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La crisis silenciosa de las empresas peruanas: la clave está en la digitalización de pagos y cobranzas
A pesar del crecimiento acelerado de la digitalización financiera en el Perú, muchas empresas siguen enfrentando desafíos críticos en la gestión de su liquidez debido a procesos obsoletos e ineficientes en la gestión de facturas. La falta de digitalización en cuentas por cobrar y pagar limita su capacidad de operar con estabilidad y previsión. Según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), el país registró 688 millones de transacciones digitales en el primer semestre de 2024, pero a pesar de este avance, las compañías siguen operando prácticamente a ciegas, con escasa o nula visibilidad sobre su propia salud financiera, la de sus clientes, exponiéndose a retrasos en pagos, riesgos de fraude y dificultades para tomar decisiones estratégicas.
Según datos del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), la tasa de morosidad en el sector de la construcción alcanza el 13,4%, seguida por alojamiento y restaurantes con 8,6%, y comercio con 8,1%. Estos retrasos y el bajo acceso a la información digitalizada termina generando un efecto en cadena de mora, que no solo limita el crecimiento de las medianas y pequeñas empresas en el Perú, si no que mantiene un freno en la economía en su conjunto, afectando también a las grandes empresas a pesar de sus espaldas financieras, limitando el flujo de capital en toda la cadena, la capacidad de inversión y crecimiento del país.
Frente a este escenario, existen empresas que intentan resolver este problema como Flujolink, que llega al mercado con una propuesta diferente, creando la primera red financiera empresarial diseñada para transformar la gestión de cuentas por cobrar y pagar mediante información financiera en tiempo real. A diferencia de otras soluciones, esta red empresarial intenta resolver el problema desde la raíz, conectando a las empresas entre ellas y con la información necesaria para fomentar relaciones comerciales más seguras y estables, optimizando como consecuencia el flujo de caja y reduciendo el riesgo financiero para todas las empresas independiente de su tamaño. Su lanzamiento coincide estratégicamente con el inicio del año fiscal, un momento clave en el que las compañías deben organizar, analizar y proyectar su información financiera para cumplir con sus obligaciones tributarias.
«Miles de empresas cierran cada año no solo por falta de ventas, sino porque no logran gestionar adecuadamente su flujo de caja. Flujolink transforma esta realidad, permitiendo a las empresas digitalizar no solo cobranzas, sino también pagos, entregando visibilidad, automatización e integración sencilla con otras empresas, facilitando que cada decisión financiera se tome con información precisa y actualizada” afirmó Giovanni Medrano Ríos, CEO de Flujolink.
Más allá de conectar a las empresas y garantizar pagos oportunos, Flujolink les permite operar con mayor previsión y seguridad financiera. Su plataforma digitaliza tanto cuentas por cobrar como por pagar, reduciendo la carga operativa, minimizando riesgos y facilitando la gestión del flujo de caja. Con recordatorios inteligentes y portales de autogestión de pago, ayuda a empresas de todos los tamaños a mejorar su estabilidad y su relación con clientes y proveedores.
«Si queremos que el sector empresarial peruano esté en un entorno competitivo a nivel global, es fundamental que cuenten no solamente con soluciones de financiamiento, sino también con procesos de comercialización eficientes y seguros. No se trata solo de digitalizar procesos, sino de conectarlos entre las empresas para fortalecer el flujo de capital del ecosistema en su conjunto, que como un efecto dominó termina fortaleciendo a cada empresa que es parte de la red. Con soluciones como Flujolink, pueden acceder a un ecosistema con estas características, que les puede permitir recuperar hasta el 80% de sus facturas atrasadas en un promedio de 60 días, mejorando la liquidez no solo de la empresa que cobra, sino también de sus proveedores, clientes y socios comerciales, brindando estabilidad tanto a negocios emergentes como a medianas y grandes empresas», destaca Medrano.
El avance de la digitalización financiera en el Perú no solo beneficia a grandes corporaciones, sino que también abre nuevas oportunidades para pequeñas y medianas empresas, emprendedores y startups, permitiéndoles acceder a herramientas que antes solo estaban disponibles para negocios con mayor infraestructura. De esta manera Flujolink lidera esta evolución, conectando negocios de todos los tamaños en una red financiera empresarial que optimiza pagos, reduce riesgos y fomenta un ecosistema más eficiente y colaborativo.
