Acusan a empresas chinas de operar sin cumplir programas de trabajo ni pagar regalías mientras Petroperú es asfixiada.

Pantigoso y Guzmán bajo la lupa por presunto direccionamiento de procesos, irregularidades en el Lote VI y blindaje legal con fondos públicos.

Nuevas y graves denuncias revelan el funcionamiento de una presunta red de corrupción enquistada en Perupetro que no solo habría paralizado lotes petroleros estratégicos, sino que además habría favorecido irregularmente a empresas chinas en procesos de calificación y adjudicación, debilitando deliberadamente a Petroperú y afectando la soberanía energética del país.
Uno de los casos más emblemáticos es el Lote VI, que permaneció cerrado durante meses debido a un proceso de calificación que se extendió por más de dos meses, retraso que finalmente terminó con la negativa del postor ganador a firmar el contrato.
Sin embargo, fuentes del sector advierten que en otros procesos, vinculados a empresas chinas, las calificaciones se habrían realizado en apenas quince días, aceptando documentación incompleta, con papeles fotocopiados y sin los sellos oficiales ni apostillas requeridas por ley.
Estas irregularidades han puesto en el centro de los cuestionamientos a Carlos Pantigoso y a Roberto Carlos Guzmán, secretario del Directorio de Perupetro, señalados como la “dupla siniestra” que habría manejado de forma discrecional los procesos contractuales dentro de la entidad. Especialistas del sector consideran que estos hechos ameritan una investigación penal inmediata por presunto direccionamiento, negociación incompatible y colusión.
Las denuncias no terminan ahí. Según información recogida por este diario, Perupetro habría contratado hasta seis estudios de abogados para defenderse de investigaciones fiscales en curso, utilizando recursos públicos para blindar a funcionarios cuestionados, en lugar de aclarar las presuntas irregularidades cometidas durante su gestión.
Asimismo, trabajadores y analistas del sector hidrocarburos alertan sobre el creciente poder de empresas chinas en el sector energético, a las que califican como “la nueva
Odebrecht”, por su capacidad de influir, imponer condiciones y operar con escaso control estatal tanto en Hidrocarburos como en Electricidad. En varios de los lotes adjudicados durante la gestión de la mafia de Pantigoso, se habría constatado el incumplimiento de los programas mínimos de trabajo, especialmente en los reacondicionamientos de pozos (Workovers – WO’s).
Peor aún, se denuncia que en estos lotes las regalías no se estarían pagando de manera regular, con esquemas discrecionales en los que “a veces se paga y a veces no”, generando pérdidas millonarias para el Estado y afectando directamente a las regiones productoras, que dejan de percibir canon y recursos para obras públicas.
Este escenario se produce mientras Petroperú es sistemáticamente marginada de la operación de lotes estratégicos y se impulsa, desde el Ejecutivo, una política de privatización encubierta que busca justificar su debilitamiento financiero. La combinación
de corrupción interna, favoritismo a empresas extranjeras y blindaje legal estaría configurando uno de los mayores escándalos en la historia reciente del sector energético peruano.
Gremios del sector, especialistas y exfuncionarios han exigido que la Fiscalía, la Contraloría y el Congreso investiguen a fondo estas denuncias y determinen responsabilidades penales y administrativas, advirtiendo que la impunidad solo profundizará la crisis de la industria petrolera nacional y condenará al país a una mayor dependencia energética.