El director de Videnza, Luis Miguel Castilla, se pronunció con respecto a los daños que sufre la economía por el populismo y la convulsión social.   En una columna, Luis Miguel Castilla sostiene que el impacto que ha sufrido y sufrirá la economía por la crisis social es algo que debe entrar en las prioridades del gobierno. “El Gobierno intenta acelerar el avance del Plan Nacional de Infraestructura Sostenible solicitando facultades legislativas en el congreso que será debatido esta semana en la comisión de economía. Con este plan se busca agilizar la ejecución de 72 proyectos por S/ 127 mil millones”, sostuvo. Asimismo, afirmó que no es posible pensar en un crecimiento económico sin hablar del entorno político y social que lo sostiene. “Cualquier plan para reactivar la economía se ve afectado por decisiones que solo responden a la demagogia y que en algunos casos atentan contra la seguridad jurídica, ahuyentando la inversión privada. Como por ejemplo, la decisión de la Municipalidad de Lima de caducar tres concesiones viales invocando “el interés público””, recordó. Finalmente, resaltó las demandas que está sumando el Estado también perjudican a la economía nacional. “Según el Ministerio de Economía y Finanzas, se han sumado 27 demandas nuevas en contra del Estado en los últimos años, estimándose que la contingencia fiscal máxima que enfrenta el Estado ascenderá a 3.2% del PBI”, explicó.

Analista sostiene que nuevo sondeo de opinión “es un golpe” para la presidenta y el Parlamento.   Peruanos aseguran que nuevas elecciones es la salida para la crisis política y social que se vive en el país. El Perú vive en una crisis política y social desde el inicio del gobierno de Dina Boluarte y la última encuesta de Datum evidencia que el 71% de los peruanos quiere el cierre del Congreso y la renuncia de la mandataria, pues creen que así se acabarán las protestas y bloqueos de carreteras que están afectando a millones de compatriotas en todo el país. En otra consulta a los encuestados, el 76% desaprobó la labor de Boluarte y solo el 16% se muestra a favor de las acciones de la mandataria y la situación del presidente del Congreso, José Williams, no es diferente. Él cuenta con el 69% de desaprobación y el 18% lo aprueba. En este último sondeo también sostiene que en el centro y el sur del país el pedido de renuncia de Dina Boluarte y el cierre del Congreso es más contundente con el 87% y 83%, respectivamente. Las manifestaciones y protestas que mantienen en vilo al actual gobierno también formaron parte de esta encuesta. El 37% considera que el conflicto social que afecta al país es molesto, el 23% se siente frustrado, mientras que otros manifestaron que le es indiferente (4%). Asimismo, sobre el motivo de fondo de las movilizaciones, el 29% considera que son peruanos que quieren cambiar al Perú, otro 25% sostiene que es para exigir mayor presencia del Estado.

La entidad busca cerrar brechas de infraestructura acercando a las autoridades subnacionales a los mecanismos de inversión público-privada.   En el tercer y último día de Rumbo a PERUMIN, José Salardi, director ejecutivo de ProInversión, indicó que existe una brecha gigante en el país en cuanto a infraestructura y los recursos son escasos. Por lo cual, cerrar esa brecha de manera eficiente va a tomar muchos años, pero es necesario empezar ese camino. “En ProInversión estamos en un trabajo arduo con gobernadores, e incluso alcaldes distritales, para acercarlos a las modalidades que tenemos para generar infraestructura”, señaló Salardi.   En esa misma línea, resaltó que este es el momento preciso para conversar con las autoridades que acaban de iniciar su gestión y tienen 4 años en adelante. Consideró importante agilizar el diálogo para sentar las bases de los proyectos que permitan a la población contar con los servicios que se merece, pero también muy importante el capital privado para invertir. “Tuve la oportunidad de reunirme con un gobernador hace poco y me mencionó todas las ganas y predisposición de ingresar a su localidad, que los proyectos se puedan desarrollar, la apertura total a la inversión privada, pero sin un sol de canon. Entonces, ahí solo queda el ingenio y la creatividad”, indicó. Con ello, hizo referencia a lo valioso del canon para nuestro país y la necesidad de repensar en su distribución, porque hay regiones que quizás van a quedar rezagadas en esa línea.

Durante Rumbo a PERUMIN, se presentaron las alternativas para mejorar la ejecución del gasto en el territorio.   La planificación prospectiva del desarrollo, la migración a mecanismos de ejecución más eficientes y orientados a resultados, y la implementación de una carrera pública meritocrática en gobiernos subnacionales con más recursos, fueron las tres propuestas de Milton von Hesse, director de Videnza Consultores, para mejorar el impacto en el territorio. Durante su ponencia en la tercera jornada del evento Rumbo a PERUMIN “Desarrollo Territorial: un desafío para el cierre de brechas sociales”, desarrolló un análisis en torno a la ejecución de recursos fiscales generados por la minería para el desarrollo de la gente y sus territorios. Esto en línea con el concepto de desarrollo territorial, un enfoque de trabajo propuesto por la industria minera. “El desarrollo de las propuestas tienen claro la identificación de objetivos estratégicos y brechas, así como el correcto mapeo de los identificadores de estas y los proyectos en torno a ellas. En ese sentido, esto permitirá definir, medir, identificar, modificar y lograr un correcto desarrollo del territorio”, detalló el economista. Asimismo, von Hesse también mencionó que se deben desplegar los proyectos especiales de inversión pública (PEIP), ya que permiten autorizar la contratación de personal altamente calificado, utilizar modelos contractuales modernos, entre otros. “Se deben tener funcionarios públicos competentes. Según SERVIR, menos del 10% de los servidores que trabajan en el Estado cuenta con un nivel óptimo para desarrollar su función. Debido a ello es fundamental que las carreras públicas se basen en la meritocracia, para contar con trabajadores capacitados y que cumplen sus funciones a cabalidad”, agregó el director de Videnza.

