¡Contratación bajo la lupa! Dirigente deportivo recibió una jugoza orden de servicio por S/ 8,000 mensual mensuales en la OEFA tras firmar una declaración jurada asegurando no tener impedimentos para contratar con el Estado y estar habilitado para ejercer como abogado. Emplazan al Colegio de Abogados de Lima y a la Contraloría a intervenir.
Lima, 16 de noviembre de 2026. Una contratación que exige explicaciones. Renzo Vitto Fabrizio Manyari Velazco, presidente del Comité Olímpico Peruano (COP), obtuvo una orden de servicio del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) por S/ 8,000, pese a figurar como INHABILITADO en el registro del Colegio de Abogados de Lima (CAL).
La Orden de Servicio N.° 02251-2026-S, emitida el 5 de agosto de 2026, corresponde a un servicio de monitoreo de acciones estratégicas para la gestión de la conflictividad social en condición de abogado. Sin embargo, días antes, el 30 de julio, Manyari suscribió una declaración jurada afirmando no tener impedimentos de ejercer su rol como abogado ante el Estado.
El caso cobra mayor relevancia porque la Resolución N.° 002-070-2024-CE/DEP/CAL establece una suspensión de dos años del ejercicio profesional de la abogacía contra el dirigente deportivo por infracciones al Código de Ética que aún se encuentra vigente.
Los términos de referencia del OEFA exigían formación profesional en Derecho y/o Ciencias Políticas, además de experiencia especializada y ESTAR HABILITADO para ejercer la profesión. Frente a ello, surge una interrogante: ¿la entidad verificó la situación profesional de Manyari antes de contratarlo?
Ante estos hechos, se emplaza al Colegio de Abogados de Lima a proceder ante el Tribunal de Honor por fuerte falta ética y solicitar su expulsión indefinida contra Manyari, y a la Contraloría General de la República a intervenir de inmediato por la irregularidad de la contratación efectuada por el OEFA.
PARA NO OLVIDAR: MANYARI TAMBIÉN FUE INVESTIGADO POR PRESUNTA ORGANIZACIÓN CRIMINAL
No es la primera vez que Renzo Manyari enfrenta cuestionamientos. En mayo de 2024, el medio de investigación El Foco reveló que la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada había abierto una investigación preliminar contra el presidente del Comité Olímpico Peruano, a raíz de una denuncia de la Asociación Deportiva Anticorrupción del Perú (ADAPERÚ).
Entre los hechos denunciados figuraba el presunto pago de S/ 4 millones por derechos de marca de un campeonato internacional de levantamiento de pesas, cuyo costo fue cuestionado por la asociación, así como supuestas irregularidades y conflictos de intereses en organismos de justicia deportiva. La denuncia también comprendía presuntos delitos de lavado de activos, tráfico de influencias y peculado.