El costo de estas normas pasó de S/3 mil millones en 2022 a S/50 mil millones proyectados para 2027, según el MEF, comprometiendo el presupuesto en gastos fijos de sueldos y pensiones que las regiones deben asumir antes de formular su presupuesto. 

La falta de dinero para obras en las regiones tiene su origen en decisiones del Congreso. Entre 2021 y 2025, los parlamentarios aprobaron 248 leyes que obligan al Estado a asumir gastos fijos y permanentes, principalmente en sueldos y pensiones, con un costo acumulado que alcanzará los S/50 mil millones para 2027. Como hoy se destina mucho más dinero a estos pagos obligatorios, los recursos para obras públicas cayeron del 28.5% del presupuesto en 2023 al 22.3% en 2026, dejando a las regiones sin fondos suficientes para construir carreteras, colegios y servicios básicos. Ese escenario se refleja en Lima Metropolitana: el pliego regional de la capital tiene asignados S/35 millones para 2027, una reducción de 68.5%, según se expuso ante el Congreso. Guillermo Valdiviezo Méndez, encargado de la alcaldía, calificó ese monto de insuficiente.

Al respecto, el propio MEF enfatizó que la gran mayoría de las medidas legislativas aprobadas se enfocaron en cargas laborales de carácter indefinido: “Resulta particularmente llamativo el impacto sobre el gasto público, pues 199 de estas leyes (aproximadamente el 80% del total) se concentraron en incrementar el gasto, principalmente a través de remuneraciones y pensiones”. Asimismo, el MEF alertó que la proliferación de esta normativa genera un “efecto acumulativo” que ahoga la capacidad del Ejecutivo para atender otras prioridades de inversión.

Desde las regiones, dirigentes y especialistas advierten el impacto. Víctor Calderón, presidente del Frente de Defensa de José Luis Bustamante y Rivero en Arequipa, cuestionó la aprobación de normas sin respaldo presupuestal y demandó reorientar los fondos a proyectos de agua y saneamiento: “La población rechaza esta situación porque es un perjuicio a la ciudadanía que vivimos del día a día”. El economista ayacuchano Raúl Vegas advirtió sobre el poco margen que dejan estos compromisos: “El próximo gobernante no tendrá suficiente margen de maniobra para cumplir sus promesas de campaña”. El desafío para las regiones es garantizar que cada sol disponible para inversión se traduzca en obras terminadas y beneficios concretos para la población.

Fuente: El Comercio, Gestión, Ayacucho te Informa y Arequipa Hoy

Brenda Rodríguez, CEO de ISA Energía en Perú, prevé hasta 7000 trabajadores en campo y busca un segundo ciclo para sus concesiones.

ISA Energía alista ocho proyectos de transmisión eléctrica en el Perú, que sumarán entre 1300 y 1400 kilómetros de líneas, y evalúa participar en una cartera con potencial de unos US$1700 millones. Entre ellos destacan las líneas Huánuco–Tocache–Celendín–Trujillo y Celendín–Piura, que formarán un nuevo eje troncal centro-norte y entrarían en operación a mediados de 2029; el proyecto YANA, un enlace de 220 y 500 kV en la zona centro previsto para el primer trimestre de 2027; y la segunda etapa de la subestación Virú, en La Libertad, que llegaría en unos 18 meses.

El Plan de Transmisión 2027-2036 identifica un potencial de unos US$1700 millones en proyectos, cuyas convocatorias comenzarían a fines de 2027. Brenda Rodríguez, CEO de ISA Energía en Perú, indicó que la compañía definirá en cuáles participar según sus sinergias con la infraestructura existente. Para la ejecución de estas obras, estimó la contratación de personal: “Tenemos una expectativa de alrededor de 6000 o 7000 trabajadores en campo en algún momento”.

Rodríguez advirtió sobre la necesidad de planificar la red con anticipación. “Puedes tener una generación y no la puedes conectar. Y ese es un ejemplo de una mala planificación”, afirmó. Además, la ejecutiva indicó que ISA busca un segundo ciclo para sus concesiones, que, a su juicio, requiere negociar con el Gobierno dentro del marco legal. Frente al Fenómeno El Niño, subrayó que el tiempo es corto para los trabajos pendientes.

Fuente: Gestión