Rafael López Aliaga anunció la toma de los peajes y no pasó nada. Su entorno anuncia una estrategia legal oculta. Podría no tenerla.

No hubo toma de Lima, pero hay Rutas de Lima, escritas sobre brea y asfalto, para ira santa de nuestro alcalde Rafael López Aliaga. RLA ha declarado la guerra a RdL –distingan ambas abreviaturas, por favor- que es el concesionario que maneja la Panamericana Sur hasta Lurín, la Panamericana Norte hasta Ancón y la Ramiro Prialé hasta Dios sabe dónde, pues de los 29 km proyectados solo existen los 9 que acaban en un cuello de botella que desemboca en la Carretera Central, en espera de que el tramo inconcluso sea liberado de interferencias para proceder a su conclusión. Pero esa falencia de 20km – ¡no es poca cosa! – no es motivo de la bulla. Son los peajes.

RLA, en el furor de su campaña, cuando se presentaba a sí mismo como ‘Porky’, prometió muchas veces que acabaría con la corrupción de Odebrecht, sus peajes y casetas. ‘Satanás no puede cobrarnos peajes, pues’, fue el razonamiento invocado. Ahora bien, RdL ya no está manejada por Odebrecht, pues en el 2016 la brasilera vendió el 57 % de sus acciones a Brookfield Asset Management, un fondo de inversiones canadiense, y se quedó con un 25 %. Brookfield, según me lo comentó una vez alguien de esa empresa, hubiera comprado el 100 %, pero ello lo impedía una cláusula del contrato que estipula que no puede haber cambios accionarios drásticos sino se completan las obras, como los 20 km de la Prialé y un intercambio vial en la Avenida Canta Callao, para solo citar dos. Por cierto, Brookfield ha pedido a la MML modificar el contrato para que se permita redondear la compra. Por eso, el ministro de Economía, Álex Contreras, declaró que era importante “sacar a Odebrecht” de la escena. Apuntaba a ese sinceramiento contractual.

El laudo arbitral del segundo arbitraje interpuesto por Rutas de Lima descarta las alegaciones de corrupción por no estar probadas. El fiscal Rafael Vela Barba participó como testigo de la colusión entre Odebrecht y gestiones anteriores de la MML; pero no hay sentencia sobre el caso.

Que Brookfield sea ahora la gestora no ha sido obstáculo para que la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) alegue, desde antes de RLA que, en el contrato firmado por la gestión de Susana Villarán en enero del 2013, en su única adenda y en varios de los 31 acuerdos extracontractuales suscritos durante la gestión de Villarán y de la subsiguiente de Luis Castañeda; hubo corrupción y ello debe ser causal de nulidad de todo lo acordado.

Ojo, la MML no ha iniciado un proceso denunciando corrupción ¿Dónde consta su grave alegato, entonces? Pues en su defensa ante los dos arbitrajes que ha interpuesto RdL para ser resarcida por el desmontaje del peaje de la Panamericana Norte en sentido a Ancón en el 2017, que se hizo durante la gestión de Castañeda tras protestas de vecinos y usuarios frecuentes. El peaje de norte a sur sí funciona y fue precisamente uno de los que prometió tomar López Aliaga, con ayuda del pueblo y de la fuerza, el 29 de julio. El plazo no era gratuito, fue establecido, con aplausos de la galería, en una sesión histórica del Consejo Municipal el 19 de enero, cuando se declaró unilateralmente la caducidad del contrato. Palabras altisonantes y acción abortada. No hubo ‘toma de Lima por Porky’. Lo que hubo fue un tercer arbitraje planteado por RdL que, el 13 de junio, emitió una medida cautelar rechazando la caducidad.

