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Más de 500 mil estudiantes pasaron a colegios públicos durante la pandemia – Diario Nacional Realidad.PE

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Más de 500 mil estudiantes pasaron a colegios públicos durante la pandemia – Diario Nacional Realidad.PE


La pandemia de covid-19 ha tenido un impacto significativo en la educación en todo el mundo, y Perú no ha sido una excepción, pues más de 500 mil estudiantes de colegios privados se trasladaron a colegios públicos por motivos económicos.

La migración de estudiantes de servicios educativos privados a públicos tuvo su pico más alto precisamente en el período interanual 2019-2020, con un total de 356 241 estudiantes que se trasladaron.

Este pico de migración del privado al público observado en el primer año de pandemia se debería a que muchos padres de familia perdieron sus trabajos o vieron disminuidos sus ingresos, lo que les obligó a buscar opciones más económicas para la educación de sus hijos. Los servicios educativos públicos son gratuitos, lo que los hace una opción atractiva para las familias con recursos limitados.

Esta cifra es mucho mayor en comparación con el periodo anterior (2018-2019), que registró un total de 189 389 estudiantes que cambiaron de gestión, y con el periodo 2020-2021, cuando el volumen de traslados de estudiantes del sistema privado al público empezó a normalizarse, con un total de 170 358 estudiantes trasladados. De hecho, en el último año esta cifra se redujo a 116 189 estudiantes, lo que se encuentra en línea con la recuperación de la economía peruana.

Un aspecto a resaltar es que la proporción de estudiantes trasladados según el género ha permanecido invariante, con un 51 % de hombres y 48 % mujeres migrantes, incluso antes de la pandemia. Asimismo, el número de estudiantes que se trasladaron en mayor porcentaje fueron los de primaria, seguido de los de secundaria e inicial.

¿Se mantienen en la educación pública?

Una de las grandes preocupaciones de la comunidad educativa con respecto al retorno de clases presenciales era saber si los locales educativos podrían albergar a los nuevos matriculados en los servicios públicos. Para tranquilidad de estos, las cifras de migración de privado a público pospandemia se están reduciendo, ya que muchos retornaron a los servicios educativos privados.

En efecto, de los 356 241 estudiantes que cambiaron de gestión en el periodo 2019-20, pico de estudiantes registrados en los servicios públicos por la pandemia, 205 319 (58 %) continúan en un servicio público en 2022. El 42 % restante se distribuye entre estudiantes que retornaron al sistema privado, que interrumpieron sus estudios o que culminaron la secundaria.

Con respecto al periodo 2020-2021, el número de estudiantes trasladados que se mantuvo en un servicio educativo público llegó a 116 956, lo que equivale al 69% del total de traslados registrados en dicho año. Finalmente, en el último año, 116 189 trasladados permanecen en un colegio público, lo que representa el 100 % del total. La razón de esto último es que no se cuenta todavía con la matrícula completa del año 2023, ya que esta sigue abierta.

El año 2020 fue el año de mayor impacto de la pandemia, debido a la cuarentena estricta, ya que todavía no se había iniciado el proceso de vacunación. A partir de 2021, la economía peruana se recuperó, lo que impactó positivamente en los ingresos familiares y permitió que una parte importante de los trasladados a servicios públicos regresaran a uno privado.

El comportamiento del porcentaje de estudiantes trasladados que continúan en el sistema público muestra que los cambios de gestión de privado a público que se dieron en 2019-2020 fueron de carácter temporal, en respuesta a la situación económica de dichos años, producto de la pandemia. Sin embargo, también demuestra que el sistema público logró absorber esa demanda no prevista e incluso, tres años después, ha logrado retener a más de la mitad de estudiantes que se trasladaron desde un servicio educativo privado.

Retornar al sistema privado en 2022

Tras regresar a la nueva normalidad, los estudiantes están retornando a un servicio educativo privado, aunque no necesariamente al mismo servicio educativo en el que estaban matriculados antes de la pandemia.

La decisión de retornar al sistema privado podría tener diversas causas, como la búsqueda de una mejora en la calidad educativa, cambios en el entorno escolar como un enfoque más personalizado o alguna preferencia personal como un enfoque religioso específico, pensiones más económicas, mayores facilidades para la educación virtual, por cercanía al hogar o al centro de labores de los padres, entre otros.

Al respecto, las cifras muestran que 33 621 estudiantes que habían migrado a un servicio público en el periodo 2018-2019 (antes de la pandemia) retornaron a un servicio privado el 2022 (18 % del total de traslados). En 2019-2020, 116 614 estudiantes retornaron al sistema privado al cierre del 2022 (33%). Finalmente, para el periodo 2020-2021, son 45 592 los estudiantes que han regresado a un servicio educativo privado, lo que representa el 27 % del total de traslados en dicho periodo.