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Desde septiembre, OxI Exprés suma dos proyectos y Servicios por Impuestos no tiene procesos
Mientras Obras por Impuestos marca un récord de S/10 263 millones adjudicados, especialistas señalan trabas de gestión en regiones y piden centralizar las contrataciones de emergencia.
A inicios de septiembre, el Gobierno lanzó OxI Exprés, una versión simplificada de Obras por Impuestos (OxI), y un Servicios por Impuestos (SxI) de emergencia para enfrentar el Fenómeno El Niño. Según ProInversión, el régimen excepcional del Decreto de Urgencia 010-2026 registra solo dos adjudicaciones, por poco más de S/6 millones: la reparación de diques en Ica y el reforzamiento estructural de un canal en Cañete, promovidas por las municipalidades distritales de San José de Los Molinos y Santa Cruz de Flores. En SxI hay 167 intervenciones priorizadas, 22 de ellas de emergencia, pero ningún proceso de selección activo. Gonzalo Pereyra, presidente ejecutivo de ProBienes Capital, comentó: “Todavía falta ver más movimiento [de adjudicaciones]”.
Los especialistas apuntan a razones sobre todo de gestión. Karen Ángeles, socia de Hundskopf & García Nores Abogados, recordó que las convocatorias las realiza cada entidad pública y que, en el cambio de administraciones, “no quieren comprometerse, lo que llevará el asunto hasta enero”. Propuso que ProInversión centralice las contrataciones de emergencia hasta que los nuevos funcionarios se adecúen. ProInversión indicó que debe esperar los documentos base que las entidades envíen tras contratar directamente el servicio. Sobre la intervención de la Contraloría durante el proceso, y no antes de adjudicar, Pereyra afirmó: “Tiene sentido la excepción, pero el reto está en acelerar las cosas a nivel regional y local”.
El mecanismo llega con respaldo. Hasta el 22 de octubre se adjudicaron 761 intervenciones OxI por S/10 263 millones en 2026, tres veces el monto del mismo periodo de 2025, y el 64% de las 374 entidades que lo usaron lo hizo por primera vez. El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, indicó a Gestión que se promoverá el “Saldo de Obras por Impuestos”, sin nueva normativa. Ángeles y Pereyra consideran que el plazo para sumarse, hasta el 31 de diciembre de 2027, podría ser corto, pues la reconstrucción posterior al fenómeno toma tiempo.
Fuente: Gestión
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Minem reemplaza inspecciones en campo por revisión de documentos para autorizar a mineros informales
El decreto se publica a menos de dos meses del vencimiento del Reinfo, con el objetivo de reducir tiempos y costos, mientras el Ejecutivo propone una nueva ley para la pequeña minería.
El Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) vence el 31 de diciembre de 2026, según la Ley 32537, y el Gobierno ya anunció qué quiere después: una nueva Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE) y su reglamento. Según sus considerandos, la propuesta eliminaría la protección legal de algunos operadores que, bajo la condición de informales, estarían haciendo minería ilegal. El ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, declaró a RPP: “El Reinfo hoy día, tal como está, tiene un paraguas legal que protege sobre todo a los mineros ilegales”. “No vamos a hablar de los mineros informales que quieren trabajar bien y vamos a ayudarlos para que se formalicen”, añadió.
En paralelo, un decreto supremo publicado el 2 de noviembre en El Peruano cambió la forma en que el Minem verificará los requisitos de quienes piden autorización para operar. La Dirección General de Formalización Minera revisará la información y los documentos desde una oficina, en lugar de basar la verificación en una inspección en el lugar donde trabaja el minero. La norma modifica el artículo 32 del Decreto Supremo 018-2017-EM y exige comprobar las condiciones del artículo 31, antes de otorgar la autorización de inicio o reinicio de actividades de explotación o beneficio y el título de concesión de beneficio.
Los considerandos justifican el cambio en la necesidad de simplificar el trámite: “Reducir los tiempos de evaluación y los costos asociados, sin comprometer la rigurosidad técnica de las evaluaciones”. El decreto añade que, si una autorización se emite sin cumplir lo exigido, la autoridad competente deberá declararla nula, conforme a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Es decir, el procedimiento se agiliza, pero se mantiene la obligación de comprobar que se cumplan las condiciones.
Fuente: RPP
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