Quiero ser árbitro

La MML está silenciosa. He llamado y escrito pidiendo sus aclaraciones, pero no he pasado de conversaciones off the record con funcionarios que me invitaron a sumar fuerzas contra la corrupción de Odebrecht. Más o menos, dicen lo que el incómodo teniente alcalde Renzo Reggiardo, pillado el jueves por el enjambre de micrófonos, balbuceó: ‘no se preocupen, tenemos una estrategia que no podemos revelar, ya lo sabrán’. Rennán Espinoza, alcalde de Puente Piedra, excongresista y ducho político, no tiene compromisos con RLA y habla con franqueza: “Durante la campaña, Rafael [López Aliaga] hablaba de los peajes y supuse que tenía una estrategia. Luego vino lo de la decisión de la caducidad y le escribí preguntándole cuál era la estrategia. Me dejó en visto. Según lo que él declaraba, no se veía otra posibilidad que la fuerza bruta y tendría que ser bien bruta. Nosotros solo convocamos a un plantón pacífico”. ¿Y luego del 29 ha hablado con él? “No, fui a la inauguración de la prolongación de la Avenida Naranjal en San Martín de Porres, porque sabía que él estaba invitado, pero canceló una hora antes. Sentí que se está corriendo”.

Ciertamente, hay elementos de convicción para sostener que funcionarios de Villarán se coludieron con Odebrecht para hacer un contrato a la medida de la empresa. Villarán ya afrontaba la campaña de revocatoria y, según declaraciones de funcionarios de Odebrecht, respaldadas por ‘codinomes’ en su planilla secreta, no solo hubo jugosos aportes clandestinos, sino pago de coimas. Recientemente, los fiscales han formalizado la acusación.

Sin embargo, esto que es historia e indignación viva, no impacta en los árbitros. Con excepción de Elvira Martínez, árbitro peruano, escogida por la MML (de acuerdo a las normas de arbitraje, no está obligada a parcializarse, pero ha tenido votos singulares parcialmente favorables al municipio); los otros árbitros no han considerado la corrupción en frío. En el segundo arbitraje, ya laudado en diciembre, se rechaza explícitamente el alegato de la MML (ver extracto del laudo) que pide declarar la nulidad por los delitos que investigó la fiscalía. El fiscal Rafael Vela Barba fue testigo a pedido de la MML, pero los árbitros se mantuvieron en sus trece. Mientras no haya una sentencia firme, al menos en primera instancia, será difícil convencerlos. Con las cláusulas anticorrupción de los contratos de los últimos años, bastante amplias en sus supuestos, sería más fácil conseguir una nulidad; pero el contrato del 2013 no las tiene. Una conclusión preliminar a modo de pregunta ¿Por qué la MML no esperó a contar con una sentencia antes de lanzarse a la piscina vacía de la caducidad?

En esta batalla, López aliaga está casi solo. Al gobierno le sobran peleas, y no se quiere comprar una ajena. El ministro de Economía, Álex Contreras, contó que se ha reunido con ambas partes y remató: “Confío en que el alcalde, la decisión que pueda tomar, sea en estricto respeto del marco legal”. Mayor razón para el silencio de RLA, preparando un retroceso con control de daños o, fiel a su estilo, listo para dar un nuevo golpe. Noté un pequeño paso atrás, parcial y tímido, al hablar con un funcionario de la MML. El 6 de julio, López Aliaga no huyó de las cámaras, se acercó a ellas porque quería soltar una bomba: “Lo informo como primicia, cada persona de este tribunal [el del tercer arbitraje que expidió la medida cautelar] ha cobrado $500 mil”. El tono y el contexto dieron a entender que el alcalde, en modo ‘Porky’, estaba acusando a los árbitros de haber sido coimeados por RdL.

En este pasaje del contrato suscrito en enero del 2013 queda prohibida la implementación de puntos de fuga hacia vías alternas, que no están proscritas.

En este pasaje del contrato suscrito en enero del 2013 queda prohibida la implementación de puntos de fuga hacia vías alternas, que no están proscritas.

