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Lima Major 2023: estos son los horarios de las partidas de Dota 2 de los equipos peruanos – Diario Nacional Realidad.PE

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Lima Major 2023: estos son los horarios de las partidas de Dota 2 de los equipos peruanos – Diario Nacional Realidad.PE


Este miércoles 22 de febrero inició la Lima Major 2023, torneo de Dota 2 que permitirá a los mejores equipos clasificarse al certamen ‘The International 2023’. Para la edición que se lleva a cabo en nuestra capital, son dos los equipos peruanos clasificados; y, en total, diez jugadores nacionales en competencia.

Uno de los equipos peruanos de Dota 2 que representa a Sudamérica es Beastcoast, conformado por los peruanos Héctor Rodríguez Asto (K1), Gonzalo Herrera (DarkMago), Rafael Yonatan (Sacred), Elvis De la Cruz Peña (Scofield), y Steven Vargas Mamani (StingeR).

  • “K1 TQMD”: Héctor Antonio Rodríguez. Nacido en noviembre del 2000 (22 años). En abril de 2021, logró alcanzar 10,000 MMR, puntaje otorgado a los jugadores de Dota con base en sus habilidades. Es el líder absoluto en victorias (26) como Wraith King, de un total de 43 partidas. Cumple el rol de carry.
  • “DarkMago”: Gonzalo Herrera Martínez. Nacido en abril de 1999, tiene 23 años. El récord de su carrera en kills en un solo partido profesional es 24 y, gracias a Dota, ha ganado cerca de US$200 mil dólares por su participación en diversos torneos. Se desempeña como solo middle.
  • “Scofield”: Elvis De la Cruz Peña. Nacido en abril de 1998 (25 años), actualmente ocupa el segundo lugar de la lista de jugadores peruanos que más dinero ha ganado jugando a Dota 2 ($257,388). El 3 de abril de 2020, se convirtió en el primer jugador sudamericano en alcanzar los 10,000 MMR. Cumple el rol de support.
  • “Sacred”: Rafael Hinostroza. Tiene 22 años y dentro del juego se desempeña como offlaner.
  • “StingeR”: Steven Vargas Mamani. Nacido en diciembre de 1996 (26 años), ocupa el primer lugar de la lista de jugadores peruanos que más dinero ha ganado jugando a Dota 2 ($537,586). Comenzó a jugar en 2012 y ha estado presente en torneos LAN como “The Summit 3” y “JoinDota MLG Pro”. Se desempeña como support.

A través de sus redes sociales, Beastcoast publicó una fotografía del mensaje de aliento enviado por la organizadora 4D Esports ante el próximo inicio de la Lima Major 2023.

“No existe un equipo que haya cerrado más bocas en la historia del Dota sudamericano (y tal vez incluso a nivel mundial) que Beastcoast”, se puede leer en la placa entregada por la empresa de entretenimiento. “Más que pedirles que aseguren que la copa se quede en casa, queremos pedirles que no dejen de sorprendernos, sin importar el resultado”, concluye el mensaje.

Por Sudamérica también clasificó el equipo con base en Perú ‘Evil Geniuses’, integrado por Crhistian Savina (Pakazs), Jean Pierre Gonzales Salazar (Chris Luck), Farith Puente (Matthew), José Padilla (Pandaboo), y el boliviano Adrián Céspedes Dobles (Wisper).

  • “Chris Luck”: Jean Pierre Gonzáles Salazar. Nacido en octubre de 1997 (25 años), ha recaudado cerca de US$492,309 jugando Dota 2. Se desempeña como solo middle.
  • “Matthew”: Farith Jeafehe Puente Huamancaja. Con 24 años, es el capitán del equipo y se desempeña como support.
  • “Pakazs”: Crhistian Casanova. Tiene 21 años. Alcanzó los 11,000 MMR en enero de 2022 y se desempeña como carry.
  • “Panda”: José Leonardo Padilla Hernández. Tiene 22 años y se desempeña como support. Alcanzó los 10,000 MMR en enero de 2022.

Evil Geniuses inició una cuenta regresiva en Twitter de los días que faltan para el inicio del evento con fotografías de los jugadores peruanos. Vitória “Guashi” Otero, manager del equipo, dijo a la agencia Andina que el equipo está muy contento de representar al Perú y Sudamérica desde Lima. “Las expectativas que tenemos es ganar el torneo y hacer que todos en la Arena 1 queden sin voz al final del evento”, aclamó.

