Los municipios piden el destrabe de proyectos de prevención y la transferencia de fondos adicionales para proteger a la población vulnerable frente a lluvias, huaicos y desbordes.

Los alcaldes de los distritos de Lima Este solicitaron apoyo económico y técnico al Gobierno Central para ejecutar obras de prevención ante los estragos que podría causar el Fenómeno El Niño esta temporada. Las autoridades señalaron que las acciones autónomas de cada jurisdicción resultan insuficientes para mitigar el impacto climático y que se requiere una respuesta articulada entre los gobiernos locales y el Poder Ejecutivo. Entre las demandas específicas figuran el destrabe de proyectos de infraestructura, la asignación de maquinaria pesada y la transferencia de presupuesto para la mitigación del riesgo.

El alcalde de Lurigancho-Chosica, Oswaldo Vargas, pidió el destrabe de proyectos orientados a proteger cuatro quebradas críticas de su jurisdicción, cuyos expedientes técnicos se encuentran paralizados en instancias gubernamentales. La Municipalidad de Chaclacayo solicitó formalmente maquinaria pesada a los ministerios de Vivienda, Defensa y Transportes para realizar la descolmatación preventiva de los ríos. Los representantes municipales coordinan además un pliego de reclamos común para presentarlo ante las instancias correspondientes del Ejecutivo.

Fuente: América TV

Un informe advierte que el Perú ocupa el segundo lugar mundial en comercialización de productos falsificados, en un contexto de brechas institucionales y alta informalidad.

Según el Índice Global de Crimen Organizado 2025, el Perú ocupa el segundo lugar a nivel mundial en comercialización de productos falsificados, detrás de China y Paraguay, en un contexto donde las economías ilegales moverían alrededor de US$31.000 millones, equivalentes al 8 % del PBI nacional. Un informe del Observatorio de Productos Eléctricos Ilegales advierte que factores como la inestabilidad política y las brechas institucionales de la última década habrían generado condiciones complejas para enfrentar estas actividades ilícitas. En el sector construcción, la falsificación representaría unos US$700 millones, de los cuales cerca de US$60 millones corresponderían al mercado de productos eléctricos.

El informe señala que las redes criminales operan mediante mecanismos difíciles de detectar y precisa que «los productos ingresan al mercado sin controles efectivos y son comercializados como artículos ‘seguros’, ‘económicos’ o ‘de calidad’, pese a tener un ADN ilegal, falsificado o subestándar pudiendo ocasionar cortocircuitos, incendios y accidentes eléctricos en viviendas, comercios e industrias». El Observatorio propone medir los niveles de incautación, las pérdidas económicas y los accidentes asociados para dimensionar no solo la evasión tributaria, sino también el costo real que esta economía criminal genera para el Estado y la ciudadanía.

Fuente: Diario Correo