En las últimas semanas, manifestantes y políticos demagogos culpaban a la Constitución por la pobreza y desigualdad en provincias.   Con respecto a los últimos episodios violentos que ha vivido el país a causa de manifestaciones en diversas regiones, Andrés Romaña, columnista de Perú 21, indicó que hay un mal entendimiento sobre lo que sucede. “Primero hay que aclarar que, si la Constitución fuese la culpable de la pobreza, todos los distritos, provincias y regiones serían igual de pobres, ya que la Constitución rige a nivel nacional. Pero queda claro que hay regiones que son más ricas o más pobres que otras”, dijo. Asimismo, indicó que existe una mala ejecución del presupuesto público y mencionó el caso de Arequipa. “Las pistas de la provincia de Arequipa están llenas de huecos, las calles mal señalizadas, obras mal hechas. Sin embargo, en vez de solucionar los problemas diarios de la población, los alcaldes y gobernadores utilizan el presupuesto para construir huachaferías como un parque de Dinosaurios en Mollendo, que costó 3 millones de soles, mientras que la población de zonas cercanas ni siquiera tenía agua potable”, explicó. Finalmente, sostuvo que otro de los problemas es el clientelismo familiar, así como el amiguismo, ambas prácticas que se resumen en la corrupción de las autoridades e instituciones públicas. “El clientelismo familiar y partidario que se vivió durante el gobierno de Castillo es el mismo que se puede ver en casi todas las regiones, donde gobernadores y alcaldes contratan a sus hermanos, sobrinos, parejas. En todos esos casos, el dinero del Estado termina en bolsillos de personas que no cuentan con la honradez ni capacidad para desempeñar el cargo que ocupan”, sentenció.

Para algunos investigadores, los grupos de protesta pueden tener fines menos altruistas y buscar más bien la notoriedad política.   El titular del reporte especial del 19 de diciembre, “Energía bajo asedio”, señala que la minería habría dejado de ser el principal foco de los conflictos sociales en el Perú. Sin embargo, esto no se debería a una disminución de los conflictos sociales reportados que afectan al sector minero (94 de los 221 conflictos reportados hasta noviembre por la Defensoría del Pueblo), sino más bien a un incremento en términos absolutos de todos los conflictos y, en términos relativos, a una mayor incidencia reciente de afectaciones a activos críticos de otros sectores más allá de la minería. Las fuentes consultadas para el informe infieren que existe una planificación organizada que busca afectar activos críticos para generar mayor impacto político. Otro informe realizado por la Unidad de Periodismo de Datos de El Comercio señala que durante los últimos gobiernos solo se han podido solucionar conflictos que equivalen aproximadamente a un tercio del total de nuevos conflictos. La fracción que se puede ir solucionando se logra de manera lenta e ineficaz, lo que lleva a que el número de conflictos por solucionar siga aumentando de manera galopante.   De acuerdo con una revisión de la bibliografía académica, también se podría ver que algunos hechos de la realidad peruana pueden ser explicados por la teoría. Con respecto a la participación de grupos antiextractivistas, esta variable está vinculada con el concepto de antiextractivismo, según los reportes y estudios de casos al respecto. Este concepto se relaciona con las luchas por los recursos naturales, el territorio y la convivencia con las culturas ancestrales.

Para el transporte interprovincial, los recientes bloqueos de carreteras por protestas que pedían el cierre del Congreso y adelanto de elecciones dejaron pérdidas de S/ 50 millones al día.   Ahora, todas las rutas se reactivaron y los precios van al alza por la proximidad del Año Nuevo, pero las empresas del sector aún enfrentan desafíos. Martín Ojeda, gerente general del Gremio de Transporte Interprovincial de pasajeros Cotrap – Apoip, destacó que la presencia policial en las vías nacionales ha permitido restablecer todos los itinerarios tras más de 10 días de protestas. En tanto, los precios de los boletos han subido entre 20% y 25%, en promedio. “Los pasajes que se han comprado con anticipación en la web se han mantenido, pero los que recién se compran han subido por la misma demanda y en las próximas horas va a seguir incrementándose”, comentó. Desde la semana pasada, pasajeros en los terminales de La Victoria afirmaban que los precios de los boletos a algunas ciudades del norte y sur del país ya se habían elevado en hasta 100%. Sin embargo, el representante gremial precisó que el negocio no se ha recuperado al nivel esperado. Y es que, por el temor de nuevas manifestaciones, la competencia informal y la propia pandemia, los buses parten con una ocupación de 60% o 70%. “Antes de la pandemia ya salían con 100% de ocupación (en estas mismas fechas)”, recordó, tras asegurar que los colectivos y otras unidades informales vienen operando con anuencia de las autoridades de control de tránsito, sobre todo, al sur de Lima.