La ex congresista Marisol Espinoza criticó además que el proceso de descentralización no está funcionando por falta de recursos y alta rotación de funcionarios.   En el marco de Rumbo a PERUMIN, la jefa del Centro de Estudios Constitucionales y Parlamentarios, Marisol Espinoza, atribuyó que la lenta ejecución de recursos públicos se debe a autoridades que no tienen conocimiento de la administración pública, debido a que la mayoría son nuevos e ingresan por primera vez a la vida política. “Por lo tanto, requieren un acompañamiento que les brinde las herramientas básicas para saber qué pueden hacer y qué no, y además limitarse al marco de la ley. Aparte, otro problema es que no tienen proyectos en estos momentos, ya que estos se vencen al cabo de seis meses y deben recurrir a los ministerios para solicitar apoyo”, analizó. Asimismo, lamentó que el vía crucis de las autoridades locales es el cierre de brechas, como la necesidad de servicio de agua y saneamiento para el consumo humano y la actividad agropecuaria. Igualmente, enfatizó que para el desarrollo territorial es necesario construir confianza, ciudadanía y democracia, y así recomponer los vínculos entre sector público, clase empresarial y población, más aún cuando este último manifiesta abandono por parte del Estado y lo responsabiliza por la falta de acceso a servicios básicos y calidad de vida. “Debemos hacer un trabajo muy fino de conectar ciudadanos y autoridades locales con el gobierno central y que este escuche sus demandas, sobre todo en el tema de la distribución del canon en tiempos oportunos”, agregó.

Lima Airport Partners, concesionario a cargo del principal terminal aéreo del Perú, proyecta que este 2023 la cifra supere los 23 millones de pasajeros atendidos.   El 2022 marcó un año de recuperación para muchos sectores comerciales afectados por la pandemia del covid-19. A pesar de las restricciones en enero y la cancelación de algunos vuelos nacionales en diciembre debido a la crisis social, durante el año, más de 18 millones de pasajeros se movilizaron a través del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Según informa Lima Airport Partners (LAP), concesionario a cargo del principal puerto del Perú, la cifra evidencia un crecimiento de 72% frente al 2021, cuando solo se movilizaron 10.8 millones de pasajeros. Respecto al tráfico nacional, se transportaron 11.7 millones de pasajeros en el 2022, es decir, más de 4 millones adicionales o 53% más que en el año 2021 (7.7 millones). Caso similar ocurre con los pasajeros internacionales, que totalizaron 6.9 millones, lo que representó más de 3 millones adicionales o 119% de incremento respecto del año 2021 (3.1 millones). La proyección de tráfico aéreo para este año sugiere ya una consolidación del tráfico en vuelos nacionales, incluso, podría llegar a superar los niveles del 2019. Los vuelos internacionales tienen la oportunidad de seguir creciendo este año, su recuperación se ha acelerado gracias a la reapertura de rutas, el incremento de frecuencias de vuelos e ingreso de nuevas aerolíneas al mercado peruano. Sin embargo, hay otros factores determinantes que podrían frenar este crecimiento como consecuencia de la coyuntura actual, que ha impactado a muchos sectores, como en el caso del turismo y transporte aéreo, sentencia LAP.

El cofundador de Latinometrics y economista por la Universidad de Texas, habló de la desigualdad que enfrentamos como país.   Latinometrics es un boletín informativo que cuenta historias a través de datos que vienen de fuentes públicas, según Ernesto Canales, “República Dominicana, Perú y México se encuentran entre los países más desiguales del mundo por cifras del World Inequality Database (WID)”, especialistas en el tema señalaron que estos datos para medir la desigualdad son imprecisos en el caso de Perú y llevan a una conclusión errónea. En vista de los especialistas que cuestionan los datos del WID, Canales sostuvo que los comentarios contemplan temas que no habían sido contemplados. “Está extraña esa fluctuación en Perú, que haya una fluctuación del 10% de acumulación de ingresos para el top 1%, de año con año; sí indica algo muy drástico sucediendo en el país o que hay algo extraño en los datos. Sería muy beneficioso una discusión con los que armaron esta base de datos para preguntarles cómo es posible que esto esté pasando”, explicó. Finalmente, sobre el gráfico que muestra el ranking de países por ingresos, profundizó en que el informe se basa en ingresos. “Fuimos muy cuidadosos con nuestro lenguaje (…). En el caso peruano, Bigio señala que no se cuenta con datos públicos de riqueza, que no existe un impuesto a la riqueza ni a la herencia (…). A mí me parece que, si no hay datos públicos de riqueza, eso de cualquier forma no desacredita que el ingreso anual que se reporta en el país se está yendo a las manos del top 1%”, dijo.

