Joseph Campos, abogado, comentó que las personas que hoy piden una asamblea constituyente no están pensando en todo el escenario del país y solo se estarían dejando llevar por un discurso ofrecido sin bases.   Campos señaló que en una crisis nacional es inconcebible pedir o llevar a cabo un referéndum, ya que no solo los manifestantes representan al pueblo. “La constitución previene una fórmula a la que estamos obligados y hoy resulta que son diez mil, veinte mil de treinta y tres millones de peruanos, los que están estableciendo las condiciones, las percepciones de que el pueblo lo quiere y no es verdad, tampoco es correcto que este pueblo no pueda habilitar desde su soberanía”, comentó. Además, Campos sostuvo que una asamblea constituyente sería una pérdida de tiempo para el país, ya que solo provocaría más retraso en la ejecución del presupuesto. “Recordemos que en Chile se dió un caso como este y finalmente después de cuatro años. Estos peruanos que están marchando que una asamblea constituyente puede durar años con el costo de vivir paralelamente un Congreso, porque se da una asamblea constituyente y un Congreso, dos gastos, van a tener congresistas, constituyente y congresistas ordinarios, van a tener por cuatro años a uno y al otro no sé sabe por cuántos años, es un absurdo”, agregó. Finalmente, Campos indicó que la actual constitución evitó que ex presidentes huyan del país sin pasar antes por una investigación por corrupción. “La constitución pone límites y hasta este momento la constitución con todo lo malo que tiene resulta siendo que es la única que ha establecido los límites al poder, sino Pedro Castillo sería un dictador y gracias a esta constitución todos los ex presidentes vivos están presos, investigados, procesos e inhabilitados. Entonces, la constitución no es el problema sino los políticos corruptos”, declaró para Lima Conecta.

Francisco Huerta, economista, comentó que el país necesita trabajar y no mantener más pérdidas, como en el caso de la minera La Bambas.   Huerta señaló que lo único que puede mejorar la situación del país es su trabajo. “El área agrícola, el área agropecuaria, han seguido produciendo el problema es que las carreteras los han interrumpido, pero han seguido produciendo, la agroexportación también ha seguido porque son programas de producción y en algunas zona no han podido llegar los trabajadores y eso al no haber producción tampoco hay alimentos qué consumir, también no hay ingresos para las personas que transportan, el sur ha sufrido más que el norte”, comentó. Además, Huerta sostuvo que las personas realmente quieren seguir trabajando, ya que es el único método que evita que la región siga en la pobreza y desigualdad. “El verdadero peruano está interesado y desesperado en producir, trabajar y no seguir con esta ola de crisis y el más afectado es el pequeño empresario que no puede invertir o producir a causa de esta crisis. Esto afecta el doble porque no estamos en un ritmo de ganancias o de que se haya recaudado lo suficiente, estamos en un ciclo bajo y en pleno auge de materias primas, el año pasado el canon llegó a once mil millones de soles para las regiones, el gobierno ha recaudado un récord histórico de impuestos”, agregó. Finalmente, Huerta indicó que esta situación está provocando que suba la inflación cuando ya se estaba controlando y que posiblemente el BCR en sus próximas reuniones no tenga noticias positivas. “En la próxima reunión mensual que tiene el Banco Central de Reserva vuelva a subir esa tasa de política monetaria y eso hace que continúen los créditos caros y hay empresas que se están endeudando esperando que justamente esta situación mejore y no se da, estas son pequeñas empresas en su mayoría”, declaró para Lima conecta.

Fernando Cilloniz, ingeniero y empresario, comentó que los gobernadores regionales y municipales ya electos, tienen que empezar a gestionar adecuadamente en lugar de dar más espacio a la crisis.   Cilloniz sostuvo que cada región recibe un presupuesto significativo para su gestión adecuada, pero que en muchos casos esto resulta nulo. “Los gobiernos regionales y municipales tienen enormes responsabilidades en el desencanto de la población en general, hay que recordar que los gobiernos regionales tienen la responsabilidad de gestionar la salud pública de sus jurisdicciones y todos sabemos que la salud pública es muy corrupta y muy cruel con las personas, Essalud no se salva de esta crítica, después los gobiernos regionales gestionan todo lo que es educación estatal”, comentó. Además, Cilloniz indicó que la oportunidad de empezar una nueva gestión y entregar servicios públicos adecuados para la población es solo una vez. “Si bien es cierto el aparato estatal es corrupto y es algo que no se puede eliminar de la noche a la mañana, pero lo que se puede hacer es escribir o construir un nuevo comienzo y es algo que deberían hacer los representantes de las regiones del sur, hoy ellos están perdiendo más que cualquier región y eso demuestra que no hay un líder, que no hay autoridad competente es enrumbar a su población. Esta crisis solo está generando más perdida para ellos que piden progreso”, agregó. Finalmente, Cilloniz señaló que en un mes transcurrido se pudo haber demostrado mucho si se trata de ayuda a tu región, pero este no habría sido el caso. “Durante este primer mes hemos visto de qué pie cojean los gobernadores regionales y ha sido azuzando a la población a esta crisis. Esto ¿qué clase de progreso o cómo le pone fin a las brechas sociales que se han originado año tras año por la ineficiencia del gobierno?, ninguno, no soluciona nada sino lo arrastra más y lleva a la región a la perdición de sus riquezas”, declaró para Lima Conecta.

