“La política, como el tránsito, requiere de acción colectiva, pero esta se vuelve imposible si las reglas realmente existentes son aquellas impuestas por los colectiveros”.

El principal problema del sistema político peruano no es su diseño institucional sino su incapacidad para atraer talento. Personas con prestigio, experiencia o una carrera prometedora enfrentan serios desincentivos para optar por una carrera política, incluso aquellos con un fuerte compromiso público. De hecho, en la medida que un individuo acumule mayor capital humano, sus costos de oportunidad de dedicarse a la política aumentan considerablemente. La opción ocupacional más segura para su desarrollo personal se encuentra en el sector privado, y entre aquellos con particular interés en el servicio público, la línea de carrera menos riesgosa está en el servicio civil, no en inscribirse en un partido y prepararse para ganar elecciones. Esto quiere decir que los ciudadanos que acumulan talento en nuestra sociedad difícilmente se convertirán en representantes políticos.

En una democracia, un buen político combina, en mayor o menor medida, tres elementos básicos: representatividad, habilidad e interés por el bien común. La primera dimensión involucra la capacidad de canalizar las demandas de sus electores y llevar su voz a los espacios de poder. La segunda hace referencia a su habilidad para identificar soluciones, construir acuerdos y producir política pública. Asimismo, quienes acceden a un cargo electo tienen la posibilidad de utilizarlo en beneficio particular o avanzar en objetivos orientados al bienestar general. Políticos de mayor calidad optarán por la segunda opción. Lamentablemente, el grueso de la oferta política carece de estos atributos.

Tomemos como ejemplo a la plancha electoral que ganó las últimas elecciones presidenciales. El expresidente Pedro Castillo supo representar a un sector de la ciudadanía, en particular un electorado regional y rural, pero carecía de la experiencia y las habilidades necesarias para gobernar. El epítome de su impericia fue el fallido golpe de Estado. Más aún, como lo muestra la abrumadora evidencia de corrupción en su gobierno, Castillo tenía un escaso interés en el servicio público, y habría utilizado su cargo para enriquecerse. La presidenta Dina Boluarte, por su parte, difícilmente representa algún sector de la ciudadanía, siendo abiertamente rechazada en las zonas donde Perú Libre obtuvo mayor votación. Tampoco es una persona destacada en su campo profesional. Como su antecesor, se ha atribuido trabajo intelectual ajeno con el objetivo de obtener beneficios laborales, y su experiencia política es limitada.

Personas como Castillo o Boluarte, así como la mayoría de los actuales congresistas, enfrentan menores costos de oportunidad de participar en elecciones. De ganar, acceden a beneficios personales superiores a los que obtendrían fuera de la política. Por ejemplo, de acuerdo con el periodista Martin Hidalgo, para 91 de los 130 parlamentarios el sueldo congresal representa un aumento superior al 100 % de sus ingresos previos, sin contar con las oportunidades de utilizar el cargo en beneficio personal. Si bien esta medida es parcial, pues los ingresos están asociados a la formación profesional y el origen social, tampoco es el caso de que nuestros parlamentarios acumulen experiencia, o tengan un historial en la dirigencia social. El tiempo promedio en cargos electos antes de ser congresistas es extremadamente bajo: 1,6 años.

Esto apunta a que nos encontramos frente a un problema de selección negativa. En otras palabras, la política en el Perú atrae a individuos de bajo prestigio e interesados en obtener beneficios personales mientras repele a aquellos con más talento. Esto involucra la disminución de representantes con formación de calidad o líderes con trayectoria en la sociedad civil. Tomemos como ejemplo el caso de Puno. En el pasado, la región eligió a dos dirigentes campesinas asociadas a la histórica Federación Departamental de Campesinos, Paulina Arpasi y Claudia Coari, con amplia trayectoria dirigencial, pero en la actualidad ninguno de sus representantes tiene un perfil similar. Incluso Yonhy Lescano, quien representó la región entre el 2001 y el 2011, parece una figura churchilliana en comparación con Jorge Flores Ancachi, incluido entre los “mocha sueldos”, sindicado como uno de ‘Los Niños’ e investigado por declarar trabajadores fantasmas en una obra pública.

Peor aún, incluso aquellos individuos con prestigio que deciden asumir los costos de ingresar a política deben actuar en un contexto donde el buen comportamiento es sancionado a través de canales informales. Es como querer ser un buen conductor en Lima y ceder el paso a los peatones. Usted será inmediatamente “sancionado” a través de bocinazos e insultos por otros conductores, conminándolo a imponer su vehículo sobre el paso de cebra. La política, como el tránsito, requiere de acción colectiva, pero esta se vuelve imposible si las reglas realmente existentes son aquellas impuestas por los colectiveros.

En el debate sobre la reforma política se suele decir que esta tiene que ser “integral”. Discrepo. Más importante es que sea práctica, y modifique elementos claves del sistema de incentivos que aleja de la política a peruanos talentosos. Antes que proponerse un esquema de reforma ambicioso bajo la promesa de un cambio total, como la restitución del Senado o reemplazar el sistema proporcional por uno mayoritario, un objetivo más realista sería incrementar, en la cámara que tenemos, el número de congresistas que acumulen las dimensiones del buen representante. En el actual Congreso son pocos, pero son. Existen. Y para que ese grupo diminuto crezca en la siguiente elección es necesario hacer al menos dos cosas. Primero, restituir la posibilidad de reelección, permitiendo a los electores castigar o premiar a sus representantes. Tener que rendir cuentas ante sus votantes pone límites a su discrecionalidad, y, sobre todo, permite trazar una carrera de largo plazo a aquellos con real interés en el oficio.

Segundo, es necesario brindar herramientas a los aspirantes a políticos de mayor seriedad y compromiso público. Esto incluye conocimiento y recursos. Fundaciones privadas o incluso algún mecanismo de apoyo estatal pueden hacer la diferencia a través de la capacitación y apoyo financiero de ciudadanos con talento político. Hace mucho los partidos dejaron de ser espacios de formación de representantes, y las iniciativas para revitalizarlos han fracasado una sobre otra a lo largo de 20 años. Es hora de aceptarlo, y enfocar nuestros esfuerzos en el personal político. Es decir, en quienes ejercen la política como profesión.

Fuente: El Comercio – Mauricio Zavaleta politólogo

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