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Desde septiembre, OxI Exprés suma dos proyectos y Servicios por Impuestos no tiene procesos

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Desde septiembre, OxI Exprés suma dos proyectos y Servicios por Impuestos no tiene procesos

Mientras Obras por Impuestos marca un récord de S/10 263 millones adjudicados, especialistas señalan trabas de gestión en regiones y piden centralizar las contrataciones de emergencia.

A inicios de septiembre, el Gobierno lanzó OxI Exprés, una versión simplificada de Obras por Impuestos (OxI), y un Servicios por Impuestos (SxI) de emergencia para enfrentar el Fenómeno El Niño. Según ProInversión, el régimen excepcional del Decreto de Urgencia 010-2026 registra solo dos adjudicaciones, por poco más de S/6 millones: la reparación de diques en Ica y el reforzamiento estructural de un canal en Cañete, promovidas por las municipalidades distritales de San José de Los Molinos y Santa Cruz de Flores. En SxI hay 167 intervenciones priorizadas, 22 de ellas de emergencia, pero ningún proceso de selección activo. Gonzalo Pereyra, presidente ejecutivo de ProBienes Capital, comentó: “Todavía falta ver más movimiento [de adjudicaciones]”.

Los especialistas apuntan a razones sobre todo de gestión. Karen Ángeles, socia de Hundskopf & García Nores Abogados, recordó que las convocatorias las realiza cada entidad pública y que, en el cambio de administraciones, “no quieren comprometerse, lo que llevará el asunto hasta enero”. Propuso que ProInversión centralice las contrataciones de emergencia hasta que los nuevos funcionarios se adecúen. ProInversión indicó que debe esperar los documentos base que las entidades envíen tras contratar directamente el servicio. Sobre la intervención de la Contraloría durante el proceso, y no antes de adjudicar, Pereyra afirmó: “Tiene sentido la excepción, pero el reto está en acelerar las cosas a nivel regional y local”.

El mecanismo llega con respaldo. Hasta el 22 de octubre se adjudicaron 761 intervenciones OxI por S/10 263 millones en 2026, tres veces el monto del mismo periodo de 2025, y el 64% de las 374 entidades que lo usaron lo hizo por primera vez. El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, indicó a Gestión que se promoverá el “Saldo de Obras por Impuestos”, sin nueva normativa. Ángeles y Pereyra consideran que el plazo para sumarse, hasta el 31 de diciembre de 2027, podría ser corto, pues la reconstrucción posterior al fenómeno toma tiempo.

Fuente: Gestión

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Minem reemplaza inspecciones en campo por revisión de documentos para autorizar a mineros informales

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Minem reemplaza inspecciones en campo por revisión de documentos para autorizar a mineros informales

El decreto se publica a menos de dos meses del vencimiento del Reinfo, con el objetivo de reducir tiempos y costos, mientras el Ejecutivo propone una nueva ley para la pequeña minería.

El Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) vence el 31 de diciembre de 2026, según la Ley 32537, y el Gobierno ya anunció qué quiere después: una nueva Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE) y su reglamento. Según sus considerandos, la propuesta eliminaría la protección legal de algunos operadores que, bajo la condición de informales, estarían haciendo minería ilegal. El ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, declaró a RPP: “El Reinfo hoy día, tal como está, tiene un paraguas legal que protege sobre todo a los mineros ilegales”. “No vamos a hablar de los mineros informales que quieren trabajar bien y vamos a ayudarlos para que se formalicen”, añadió.

En paralelo, un decreto supremo publicado el 2 de noviembre en El Peruano cambió la forma en que el Minem verificará los requisitos de quienes piden autorización para operar. La Dirección General de Formalización Minera revisará la información y los documentos desde una oficina, en lugar de basar la verificación en una inspección en el lugar donde trabaja el minero. La norma modifica el artículo 32 del Decreto Supremo 018-2017-EM y exige comprobar las condiciones del artículo 31, antes de otorgar la autorización de inicio o reinicio de actividades de explotación o beneficio y el título de concesión de beneficio.

Los considerandos justifican el cambio en la necesidad de simplificar el trámite: “Reducir los tiempos de evaluación y los costos asociados, sin comprometer la rigurosidad técnica de las evaluaciones”. El decreto añade que, si una autorización se emite sin cumplir lo exigido, la autoridad competente deberá declararla nula, conforme a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Es decir, el procedimiento se agiliza, pero se mantiene la obligación de comprobar que se cumplan las condiciones.

Fuente: RPP

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