Con el objetivo de reforzar la lucha contra el tráfico ilícito de drogas en los puertos del país, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) y la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida) realizaron el curso “Análisis e Interdicción del Tráfico Ilícito de Drogas por Vía Portuaria”, dirigido a los equipos de control del Terminal Portuario Multipropósito de Chancay.

El curso, realizado con el apoyo de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), busca contribuir a erradicar dicha actividad que afecta la competitividad del comercio exterior al generar pérdidas económicas para las empresas exportadoras, retrasos logísticos e incumplimientos de embarques.

El programa incluyó formación teórica y práctica sobre la identificación de organizaciones criminales transnacionales, modalidades del narcotráfico marítimo, delitos conexos, así como contenidos esenciales relacionados con la seguridad portuaria y la protección de la cadena logística.

“Las actividades ilícitas dentro de la cadena logística de comercio exterior afectan la imagen del país en los mercados internacionales. Frente a ello, es imprescindible reforzar nuestras capacidades técnicas y consolidar el trabajo articulado entre las instituciones. Esta coordinación es la que nos permitirá avanzar con firmeza en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas y asegurar la integridad de nuestra cadena logística,” afirmó el viceministro de Comercio Exterior, César Llona.

Con esta iniciativa, el Mincetur reafirma su compromiso de impulsar acciones articuladas y programas de capacitación especializados que contribuyan a consolidar un puerto seguro y eficiente, garantizando la protección de la carga y fortaleciendo la competitividad del comercio exterior peruano.

La ampliación hasta 2027 y la reincorporación de 50 mil operadores excluidos desatan críticas de gremios y expertos, que advierten el uso del registro como una medida populista preelectoral.

La Comisión de Energía y Minas del Congreso aprobó con 17 votos a favor la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta diciembre de 2027. Esta es la quinta prórroga de un mecanismo creado en 2012 con carácter temporal, para ordenar la pequeña minería y la minería artesanal, y que hoy es visto por analistas y gremios como una vía directa para prolongar la impunidad de la minería ilegal. La decisión contempla, además, reincorporar a más de 50,000 operadores que habían sido retirados por inactividad.

La reacción del sector no se hizo esperar. Para Julia Torreblanca, presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), la decisión «constituye un retroceso dentro del proceso de formalización minera» y consolida al Reinfo como «un escudo para actividades ilegales». Añadió que es clave que la ciudadanía identifique “quiénes son los que, por intereses propios, favorecen a la minería ilegal”.

Desde el Observatorio de Minería Ilegal, Karina Garay calificó la aprobación como inaceptable, pues ignora el mandato del Tribunal Constitucional y fortalece un régimen que ha sido utilizado por organizaciones ilícitas para operar sin fiscalización efectiva. Garay advirtió que la ampliación debilita gravemente la capacidad del Estado y “compromete los avances del Alto Comisionado y las Fuerzas Armadas”, al obligar a redistribuir recursos de interdicción en zonas críticas como Tambopata y Pataz, donde la minería ilegal está vinculada al crimen organizado, la trata de personas y redes transfronterizas.

La crítica también llegó desde el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP). Gustavo De Vinatea, su gerente general, aseguró que el Reinfo es “el mayor error del país en materia minera” y alertó que, de mantenerse este modelo, “vamos a acabar como un Estado tomado por la minería ilegal”.

Con la ampliación pendiente de votación en el Pleno del Congreso, gremios y expertos intensifican su llamado a la responsabilidad política. Torreblanca exhortó al Parlamento a evaluar con rigor las consecuencias de la prórroga, mientras Garay pidió al Ejecutivo adoptar una posición firme y observar la medida si el Congreso insiste en aprobarla. Ambas recordaron que la formalización no puede seguir siendo postergada por decisiones que, lejos de ordenar el sector, afianzan la impunidad en un contexto donde el crimen organizado ha ganado terreno en varias regiones del país.

Fuentes: Gestión, La República, El Comercio y Rumbo Minero