La aprobación de la La aprobación de la Ley de Amnistía por parte de la Comisión Permanente del Congreso ha generado una profunda controversia en el país. La ley, que permite la prescripción de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra ocurridos antes de 2002, ha sido aprobada con 15 votos a favor y 12 en contra en su segunda votación. Este resultado refleja una división significativa en el Congreso, con Fuerza Popular y otras bancadas apoyando la iniciativa, mientras que partidos como Perú Libre y el Bloque Magisterial se opusieron vehementemente.

Ley de Amnistía por parte de la Comisión Permanente del Congreso ha generado una profunda controversia en el país. La ley, que permite la prescripción de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra ocurridos antes de 2002, ha sido aprobada con 15 votos a favor y 12 en contra en su segunda votación. Este resultado refleja una división significativa en el Congreso, con Fuerza Popular y otras bancadas apoyando la iniciativa, mientras que partidos como Perú Libre y el Bloque Magisterial se opusieron vehementemente.

La negativa a reconsiderar la votación, a pesar de los intentos de algunos congresistas, subraya la determinación de ciertos sectores políticos para avanzar con esta polémica ley. La propuesta, impulsada por Fuerza Popular y Renovación Popular, había sido aprobada previamente en la Comisión de Constitución y recibió un considerable apoyo en su primera votación. Sin embargo, la falta de consenso y las acusaciones de impunidad han marcado todo el proceso legislativo, revelando profundas fracturas políticas y sociales.

Las reacciones adversas no se hicieron esperar. Entidades nacionales e internacionales, como la Corte IDH y la CIDH, han expresado su rechazo a la ley, señalando que contraviene obligaciones internacionales y compromete la búsqueda de justicia para las víctimas de violaciones a los derechos humanos durante el período de violencia política en el Perú. La firme oposición del Ministerio Público y de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos también subraya el amplio repudio a la medida dentro del país.

En este contexto, la aprobación de la Ley de Amnistía representa un retroceso en los esfuerzos por garantizar justicia y reparación para las víctimas. El apoyo a esta ley, pese a las advertencias de organismos internacionales y la oposición de diversos sectores, pone en peligro el compromiso del Perú con los derechos humanos y la memoria histórica. Es crucial que las autoridades y la sociedad civil continúen vigilantes y activos en la defensa de los principios de justicia y verdad, fundamentales para la consolidación de una democracia plena y respetuosa de los derechos de todos sus ciudadanos.

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