Viceministro sostiene que hacen falta gestos de respeto desde las autoridades para bajar el tono de confrontación y que de esa forma no se produzcan más lamentables pérdidas de vidas humanas.   Según Ricardo Valdés, exviceministro del Interior, la movilización de un gran número de personas en las calles es una suerte de “pronunciamiento” de diferentes sectores a los que el expresidente, Pedro Castillo, tuvo acercamiento a través de ciertas acciones luego de asumir el poder. Por ello, Valdés hace un llamado a recordar que quienes protestan son en su mayoría población indignada y ofendida que considera que su voto no ha sido tomado en cuenta y que el Estado siempre les ha dado la espalda. El exviceministro considera que se necesitan gestos de respeto desde las autoridades para bajar el tono de confrontación y que de esa forma no se produzcan más lamentables pérdidas de vidas humanas. Por su parte, Dante Vera, gerente de V&C Analistas, comenta que los manifestantes son parte de la población que no solo se siente distanciada sino también sienten que no son valorados. Sostiene que hay sectores de la población que han tenido beneficios reales durante el gobierno de Pedro Castillo, como los ronderos con apoyo logístico y los mineros a los que se les amplió la fecha para la formalización, que se encuentran bajo la incertidumbre de saber si sus beneficios se mantendrán a futuro. Sin embargo, Vera resaltó que es importante reconocer que hay actores violentistas y la policía debe identificarlos y capturarlos, ya que se mezclan con la población que salen a las calles con pedidos honestos. “No es que desapareció Sendero Luminoso, no son solo ideas (…) hay células activas” explicó. Asimismo, expresó su preocupación por grupos jóvenes que manejan un discurso de tomar las armas a raíz de su indignación. “(Existen) colectivos locales que tienen un discurso revolucionario (…) que más tarde pueden constituirse en verdaderos grupos armados”, agregó.

El desabastecimiento del GLP también genera pérdidas en este rubro dedicado al transporte fluvial en Puerto Maldonado.   Las protestas en Madre de Dios ya vienen afectando el transporte fluvial pues el bloqueo de puntos de la carretera Interoceánica viene causando que más de 100 canoeros reduzcan sus viajes hasta en un 85%. Son más de 600 personas en Puerto Maldonado los afectados y que se dedican a la actividad de transporte fluvial. Este grupo se divide en los abocados al transporte de pescados mientras el otro se encarga de la movilidad de turistas nacionales e internacionales. Los canoneros realizan viajes en los puertos de Mariche, Acosta, Triunfo y el embarcadero. Con sus canoas o lanchas buscan cruzar los ríos Tambopata y Madre de Dios. A esto se suma el desabastecimiento de GLP. El ciudadano José Gonzáles contó que la actividad fluvial es importante en la selva peruana para el transporte de personas. En el caso de turistas, mencionó que las visitas de ciudadanos nacionales y extranjeros también se ha reducido. “Nos sentimos muy afectados porque no podemos movilizarnos. Hacemos actividades pesqueras y el transporte de personas. Aquí en Puerto Maldonado todo estamos afectados por la coyuntura. Hoy se inicia un paro de 48 horas a nivel regional y no hay gasolina. Ni siquiera ya tenemos visitas de turistas para llevarlos a albergues”, señaló.

El menor crecimiento presionará aún más a las clases baja y media de América Latina, que aún enfrentan dificultades por la inseguridad alimentaria y la pérdida de poder adquisitivo después de años de cierres por la pandemia.   América Latina corre el riesgo de experimentar más disturbios sociales y “parálisis política” ya que se estima que el crecimiento económico se mantendrá lento y las tasas de interés, altas, durante un período prolongado, según un nuevo informe del Fondo Monetario Internacional. Las economías de la región y el Caribe crecerán un 1.8% en promedio este año, levemente mejor que la estimación anterior del FMI, de 1.7%, pero esta expansión aún representa menos de la mitad del crecimiento estimado en 2022, de 4%. El consumo y la creación de empleo se están desacelerando mientras que la confianza empresarial se está debilitando. Las principales economías de la región se verán frenadas por una caída en los precios de los productos básicos, condiciones financieras más ajustadas y desaceleraciones económicas en socios comerciales clave como Estados Unidos y Europa. Para 2024, el Fondo espera un crecimiento de 2.1%. El menor crecimiento presionará aún más a las clases baja y media de América Latina, que aún enfrentan dificultades por la inseguridad alimentaria y la pérdida de poder adquisitivo después de años de cierres por la pandemia y una creciente inflación. Encontrar un “terreno común” para emprender “reformas económicas sensatas” que impulsen el crecimiento será “una batalla cuesta arriba” para los gobiernos recién elegidos en la región, escribieron los analistas Gustavo Adler, Nigel Chalk y Anna Ivanova.