Finalmente, está el jugador peruano Enzo Gianoli (Timado), quien pertenece a TSM, equipo norteamericano que también guardó un cupo para Lima Major 2023. Tiene 23 años y comenzó a jugar Dota 2 como aficionado, a la edad de 13 años. Participó como miembro de Infamous en The International 2017, año histórico por tener al primer equipo sudamericano (y peruano) compitiendo en un torneo de este nivel.

Cabe resaltar que, en The International 2022, Beastcoast fue derrotado por el equipo chino PSG.LGD, mientras que Evil Geniuses fue derrotado por Beastcoast en la llave previa. En el ránking, los equipos nacionales quedaron entre los mejores 8 del mundo.

Tanto Beastcoast como Evil Geniuses son los únicos equipos sudamericanos clasificados a la Lima Major 2023.

¿Qué es la Lima Major 2023?

Esta será la primera Major oficial de Dota 2 a realizarse en 2023 (y la primera, en toda su historia, que se llevará a cabo en Perú). En ese sentido, inaugura las Majors del Dota Pro Circuit 2023, una competición a modo de liga que otorga puntos a los mejores equipos con el fin de lograr la clasificación a The International (final del circuito y el torneo anual más importante de Dota 2).

Aparte de los puntos, la Lima Major 2023 otorgará UD$200,000 para el primer lugar, US$100,000 para el segundo, US$ 75,000 para el tercero y US$ 50,000 para el cuarto.

El evento se llevará a cabo del 22 de febrero al 5 de marzo. Hasta el 27 de este mes, tendrán lugar las competiciones a puertas cerradas, mientras que la fase final se desarrollará en el Arena 1 de San Miguel.

¿Cuándo juegan los equipos peruanos de Dota 2?

Las partidas por fase de grupos se realizarán a puertas cerradas, pero el público podrá verlos a través de los canales de Twitch y YouTube de 4D Esports.

El miércoles 22 de febrero, a las 10 de la mañana, se realizó la partida inaugural entre Evil Geniuses y PSG.LGD, que quedó en empate 1-1. Al mediodía, Beastcoast también empató 1-1 con Team Aster.

El equipo del peruano Enzo Gianoli (TSM) tuvo dos partidas. Perdió 2-0 con Team Spirit y ganó 2-0 ante el PSG.LGD.

Para el jueves 23 de febrero tuvimos las contiendas entre Evil Geniuses y Talon Esports, que terminó con un empate 1-1. TSM perdió 2-0 con Tundra Esports, mientras que Beastcoast empató con Hellraisers. En la tarde, Team Spirit triunfó 2-0 contra Evil Geniuses; y TSM cayó por 0-2 ante Talon Esports. Finalmente, Beastcoast volvió a empatar 1-1 con Betboom Team.

El viernes 24 de febrero, EHome empató con Evil Geniuses (1-1), al igual que Execration y TSM (1-1). Por su parte, Beastcoast obtuvo su primera victoria, derrotando por 2-0 a Knights. Asimismo, EHome cayó ante TSM por 0-2; mientras que Evil Geniuses derrotó a Tundra Esports por 2-0. La última partida fue la de Beastcoast y Entity, que empataron 1-1, cerrando así la mejor jornada de equipos peruanos en la Lima Major 2023, hasta el momento.

El sábado 25 de febrero, Evil Geniuses se impuso a Gaimin Gladiators por 2-0; y Beastcoast cayó ante Team Liquid por 0-2. Los siguientes duelos serán Execration vs. Evil Geniuses (2 de la tarde), TSM vs. Gaimin Gladiators (2 de la tarde) y Geek Slate vs. Beastcoast.

Por último, para el domingo 26 de febrero están programadas las partidas entre Evil Geniuses y TSM (10 a.m.), y Shopify Rebellion vs. Beastcoast (12 del mediodía).

“La Batalla”, el canción oficial de la Lima Major 2023

La organizadora del torneo, 4D Esports, anunció que “La batalla” es la canción oficial de la Lima Major 2023.

El sencillo es interpretado por el reconocido cantante peruano Mauricio Mesones (ex Bareto), y fue lanzado este martes 21 de febrero a través de un videoclip oficial. También será cantado en vivo el 28 de febrero, día de la inauguración.

“La canción habla del empuje de los jugadores profesionales de Dota 2 en el Perú, que salen de una marginalización social, para convertirse en superestrellas a nivel internacional. Ellos son tan importantes, que han logrado atraer la mirada del extranjero al Dota 2 peruano. Gracias a ellos, es posible hacer una Major en el país, y celebrar este logro entre peruanos”, explicó Marco Espinoza Oliveros, Head of Creativity y caster oficial de 4D Esports.


