“Los ciudadanos no queremos empresarios en el Congreso o en el Ejecutivo. No queremos que los intereses de ellos se mezclen con los intereses de la cosa pública”.

Solo el 31 % de encuestados está a favor de que los empresarios asuman responsabilidades en cargos de alto nivel en el gobierno. De los empresarios, en cambio, el 64 % está a favor, según una consulta de Ipsos Perú, encargada especialmente (“Perú 21”, 26/10/2023).

Los ciudadanos encuestados piensan en sentido opuesto a los empresarios consultados. Igual sucede cuando se pregunta si deben postular al Congreso. Solo el 32 % de la ciudadanía está de acuerdo, pero, de los empresarios, lo está el 66 % de los encuestados.

Hay que distinguir, por supuesto, a los empresarios de los ejecutivos en las empresas. La migración de ejecutivos puede ser algo bueno, si se garantiza el rompimiento (o la vigilancia sobre) los vínculos con la empresa de aquellos ejecutivos que pasaron del sector privado al público.

La ciudadanía intuye, sin embargo, que algo todavía más peligroso ocurre en el caso de los empresarios. Para la gran mayoría, estos no deben cruzar la frontera.

La ciudadanía tiene razón. La tarea del empresario no es “participar” en política. Hay que separar a la empresa del Estado, así como se separa a la Iglesia del Estado. Superamos la Edad Media cuando hicimos esa nítida separación.

Por las mismas razones y en la misma medida, la empresa debe estar alejada y separada del Gobierno. Los intereses de las empresas son particulares y específicos y no deben, de ninguna manera, mezclarse con el manejo de los asuntos públicos, o sea, los asuntos de todos.

La empresa cumple una función importantísima y necesaria en la economía. En un contexto de libre concurrencia, esta función genera un uso óptimo, eficiente, de los recursos, escasos por definición.

Cuando no hay competencia, no se produce el mejor uso posible de los recursos. Si el gobierno usa su poder o las leyes para reducir la competencia, crea ventajas artificiales. Reconduce el uso de los recursos, según quien ejerza el poder.

El Congreso es hoy una institución atravesada por intereses particulares, atravesada de complicidades y permeable a la corrupción. ¿Ahí quiere llegar el 66 % de los empresarios?

Dirán que es para cambiar las cosas. Y mentirán, porque, en realidad, no saben cómo hacerlo. Y quizá ni les interese.

Los ciudadanos no queremos empresarios en el Congreso o en el Ejecutivo. No queremos que los intereses de ellos se mezclen con los intereses de la cosa pública.

La principal tarea de un empresario es generar utilidad. El empresario busca la ganancia al combinar los factores que intervienen en la producción.

Cuando un empresario obtiene ganancia, paga a los factores que, sin él, no tendrían uso o tendrían un uso menos productivo. La sociedad gana cuando se usan menos recursos para obtener mayores resultados.

La tarea empresarial es suficiente tarea y suficientemente buena. Los empresarios son, por supuesto, libres de hacer lo que quieran. Deben saber, sin embargo, que la ciudadanía sabe el lugar al que pertenecen.

Demanden justicia, seguridad y libertad. Todo lo demás es pedir ventaja particular. Sabemos a dónde llegan esos intereses: a la regulación, a la ley, al Gobierno. Ahí donde no deben estar.

Aléjense de la tentación, empresarios, y cumplan con la rigurosa misión de producir ganancia. Nada más.

Fuente: El Comercio – Federico Salazar periodista