La situación ha golpeado al sector turístico, que emplea a más de un millón de personas, y a las regiones que dependen del comercio con ciudadanos de países vecinos, como Tacna y Puno. En enero ingresaron al país menos de la mitad de extranjeros que en el mismo mes del 2020. Según cifras oficiales de la Superintendencia Nacional de Migraciones la caída fue de 59.1% en todo el país. En el sur, sin embargo, se registraron descensos más grandes que la media nacional: Cusco, 91%; Arequipa, 82%; Puno, 95%; y Tacna, 72%. Se trata de las regiones que tuvieron las protestas más violentas el mes pasado. En Lima, el punto de entrada de la mayoría de visitantes que luego se desplazan a otras zonas del país, la caída fue de 41%. “Estamos en una de las mayores crisis de los últimos 25 años, solo comparable con la del covid-19. Se han reducido los extranjeros que vienen de vacaciones, pero también hay una baja muy fuerte en quienes vienen por trabajo”, dice Juan Stoessel, director de Comex y vicepresidente de la Cámara de Turismo de Cusco. “La situación es bien complicada. Lo que se necesita es tener una solución rápida a esta crisis para poder tener seguridades”, agrega Carlos Gutiérrez, gerente general del gremio de aerolíneas internacionales AETAI. Uno de los impactos más fuertes lo ha recibido el sector de turismo, que emplea a más de un millón de personas en todo el país, según cifras del Mincetur.

La Asociación Mypes Unidas del Perú (MUP) asegura que más de 70,000 micro y pequeñas empresas ya quebraron a consecuencia de las manifestaciones.   Más de 70,000 micro y pequeñas empresas quebraron desde que se iniciaron las manifestaciones en diciembre, advierte la Asociación Mypes Unidas del Perú (MUP). El director de Mypes Unidas del Perú, Daniel Hermoza, sostuvo que son un 3% de negocios los que tuvieron que cerrar. “Hay una velocidad mayor de quiebre de micro empresas en el Perú y es entre el 2.5% a 3%, que equivale de 70,000 a 75,000. Esa cifra es en el periodo de crisis que empezó en 2022 y 2023. Es muy grave esta situación”, comentó. El vocero precisa que las mypes están cerrando debido a que no tienen solvencia tras la campaña navideña, en la cual se perdieron S/ 3 mil millones. Ahora, se alerta que un 25% de la temporada escolar está afectada. “Están anulando las órdenes de compra o reduciéndose a la mitad, como son los casos de los uniformes en Gamarra o los calzados en Trujillo”, sostuvo. Ante esta situación, se estima que se están perdiendo entre 200,000 a 250,000 puestos de trabajo formales. Cabe recordar que, según el viceministerio de Mype e Industria calculaba que se están generando pérdidas de unos S/ 125 millones por cada día de paralización. Además, con estos menores ingresos se estima que un 40% de mypes dejaron de pagar sus deudas con las entidades financieras.

El Congreso deberá definir si las elecciones generales se realizarán el 2023 o el 2024.   De acuerdo con expertos consultados, la organización de las elecciones adelantadas, dependiendo de lo que se decida en el fuero del Parlamento, podría ir en la misma línea de lo requerido para las elecciones generales 2021: al menos S/670 millones. Piero Corvetto, jefe de la ONPE, informó el pasado 15 de diciembre en el Congreso que se requeriría un presupuesto de S/1.500 millones para organizar tres jornadas electorales: elecciones primarias, primera vuelta y segunda vuelta. Sin embargo, el escenario de adelanto de elecciones al 2023 dispensaría de las primarias, dejando en las organizaciones políticas la realización de las elecciones internas para la selección de candidaturas. Mientras que el escenario que contempla elecciones en abril del 2024, que requeriría 15 meses para su organización y ejecución, sí podría incluir la realización de estas elecciones primarias. De otro lado, la ONPE informó a este Diario que el presupuesto ejecutado por la institución para las elecciones generales del 2021 fue S/677′270.235,91. Mientras que para el proceso similar del 2016, se ejecutaron S/428′127.449,60. De otro lado, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) detalló a El Comercio que el presupuesto asignado a la institución para las elecciones generales 2021 fue de S/ 131,9 millones.

Comentó que este tema se ha convertido en un punto casi ilusiorio de la izquierda peruana.     “Hoy, la demanda de una constituyente se ha convertido en el fetiche de quienes buscan crear una ilusión de solución a amplias demandas sociales que una mala clase política no ha podido satisfacer”, comentó Vizcarra. Esto en referencia a que se ha propuesto una nueva constitución como la solución a todos los problemas cuando no lo es. “Quienes demandan a viva voz el establecimiento de esa ágora le han transferido a ese fetiche múltiples pasiones y fantasías que difícilmente se van a concretar allí. Se arguye que será esa asamblea constituyente la que va a inaugurar un nuevo Perú en base a la “escritura” de una nueva Carta Magna en la que vamos a participar todos”, explicó. Finalmente, indicó que esa idea tendría una clara intención detrás. “Detrás de esa ilusión contrabandeada, aparece soslayado el anhelo de curar el gran mal que expresan varias democracias representativas en varias partes del mundo: el distanciamiento entre los ciudadanos y sus mandatarios representantes”, resaltó.