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El precio oculto del oro: economías armadas, violencia y poder en los territorios extractivos del Perú

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El precio oculto del oro: economías armadas, violencia y poder en los territorios extractivos del Perú

Roberto C. Parra[1]
Consultor forense internacional
Vocero de CONADEMI

De Pataz a las regiones auríferas de África, la expansión de economías criminales revela una transformación preocupante: la violencia puede convertirse en un instrumento para controlar recursos, territorios y trabajadores. En medio de estas disputas, las comunidades mineras tradicionales enfrentan riesgos crecientes y una protección institucional que necesita fortalecerse.

La riqueza mineral y las nuevas formas de violencia

La minería ha formado parte de la historia económica y social del Perú durante siglos. Particularmente, la minería artesanal constituye una actividad tradicional que proporciona trabajo, sustento e identidad productiva a numerosas comunidades. La legislación peruana reconoce su importancia como fuente de empleo y desarrollo en territorios económicamente vulnerables.[1]

Su reconocimiento no implica desconocer los desafíos ambientales, laborales y de formalización, sino distinguir una práctica económica legítima de las organizaciones criminales que utilizan la extracción mineral para obtener beneficios mediante la violencia.

El problema contemporáneo no radica simplemente en la existencia de actividades mineras informales, sino en la aparición de estructuras económicas con capacidad para financiar grupos armados, imponer mecanismos de coerción y disputar el control de yacimientos, galerías y rutas comerciales.

En estas circunstancias, el poder económico puede traducirse en poder territorial, mientras la violencia deja de ser un acontecimiento excepcional para convertirse en un instrumento de regulación criminal del mercado.

Pataz: una crisis que trasciende La Libertad

Pataz representa una de las expresiones más preocupantes de esta transformación. Entre septiembre de 2025 y agosto de 2026, el distrito registró una tasa de 315 homicidios por cada 100.000 habitantes, frente a un promedio nacional de 6,6, según el Instituto Peruano de Economía.[2] Aunque estas cifras no permiten atribuir automáticamente todos los homicidios a conflictos mineros, constituyen un indicador extraordinario de violencia letal.

El asesinato de 13 trabajadores vinculados a actividades mineras en 2025 evidenció la vulnerabilidad de quienes desarrollan sus labores en espacios donde existen disputas violentas por el control de recursos.[3]

Las consecuencias tampoco se limitan a Pataz. Las redes de transporte, comercialización, financiamiento y circulación de personas pueden extender los efectos de la criminalidad hacia otras provincias de La Libertad. La prensa ha documentado hechos violentos en Trujillo que involucraron a personas relacionadas con la actividad minera de Pataz.[4]

La magnitud del fenómeno obliga a evaluar si la región dispone de capacidades suficientes para prevenir ataques, investigar homicidios, proteger trabajadores y responder a las necesidades de las familias.

Pataz es, además, un ejemplo de una problemática nacional. Ananea, en Puno, e Inambari y Laberinto, en Madre de Dios, presentan también elevadas tasas de homicidios.[2] La coincidencia con territorios extractivos no demuestra causalidad, pero justifica investigar la relación entre economías criminales, disputas territoriales y mortalidad violenta.

El poder económico y la seguridad armada

Una dimensión especialmente sensible es la capacidad de determinados actores económicos para financiar mecanismos armados de protección o control.

En la minería ilegal, organizaciones criminales pueden emplear grupos armados para asegurar instalaciones clandestinas, controlar accesos, intimidar competidores o imponer pagos extorsivos. La violencia puede constituir así una inversión destinada a proteger beneficios económicos.[3]

En paralelo, las empresas mineras formalmente constituidas pueden contratar servicios privados de seguridad. Esta actividad es legítima cuando se desarrolla dentro del marco jurídico. Sin embargo, en territorios donde concurren distintos actores armados, la proliferación de dispositivos de seguridad plantea riesgos que exigen supervisión efectiva.

Es indispensable diferenciar los servicios legalmente autorizados de los grupos armados irregulares. La contratación de seguridad privada no constituye evidencia de criminalidad empresarial. Cualquier denuncia sustentada sobre vínculos entre operadores económicos y estructuras armadas ilegales debe investigarse independientemente.

