigmatizar a un personaje, pero en realidad no existe voluntad de ir a las raíces de fondo de una actividad ilícita que contribuye en una buena proporción en la generación del PBI nacional.

Cuando se ha querido tomar decisiones drásticas para combatir este mal, aprobando una ley para que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIT), tenga la potestad de levantar el secreto bancario y tributario, ante la existencia de movimientos financieros sospechosos y probables de esta actividad, siempre ha existido oposición, con el respaldo mediático de quienes ahora se escandalizan por el crecimiento del cultivo de la hoja de coca. Se critica y se hacen informes ampulosos sobre el la cantidad de hectáreas dedicadas a esta actividad ilícita, pero no se hace nada y no se investiga sobre la existencia de los carteles del narcotráfico y la comercialización de los insumos químicos para fabricar el Clorhidrato de Cocaína. Y, no se hace, porque hay diversos grupos empresariales metidos en ese negocio fácil y rentista.

Hay diversas regiones, decenas de provincias y cientos de distritos que viven del narcotráfico y otras actividades ilícitas, con la tolerancia de autoridades políticas y sociales.  Si es cierto el Informe de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de EE.UU., en el sentido que en el Perú, el aumento del cultivo de la hoja de coca, este año, llegó a la cantidad de 88.200 hectáreas y que, la producción anual es de más de 12 toneladas al año, a un valor comercial total de 900 millones de dólares anuales, no hay que hacer cálculos muy exquisitos para señalar la existencia de una narco burguesía y de una alta penetración del narcotráfico, en varias esferas del Estado, la política y la clase empresarial. Sobre todo, haciendo los cálculos de acumulación de capital, proveniente de esta actividad ilícita, en los últimos 20 años y de las diversas formas de lavado de activos.

No solo se trata de un problema nacional, sino mundial. Las élites de los países más poderosos del planeta no están dispuestas a aceptar que la política antidrogas a nivel planetario ha fracasado y se resisten a aceptar que, tarde o temprano, la decisión que se tendría que tomar es optar por el libre comercio de las drogas, pero sujetas a una reglamentación y un pacto internacional. Uno de los pocos países en el mundo que tomó esa decisión de liberación narcótica es Uruguay y no asoma por ningún lado, después de casi una década de esa valiente e iconoclasta decisión, que ese cambio trascendental haya sido perjudicial para ese país oriental de Latinoamérica. Solo en el caso de la marihuana, según estimaciones oficiales divulgadas en enero, del 2019, en ese país, la regulación del Cannabis, con fines recreativos, le quitó al mercado ilegal ganancias por más de US$22 millones, siendo Uruguay un país pequeño.

En el mundo hay una enorme burocracia de consultores, especialistas, militares y funcionarios estatales que se han dedicado, por largos años, con sueldos muy altos a esta política antidroga, pero el único resultado es que se han beneficiado de jugosos sueldos. Hay en el mundo una tecnocracia antinarcótica que ha fracasado, pero que no se atreve a plantear un viraje estratégico en el tratamiento del tema. Los ciudadanos de Estados Unidos son los que consumen una mayor cantidad de drogas, donde según la DEA, el número de muertes por envenenamiento con drogas pasó de 16.849 en 1999 a 65.404 en el 2019, siendo el número más elevado del total de muertes por otras causas como los suicidios, accidentes de automóvil, armas de fuego y homicidios. Es decir, las drogas son la primera causa de muerte en EE UU, un país de 330 millones de habitantes. Lo que no explica ese informe de la DEA es porque después de décadas de una política antidroga y de haber gastado miles de millones de dólares, no existen resultados positivos.

En los últimos 7 años el cultivo de hoja de coca y la fabricación del Clorhidrato de Cocaína se ha duplicado en el Perú, mientras cerca de 500,000 personas se dedican a este cultivo; solo el 10% de la comercialización ilegal de cocaína es detectada por la policía. No existe un real control de los insumos químicos que usan los laboratorios clandestinos para la producción de la droga. Y hay zonas en el país donde las fuerzas armadas y policiales no pueden ingresar, en parte porque no tienen una estrategia y estudios del terreno donde tendrían que actuar. La pregunta que fluye es, ¿Por qué los mandos militares y policiales no han sido capaces de combatir a los narcotraficantes y porque DEVIDA no ha podido proyectar con éxito en vastos sectores territoriales, su propuesta de desarrollo alternativo? Los especialistas señalan que de los 500,000 pobladores que se dedican al cultivo de la hoja de coca, solo el 10% podrían ser incorporados a estrategias productivas alternativas, la pregunta es, ¿qué hacemos con los restantes 400,000 pobladores?

Si en el Perú existiera una verdadera y rigurosa auditoria internacional para investigar las políticas antidrogas de los últimos 30 años, habría muchas sorpresas. El resultado debería dar cuenta, sobre cuanto gasto DEVIDA en políticas antidrogas, hacia donde fueron los recursos y cuáles fueron las responsabilidades de los funcionarios. Debería revelar porque, desde hace cerca de 25 años en el VRAEM hay 8,000 soldados y policías para combatir a unos 130 narcoterroristas y no se termina de derrotarlos. Sería bueno que esa auditoria investigue porque policías y militares añoran ir al VRAEM y pagan hasta cupos para ser reasignados a esas zonas.  Debería dar cuenta de las razones de porque es inviable la política de desarrollo alternativo. Pero, quizás, para sorpresa de muchos una de las conclusiones más importantes de esa auditoria seria que, realizando un análisis de costo-beneficio de la política antidrogas, mejor sería optar por la comercialización legal de las drogas, provocando una rebaja drástica de los precios y donde el mercado legalizado daría mejores oportunidades a otros productos, por el mismo hecho que la legalización afectaría los precios de la droga ilegal hasta en un 50%.

Es cierto que una legalización de la comercialización de drogas como la cocaína, implicará muchos riesgos. Requerirá diversas reglamentaciones, campañas informativas y educativas. Implicará establecer mecanismos legales adecuados para las empresas que se dediquen a esta nueva actividad legal, pero es evidente que la lógica y las leyes de mercado traerían por los suelos el precio de la cocaína, gatillando la posibilidad que otros tipos de cultivos sean entonces más rentables para amplios sectores de agricultores. Crearía un mejor escenario para una estrategia de desarrollo alternativo, sobre todo en un escenario internacional donde diversos productos agrícolas peruanos empiezan a tener mayor valor y prestigio.

Finalmente, la legalización de la comercialización de las drogas, no puede ser solo una decisión peruana. Implicará un pacto internacional, tanto a nivel latinoamericano como a nivel mundial, homologando diversas normas legales para ingresar a este nuevo momento. Es un asunto que requiere un alto liderazgo propositivo y argumentativo, para demostrar que la actual política antidroga ha fracasado y, de persistir, solo agravará la situación. Así como en los siglos XIX y XX, en diversos países del mundo, la prohibición de la comercialización de las bebidas alcohólicas y el propio alcohol, se mostró como un reverendo fracaso, obligando a una legalización paulatina en todos los continentes, tarde o temprano las elites mundiales y del propio Perú, tendrán que aceptar ese cambio transcendental.

Del mismo modo que en el 1919, se aprobara la 18va enmienda a la Constitución de Estados Unidos, que prohibía la manufactura, la venta y el transporte de bebidas alcohólicas, no debe tardar mucho tiempo para que ocurra algo similar con la legalización de varias drogas, derivadas del cultivo de la hoja de coca y otras plantas.

Escribe: Neptalí Carpio Soto Periodista