La entidad monetaria indicó que regiones como Cusco y Puno han registrado una caída importante en sus ventas. También estiman una pérdida de US$600 millones por el ingreso de menos turistas internacionales.   El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) señaló que se viene observando una desaceleración de la actividad económica debido a los bloqueos de carreteras que impiden el traslado de insumos, así como las interrupciones de algunas mineras que se han visto impactadas por las movilizaciones sociales. Adrián Armas, gerente central de Estudios Económicos del BCRP, detalló que la mayor secuela se registra en el sur. Según indicadores preliminares, regiones como Cusco y Puno han tenido una fuerte caída en las ventas de enero. “Ciertamente, la economía está enfrentando un choque negativo importante desafortunadamente. Hay indicadores de desaceleración, sobre todo en la zona sur del país. También indicadores de ventas que muestran un deterioro, sobre todo en las regiones que hay más movilizaciones”, puntualizó Armas durante la presentación del programa monetario de febrero 2023. El funcionario expresó que, si bien es prematuro estimar cuál será el impacto económico final de las protestas, agregó que empresas como Minsur y Las Bambas han tenido paralizaciones, lo cual afecta en la producción minera del país. “Decimos que es prematuro analizarlo porque el impacto final tiene que ver con la duración de estos conflictos. Si es que esos conflictos cesan, el impacto económico de los conflictos, bloqueos, interrupciones, terminan prontamente; eso daría espacio a la economía para que en el resto del año recupere”, afianzó Armas.

Pablo Rioja, abogado constitucionalista, comentó que el proyecto de adelanto de elecciones era un tema que estaba previsto para calmar el pedido de las protestas.   Rioja señaló que es inmoral lo que hace parte del Congreso al pedir que se imponga una asamblea constituyente y solo así este grupo de congresistas estarían a favor del proyecto de adelanto de elecciones generales. “Me parece un acto políticamente calculado de imponer su asamblea constituyente, porque eso se llama imponer no es una voluntad de la mayoría. El país tiene que estar calmado para ir a un proceso constituyente y cuando se pregunta a los representantes de la izquierda, sobre qué debe cambiarse en la constitución nadie responde con claridad”, comentó. Además, Rioja sostuvo que ya no es posible volver a retomar este proyecto de ley, ya que el día de ayer se terminó por archivar el debate de este proyecto. “Las divisiones en el Congreso demuestra la mezquindad política con la que está actuando el Congreso, cinco candidatos para la segunda vicepresidencia del Congreso, cuando lo que se quiere es que se vayan, no para que sigan ocupando puestos para sus propios beneficios.”, agregó. Finalmente, Rioja indicó que no es un buen momento para tocar el tema de una asamblea constituyente porque la población está dividida y porque en un ambiente de crisis no es lo favorable para el país. “Ir a un referéndum por una constituyente es abrir una caja de pandora, mira el país está paralizado en el sur. Hay gente agobiada porque no puede trabajar, ir a una constituyente con la izquierda radical activa en las calles, qué libertad van a tener las personas que quieran hacer campañas para hablar de posiciones en contra”, declaró para Lima Conecta.

Eduardo Contreras, gerente de la Confederación de Juntas de Usuarios de Agua del Perú, comentó que parte del sector agroexportador sigue trabajando.   Contreras señaló que la crisis sigue afectándolos, pero esto no ha detenido completamente las actividades del sector porque aún hay contratos que cumplir y sobre todo porque no pueden perder más producción. “En la gran mayoría de partes no está la policía porque no se da abasto y porque no hay diálogo con estos manifestantes. Esto es un gran perjuicio, tenemos mangueros que no pueden llevar su producto en Cañete, el caso es el mismo. Pero pese a ello nosotros como junta seguimos con nuestras labores ya no al mismo ritmo que antes, pero es lo que podemos hacer”, comentó. Además, Contreras indicó que las pérdidas económicas desde que empezó la crisis son de gran significancia porque también involucra pérdida de empleo. “El perjuicio económico debe ser más de dos mil millones de soles. Sin embargo los pequeños agricultores, medianos e incluso la gran empresa están tratando de recuperar algo de la inversión que han hecho y sin ir muy lejos podemos ver en Ica, el conflicto que hubo en Barrio Chino no permitió a los agroexportadores poder retomar su actividad económica regular”, agregó. Finalmente, Contreras sostuvo que han logrado reunirse con el MIDAGRI y poder resolver uno de sus pedidos, tema que se habría pospuesto por la crisis. “Se ha modificado una ley que nos permite tener mayor desenvolvimiento con el sector agrario y así seguir con nuestras actividades, además de poder generar más empleos y todo esto porque solo tenemos como prioridad mejorar como sociedad sin afectar al resto. Hemos perdido un año y no podemos retroceder, se necesita el compromiso en un gobierno”, declaró para Lima Conecta.