En medio de estas relaciones desiguales, los trabajadores artesanales pueden quedar expuestos a amenazas, extorsiones y desplazamientos. Muchos carecen de recursos equivalentes para proteger sus actividades y terminan atrapados en conflictos que no controlan.

Zimbabue: la normalización de las muertes evitables

La experiencia de Zimbabue ofrece una perspectiva especialmente relevante. Melusi Nkomo, antropólogo e investigador afiliado al Departamento de Geografía de la Universidad de Zúrich, Suiza, y anteriormente investigador y docente del Programa de Estudios Africanos de la Universidad de Princeton, ha desarrollado investigaciones etnográficas sobre las relaciones entre minería, violencia, trabajo y poder político en África austral.

En su reciente estudio publicado en American Anthropologist (2026), Nkomo documenta cómo los derrumbes, explosiones, enfrentamientos entre grupos y deficiencias de infraestructura sanitaria constituyen riesgos recurrentes para las comunidades vinculadas a la minería artesanal en Kwekwe.[5] Su concepto de abandono calibrado (calibrated neglect) describe una modalidad de ejercicio del poder en la que la protección estatal se posterga frente a riesgos conocidos, mientras las autoridades intervienen selectivamente durante episodios de lesiones, muerte o duelo.

Su investigación plantea una pregunta fundamental para el Perú: ¿están nuestras instituciones organizadas para prevenir riesgos conocidos o principalmente para reaccionar cuando las tragedias ya han ocurrido?

No se trata de equiparar automáticamente las realidades de ambos países, sino de reconocer que la insuficiencia sostenida de protección, prevención e investigación puede contribuir a normalizar daños evitables y perpetuar condiciones de vulnerabilidad.

República Democrática del Congo: la economía de la violencia

Una segunda comparación proviene de la República Democrática del Congo, donde los conflictos armados han mantenido una compleja relación con el control territorial, la explotación de recursos naturales y los intereses económicos de diversos actores.

En The War That Doesn’t Say Its Name, Jason K. Stearns, investigador especializado en los conflictos de África central, analiza la persistencia de la violencia en el este congoleño y explica cómo determinados actores políticos y militares han desarrollado intereses materiales vinculados a su continuidad.[6] Su interpretación permite comprender que, bajo ciertas condiciones, el conflicto no solamente destruye riqueza: también puede generar beneficios para quienes controlan territorios, recursos y redes comerciales.

Durante más de ocho años de experiencia profesional en África, particularmente en la región de los Grandes Lagos de la República Democrática del Congo, he tenido la oportunidad de conocer de cerca las profundas consecuencias humanas de la violencia. Mi participación en investigaciones forenses relacionadas con presuntos crímenes internacionales, incluidos hechos de violencia sexual, tortura, masacres, asesinatos selectivos y enterramientos clandestinos, me ha permitido comprender la complejidad de estos escenarios, en los que convergen factores históricos, políticos, territoriales, económicos e institucionales. Estas experiencias constituyen observaciones profesionales desde la optica forense que invitan a un análisis integral y prudente, evitando atribuciones generalizadas sobre las motivaciones de los actores involucrados.

Si bien la realidad congoleña responde a circunstancias históricas y políticas distintas de las peruanas, ambas experiencias permiten reflexionar sobre una hipótesis relevante: en determinados contextos, los beneficios económicos asociados al control territorial y de recursos pueden generar incentivos que dificultan la reducción de la violencia y la consolidación de soluciones institucionales sostenibles.

Desde esta perspectiva, resulta fundamental que las investigaciones no se limiten a los hechos violentos y sus responsables directos, sino que también examinen, mediante evidencia verificable, las posibles redes de financiamiento, relaciones económicas y estructuras de poder que contribuyen a su persistencia. Comprender estas dinámicas constituye un paso esencial para fortalecer la prevención, la investigación científica y la administración de justicia.

El terrorismo de lucro, la crisis de la evidencia forense y la gobernanza institucional

En este contexto, la expresión terrorismo de lucro adquiere relevancia en el debate público peruano como concepto analítico para examinar determinadas manifestaciones de criminalidad organizada que recurren sistemáticamente a la violencia y la intimidación colectiva para obtener beneficios económicos, controlar mercados y ejercer dominio territorial.[7] Su utilización exige distinguir estas estructuras criminales de la minería artesanal y otras actividades extractivas, evitando generalizaciones que puedan comprometer derechos fundamentales o estigmatizar actividades productivas tradicionales.

