En el Perú, cada año se reportan alrededor de 70,000 nuevos casos de cáncer y 35,000 fallecimientos asociados, según el estudio del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (2020). A raíz del Covid-19, la atención a otras enfermedades se ha visto afectada, como la de los pacientes oncológicos. Ello ha generado que disminuyan los chequeos preventivos y aumente la cantidad de pacientes que inician tratamiento en estados avanzados de cáncer, incrementando las defunciones en el mediano plazo.  

A un año de la aprobación de la Ley Nacional de Cáncer, las medidas previstas para la atención integral de pacientes oncológicos aún no se hacen efectivas y la tasa de supervivencia disminuye en 2% por cada mes de retraso. Según un estudio de APOYO Consultoría, se han registrado más de 81 mil atenciones en etapa avanzada no realizadas; y más de 21 mil atenciones por diagnóstico que tampoco fueron ejecutadas.

Actualmente, más del 60% de los casos de cáncer corresponden a estadíos III y IV; y tratar la enfermedad en una etapa avanzada resulta más costosa. Por ejemplo, el cáncer de mama en estadío IV cuesta el doble que tratarlo en una etapa inicial o estadío I. De igual forma, la interrupción de tratamientos aumenta las defunciones en el corto plazo. 
¿Qué impide la ejecución de la Ley Nacional de Cáncer?
Si bien en el mes de marzo se publicó el reglamento de la Ley Nacional de Cáncer, evidenciando la voluntad del gobierno de hacer efectivos los beneficios que se reconocen a los pacientes, lo cierto es que aún quedan medidas por adoptar para que su implementación sea una realidad. 

Al respecto, Ángela Flores, Directora ejecutiva de la Asociación Nacional de Laboratorios Farmacéuticos (ALAFARPE) señala que, para garantizar la cobertura universal, gratuita y prioritaria de los servicios de salud para todos los pacientes oncológicos, se requiere un incremento de presupuesto en el Programa de Prevención y Control de Cáncer. Más aún, cuando el presupuesto de apertura, para este año, se redujo en 18% con respecto al año 2021.

“Por ello, resaltamos que es necesario garantizar la asignación de recursos en la Ley de Presupuesto 2023 para lograr la efectiva implementación de la Ley y así podamos salvar vidas y dar atención oportuna y de calidad”, dijo Flores, quien agregó que asignar un presupuesto menor ocasionaría efectos graves en la calidad de atención a pacientes por dos motivos: la atención de pacientes en estado avanzado genera un mayor costo y hay una mayor cantidad de afiliados al Sistema Integral de Salud (SIS). 
Por último, ALAFARPE menciona que otro paso importante es cumplir con las disposiciones y plazos establecidos en el reglamento que garantizan aspectos como: 

Uniformizar la cobertura de tratamientos innovadores en los diferentes prestadores de servicios de salud como derecho de los pacientes. 

Realizar Evaluaciones de Tecnologías Sanitarias multicriterio, donde se evalúen los beneficios que tendría el paciente al recibir un nuevo tratamiento como su efectividad, la calidad de vida que tendría y los años de vida ganados. 

Descentralizar el acceso a diagnósticos y tratamientos a través de la Red Oncológica Nacional para la atención de pacientes oncológicos.  

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