El Tribunal Constitucional ha promulgado la sentencia 973/2021, de invalorable importancia para el derecho humanitario, estableciendo que “las personas detenidas y sobre las cuales no se haya desvanecido la presunción de inocencia deben ser tratadas y consideradas como tales, en tanto no exista un pronunciamiento definitivo por parte de las autoridades jurisdiccionales que reviertan esta situación” y que, por ello, “la Policía Nacional del Perú y las autoridades competentes deben abstenerse de presentar en ruedas de prensa” a esas personas hasta que hayan sido condenadas.

Esta resolución debe poner punto final a la cadena de atropellos, al deplorable espectáculo que hemos presenciado en los últimos tiempos.

Atropellos perversos contra ciudadanos exhibidos como fieras al interior, a la entrada o salida de los juzgados, ante el indolente silencio del Poder Judicial.

En ese contexto fueron inolvidables las escenas de la señora Keiko Fujimori enmarrocada, vistiendo una humillante casaca con la palabra “detenida”, saliendo aparatosamente, acompañada de efectivos policiales, hacia una furgoneta que la trasladó al penal, mientras afanosos fotógrafos peleaban para tomar la mejor vista del triste momento.

Lo mismo ocurrió con el ex presidente Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia, a quienes gracias a Dios no pusieron los ignominiosos chalecos, pero si fueron presentados con esposas, al igual que al constructor Graña Miró Quesada, que además tuvo que soportar pifias e insultos al salir de la diligencia.

Esas prácticas insanas no sólo violan la Constitución y leyes de la República sino principios consagrados en la Corte Interamericana y el Tribunal Europeo, que se han pronunciado contra las morbosas exhibiciones de ciudadanos procesados, no sentenciados, que pueden resultar inocentes al culminar el proceso, pero que han sufrido un daño irreparable a su honor e imagen pública.

Particular importancia tiene el fundamento del voto del tribuno constitucional Sardón de Taboada, que sostuvo que “la práctica de exhibir públicamente a personas investigadas o procesadas con esposas en las muñecas afecta la presunción de inocencia y convierte la administración de justicia en un espectáculo circense abominable”.

“Quienes incurren en ella –continúa el magistrado Sardón– deben ser castigados ejemplarmente, así cuenten con el aplauso fácil de la prensa o las redes sociales”.

Dicha práctica –sostiene– puede presionar a las personas a adoptar medidas extremas, como ocurrió con él, dos veces expresidente constitucional de la República Alan García Pérez.

La madrugada del 17 de abril de 2019, el representante del Ministerio Público tocó la puerta de su domicilio acompañado no sólo por agentes policiales sino también por reporteros del principal canal de televisión y de la principal radio del país.

Antes de ser vejado públicamente, el expresidente prefirió suicidarse. Sólo han transcurrido dos años: el juez debe determinar cómo los medios –e incluso las redes sociales– sabían que se efectuaría esa detención, siendo la prisión preventiva una disposición de carácter estrictamente reservado; debe determinar si entonces se buscaba la justicia y no el escarnio público”.

A lo dicho por el juez constitucional, podríamos agregar que nadie ha explicado por qué la detención dispuesta contra el ex mandatario no estuvo a cargo de la Policía Judicial, organismo competente de acuerdo a ley, sino de la DIVIAC, considerada “policía política” del régimen de Vizcarra; por qué se filtraron fotos de su dormitorio; por qué continuó la diligencia varias horas después de su fallecimiento o por qué las cintas de grabación al interior de su domicilio no tienen sonido en varios momentos. O, aún más, por qué el juez cambió la orden de comparecencia por detención cuando no existía ninguna razón para hacerlo, menos cuando el presidente García concurrió 39 veces a las citaciones y, en consecuencia, no existía peligro de fuga.

No tengo la menor duda que Alan García fue objeto de una conspiración criminal, como será demostrado en su oportunidad.

Fuente: Diario Expreso Escribe: Luis Gonzales Posada – exministro de RR.EE.