La expansión de la criminalidad organizada plantea importantes desafíos para la justicia peruana, particularmente frente a las limitaciones que afectan la producción oportuna de evidencia forense confiable. El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IML-CF) del Ministerio Público enfrenta brechas estructurales en infraestructura, tecnología, financiamiento, personal especializado y gestión de calidad. Como hemos señalado recientemente junto con otros colegas en un análisis comparativo de los sistemas forenses latinoamericanos (Parra et al., 2026), el sistema forense peruano enfrenta desafíos estructurales relacionados con la fragmentación institucional, la limitada articulación operativa y la ausencia de una estrategia nacional sostenible de gestión de la calidad forense, condiciones que evidencian la necesidad de fortalecer su gobernanza y desarrollo científico.[11]

La dimensión presupuestaria agrava estos desafíos. En 2026, el IML-CF contó con un presupuesto inicial aproximado de S/ 258,2 millones, mientras que en 2025 identificó necesidades adicionales por S/ 134,4 millones.[10] Como ejemplo, resulta preocupante que La Libertad, una región de considerable importancia económica y actividad extractiva, continúe enfrentando deficiencias en su principal sede forense de Trujillo, cuya infraestructura, equipamiento tecnológico y morgue requieren modernización. Esta situación evidencia la necesidad de articular el desarrollo económico regional con una inversión sostenida en capacidades científicas que permitan investigar eficazmente la violencia criminal y garantizar una justicia sustentada en evidencia confiable.

Superar esta situación exige una gobernanza forense moderna, financiamiento sostenible, innovación tecnológica, fortalecimiento del capital humano y sistemas de aseguramiento de la calidad, conforme a los principios de la Declaración de Sídney.[8] La cooperación internacional y la participación responsable del sector privado, mediante transferencia científica y mecanismos como Obras por Impuestos, pueden complementar los esfuerzos estatales, preservando la independencia pericial y la supervisión pública.[9]

Combatir la impunidad requiere fortalecer las capacidades científicas del IML-CF como institución estratégica para el Ministerio Público y la administración de justicia.

La fortaleza del Estado no reside únicamente en sancionar la criminalidad, sino también en su capacidad científica para esclarecer los hechos, combatir la impunidad y proteger los derechos de la sociedad en su conjunto.

Cuando el oro vale más que la vida

Las experiencias de Perú, Zimbabue y la República Democrática del Congo revelan, desde contextos diferentes, una preocupación común: la vulnerabilidad de las poblaciones cuando la riqueza extractiva convive con economías criminales, violencia organizada y capacidades institucionales insuficientes.

Pataz constituye una advertencia nacional sobre la necesidad de proteger las actividades productivas tradicionales, investigar las estructuras económicas que sostienen la violencia y superar las brechas del sistema forense peruano.

La respuesta exige una gobernanza institucional sólida, financiamiento sostenible, modernización tecnológica, cooperación internacional y participación responsable del sector privado, preservando siempre la independencia científica.

Fortalecer el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses resulta esencial para transformar los hallazgos científicos en evidencia confiable al servicio del Ministerio Público y la administración de justicia.

La verdadera fortaleza del Estado no reside únicamente en sancionar la criminalidad, sino en prevenir la violencia, esclarecer científicamente los hechos y garantizar que la vida, la justicia y los derechos de la sociedad prevalezcan sobre cualquier interés económico.

Notas y referencias

[1] Congreso de la República del Perú. (2002). Ley N.º 27651, Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y la Minería Artesanal. Texto legal.

[2] Instituto Peruano de Economía. (2026). Cuatro de los diez distritos con más homicidios registran minería informal. IPE. Véase también Ardiles, A. (2026, 29 de septiembre). El mapa de los homicidios: Pataz alcanza una tasa de 315 asesinatos por cada 100 mil habitantes. El Comercio.

[3] Reuters. (2025, 7 de mayo). Grisly Peru mining murders spotlight ‘gold curse’ in the Andes. Reuters. Ministerio del Interior del Perú. (2025, 15 de mayo). Coordinación entre Policía Nacional de Perú y Colombia permitió captura de alias «Cuchillo». Gob.pe.

[4] Ardiles, A. (2026, 29 de septiembre). El mapa de los homicidios. El Comercio. Véase la referencia [2].

[5] Nkomo, M. (2026). Burying futures: Artisanal mining deaths and the politics of negligence in Zimbabwe. American Anthropologist. https://doi.org/10.1111/aman.70120

[6] Stearns, J. K. (2022). The war that doesn’t say its name: The unending conflict in the Congo. Princeton University Press. Editorial.