¿Dijo tal cosa? Según el funcionario de la MML con quien hablé, RLA no lo dijo. Mi interlocutor tenía razón. Los árbitros cobran un porcentaje del monto en disputa y en este caso, al final del arbitraje, recibirían como honorarios una cantidad similar a la mencionada por el alcalde. Si a ese pago se refería, no hubo difamación. Pero el procurador de la MML, Luis Moreno Berríos, ha interpuesto una denuncia contra los árbitros por cohecho, que indicaría que RLA al menos insinuó, en doble sentido, que los árbitros se coludieron con RdL. La denuncia ha provocado que Elvira Martínez Coco, la árbitro escogida por la MML, renuncie. La MML tiene que reemplazarla; si no, el centro de arbitraje nombrará a otro árbitro. El documento de la denuncia, presentado parcialmente en “Punto Final”, acusa a RdL de haber influido en los árbitros. Quise preguntar a la MML si tenían pruebas de aquello, pero no tuve suerte. Quizá sea parte de la estrategia oculta.

Puntos de fuga

Dije que López Aliaga no estaba solo, sino casi. Ha recibido una ayuda, pero no es ni muy entusiasta ni, mucho menos, vinculante. El defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, se sentó junto al alcalde y declaró que el contrato debe considerarse nulo por razones de corrupción. RLA lo invitó a que lo acompañara en la ‘toma’ de las casetas, cosa que ya saben que no sucedió. Lo que sí hizo la Defensoría fue el informe “El Caso de la Concesión de Vías Nuevas de Lima y la Afectación al Interés Público: una aproximación a partir de la vulneración de derechos fundamentales”. Una de sus conclusiones es que “la inexistencia de una vía alterna a la unidad de peaje Chillón [en la Panamericana Norte] y de la prohibición de su instalación, vulnera el derecho al libre tránsito”.

En rigor, no hay prohibición de construir vías alternas. He leído el contrato y ni siquiera se mencionan estas vías. Lo que está prohibido es la existencia de ´puntos de fuga’ que lleven a esas vías de tal forma que se eviten los peajes. En la Panamericana Sur, por ejemplo, hay vías alternas, muy próximas a la autopista, que en condiciones no muy desfavorables permiten evitar los peajes. Se trata de ‘la antigua Panamericana Sur’ que corre paralela, sin puntos de fuga. Hay uno, informal, a la altura del peaje de Villa, que permite ‘bypassear’ las casetas por el balneario Venecia y un tramo de trocha que desemboca a la autopista. No solo RdL está reclamando a la MML que cierre ese paso, sino los vecinos que soportan un tránsito inusual de camiones y taxis desviados.

La Panamericana Norte no tiene vía alterna que merezca tal nombre. Los que quieren evitar el peaje toman grandes e irregulares desvíos, hasta cruzar un puente sobre el río Chillón, y atravesar medio distrito de Comas por distintas vías. El alcalde Espinoza, de Puente Piedra, me comentó de un viejo anhelo de su distrito y de Comas, de construir un puente más próximo a la carretera. RdL no podría objetar ninguna construcción de puente o vía alterna, pero objetaría que se habiliten puntos de fuga que permitan evitar rápidamente el peaje. En realidad, la formulación sobre esos puntos en el contrato, es tan amplia que limita la funcionalidad de las vías alternas a que corran paralelas en tramos bastante largos, sin conexión de entrada y salida con la autopista concesionada.

El alcalde Espinoza, por ejemplo, me habló de la posibilidad de mover la caseta de peaje más hacia el sur, próxima a Los Olivos, de modo tal que el tránsito dentro de Puente Piedra, a través de la Panamericana, no resulte oneroso. RdL estaría encantado con esa opción pues acercando la caseta a la ciudad tendría mucho más flujo pagando peaje; pero los vecinos de Comas y Los Olivos pondrían el grito en el cielo. Tampoco se ha hablado mucho del redondeo de tarifas hecho, según el informe de la Defensoría, sistemáticamente a favor de la empresa. En algunos casos (ver cuadro), más que un redondeo, es un velado aumento. Hay mucho, pues, por reclamar y negociar, respetando semáforos y pasos de cebra. Pero el alcalde prefirió la guerra vial.

Fuente: El Comercio – Fernando Vivas.