“Salvar a Toledo de la justicia peruana es excluirlo de la justicia en general. Es una apelación a la impunidad y en contra del Estado de derecho y la soberanía nacional”.

El expresidente Alejandro Toledo tiene defensores políticos. No quieren que sea extraditado.

Circula en redes una carta dirigida al secretario de Estado de los EE.UU. Está firmada por un grupo de académicos, entre ellos, Francis Fukuyama y, conocido por el auditorio local, Steven Levitsky.

La carta no ha sido desmentida y, aun si lo fuera, conviene ver sus argumentos.

Comienza así: “Como académicos de ciencias sociales y políticas, con décadas de experiencia estudiando la política peruana y, más ampliamente, la democracia, le escribimos…”.

Una falacia. Es como decir ‘soy científico’, ‘yo estudio al Perú, por tanto, sé más que tú’.

Piden cancelar la extradición de Toledo. “Cualesquiera que sean los argumentos legales para la extradición –sostienen–, creemos que hay derechos humanos y consideraciones humanitarias que deben, de acuerdo con nuestros valores democráticos, anularlos…”.

¿Tiene Toledo una enfermedad terminal? ¿Está ya en su lecho de muerte? No importa la ley, es mayor la “consideración” (subjetiva) humanitaria.

Sostienen que no hay forma de que Toledo reciba un juicio justo y expeditivo. El sistema judicial y político del Perú está en una profunda turbulencia, recuerdan.

“Las instituciones políticas del país son altamente inestables y carecen de legitimidad pública y sus instituciones jurisdiccionales han sido corrompidas y están peligrosamente politizadas”, afirman.

Con Toledo serían tres expresidentes en cárcel. ¿Está mal la justicia o los presidentes?

El país está polarizado, argumentan. Hay “una profunda brecha entre peruanos de origen indígena… y aquellos de ancestro europeo”. Toledo fue el primer presidente indígena, razonan.

Este es un “argumento” racista. Si soy indígena, ¿puedo robar y asaltar? ¿Puedo excluirme de la ley?

Los firmantes apelan a la edad de Toledo (77), problemas de salud y su dependencia de medicamentos. En el Perú le impondrían muchos años de prisión preventiva, dicen.

Los académicos piden tener en cuenta las contribuciones de Toledo a la democracia. Fue un socio democrático confiable –señalan los autores– cuando, al lado, los gobiernos de Bolivia, Ecuador y Venezuela se deslizaban hacia el autoritarismo.

Devolverle a alguien algo por sus credenciales democráticas, así termina la carta. Como si la política estuviera por encima de la justicia.

Toledo no debe regresar, concluyen, “a un país que se está inclinando de nuevo al autoritarismo o la anarquía”. Esa, aseguran, “no es una buena manera de demostrar nuestro compromiso con la democracia y los derechos humanos”.

¿El compromiso de ellos debe remplazar a nuestra justicia?

Toledo está acusado de recibir sobornos por US$35 millones. El delito de un peruano contra el Perú debe ser juzgado por la justicia peruana. Toledo otorgó la concesión de la Carretera Interoceánica a Odebrecht. Contra la contraloría. El Perú gastó US$4,500 millones en esa autopista.

La Carretera Central es un desastre y ¡gastamos la plata en una vía de poca utilidad! ¡Qué democrático!

Salvar a Toledo de la justicia peruana es excluirlo de la justicia en general. Es una apelación a la impunidad y en contra del Estado de derecho y la soberanía nacional.

Si es indígena, no va ante el juez. ¡Qué nivel académico! (Si es que es verdadera la carta).

Toledo dañó al Perú con esos gastos multimillonarios. Buscaba, con dinero público, su beneficio personal. Eso dice la acusación. Y queremos que jueces peruanos digan si es verdad.

Fuente: El Comercio – Federico Salazar – periodista