[7] Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. (2026, 15 de septiembre). Ministro Álvarez: «El trabajo del INPE se comienza a solucionar con inteligencia llevada a cabo por expertos». Plataforma Digital Única del Estado Peruano. https://www.gob.pe/institucion/minjus/noticias/1444811-ministro-alvarez-el-trabajo-del-inpe-se-comienza-a-solucionar-con-inteligencia-llevada-a-cabo-por-expertos

[8] Roux, C., et al. (2022). The Sydney declaration – Revisiting the essence of forensic science through its fundamental principles. Forensic Science International, 332, 111182. https://doi.org/10.1016/j.forsciint.2022.111182

[9] Congreso de la República del Perú. (2008). Ley N.º 29230, Ley que impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector privado, y sus modificatorias. Marco normativo de Obras por Impuestos.

[10] Ministerio Público – Fiscalía de la Nación. (2025). Información presupuestaria y requerimientos para el fortalecimiento del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Documentación presentada ante el Congreso de la República del Perú.

Documento institucional: https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2024/cean-reforma-integral-sistema-admin/files/ofi_005407_mp_anexo_ru2035765-oficio-5407-2025-mp-fn-segfin-20250908.pdf

Ministerio de Economía y Finanzas. (2026). Consulta Amigable: información presupuestaria del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. https://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx

[11] Parra, R. C., Iannacone, G. C., Alvarez-Godoy, A. G., Castellanos, D., Garcia-Marroquin, R., & Vasquez-Guerrero, J. L. (2026). Latin America in forensic action: Quality standards alone do not provide an infallible quality assurance. En R. C. Parra & A. G. Alvarez-Godoy (Eds.), Forensic Science and Quality Management: Addressing the Era of Standardization in Challenging Environments (cap. 10, pp. 225–250). Wiley.

[1] Experto forense peruano con más de 25 años de experiencia internacional en África, Medio Oriente y Latinoamérica. Vinculado a las Naciones Unidas y exfuncionario del Comité Internacional de la Cruz Roja y del Ministerio Público peruano. Coeditor de Forensic Science and Quality Management: Addressing the Era of Standardization in Challenging Environments(2026), obra de referencia internacional publicada por Wiley bajo los auspicios de la American Academy of Forensic Sciences (AAFS). Especialista en gobernanza y fortalecimiento de sistemas forenses. Su proyecto doctoral en la University of Technology Sydney (UTS) busca fortalecer los sistemas forenses del Sur Global, especialmente en países afectados por la violencia y las limitaciones institucionales, mediante modelos de gobernanza, desarrollo de capacidades y movilización de recursos internacionales complementarios al financiamiento estatal. Más información: www.rcpforensics.com.

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Minsa ordena devolver más de S/ 404 mil a Alkofarma pese a cuestionamientos por contrato millonario

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Minsa ordena devolver más de S/ 404 mil a Alkofarma pese a cuestionamientos por contrato millonario

Una resolución de Cenares, organismo del Ministerio de Salud, dispone gestionar la devolución de una penalidad a la farmacéutica, cuestionada por el suministro de suero fisiológico de procedencia china.

La empresa Alkofarma E.I.R.L. vuelve al centro de la polémica luego de que el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares), órgano del Ministerio de Salud (Minsa), reconociera la devolución de S/ 404,528.69 por una penalidad aplicada a la compañía.

La decisión consta en la Resolución Directoral N.° 202-2026-CENARES-MINSA, firmada el 23 de septiembre por Patricia Suárez Beyodas, directora general de Cenares, y sustentada en un acuerdo de conciliación.

El caso se produce en medio de cuestionamientos por una contratación superior a S/ 31 millones para el suministro de suero fisiológico importado de China, producto sobre el cual se reportaron observaciones técnicas, según investigaciones periodísticas.

Asimismo, el diario Del País denunció que la empresa habría sido favorecida con reconocimientos de deuda superiores a S/ 5 millones, además de la devolución de la penalidad.

Si bien la resolución acredita que Cenares reconoció el derecho a recuperar dicho monto, no confirma que el dinero ya haya sido desembolsado ni demuestra por sí sola una irregularidad.

El Ministerio de Salud debe esclarecer los fundamentos de estas decisiones, las observaciones realizadas al producto y las condiciones bajo las cuales se autorizó la devolución de la penalidad, en un caso que involucra millones de soles destinados a la salud pública.

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