El caso de corrupción alrededor de Marka Group y el Fondo Mi Vivienda trasciende a la propia administración del expresidente Castillo.

Desde este Diario hemos sido frontales contra la corrupción que emanaba permanentemente desde el gobierno del expresidente Pedro Castillo. Su gestión tomó los estamentos del Estado en los que podía obtener beneficios ilícitos, los subastó y los degradó. La estela de corrupción es notoria y atraviesa sectores, jerarquías y funciones dentro del Gobierno. El país y la administración pública aún no se recuperan de su captura por intereses criminales que, por lo que conocemos hoy, intentaron saquear el erario desde la primera semana en la que se instalaron.

Pero en este trance el gobierno de Castillo no actuó solo. Personas sin escrúpulos encontraron aquí el escenario ideal para hacer dinero rápido en negociados con un Estado sin institucionalidad ni ley. Uno de los casos más claros, y de sumas mayores, es el de Sada Goray, dueña y gerenta general de la empresa inmobiliaria Marka Group. Como se sabe, a finales del año pasado, Goray confesó la entrega de 4 millones de soles, al entonces jefe del gabinete de asesores del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), Salatiel Marrufo, a cambio de preferencias en el Fondo Mi Vivienda. Marrufo ha confirmado recientemente entregas en efectivo –por montos incluso más altos– que supuestamente iban para el propio presidente Castillo y el pago a congresistas para evitar una vacancia presidencial. La trama involucra también a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SNB). Goray fue detenida la semana pasada debido al peligro de fuga y posible obstaculización a la justicia.

El Poder Judicial también dictó detención preliminar en contra del conductor de radio y televisión Mauricio Fernandini. Él admitió que actuó como intermediario de las presuntas coimas para Marrufo y habría alquilado su inmueble para los intercambios ilegales por 10 mil soles mensuales. Goray señaló que Fernandini recibió además 80 mil dólares como “bono de éxito”. En su confesión sincera, Fernandini omitió información importante sobre su incremento patrimonial de los últimos años.

A pesar de la imagen que desean pintar algunos grupos políticos interesados en jalar agua para su molino, ni Goray debe ser considerada representante del empresariado ni Fernandini un representante del periodismo. Ambos se habrían aprovechado de su posición para enriquecerse a costa del Estado. Un empresario real pone a disposición del mercado su inversión, talento y trabajo para cubrir necesidades de la sociedad. Un periodista digno de su profesión opera con transparencia y mantiene distancia de los poderes políticos y económicos, sobre todo cuando están contaminados. En ese sentido, ni Goray es empresaria ni Fernandini periodista. Serían simplemente eslabones en una de las cadenas de corrupción que se construyeron durante la administración de Pedro Castillo. No representan, ni de cerca, al empresario o al periodista promedio.

Pero el daño a la imagen está hecho. Si se quiere empezar a resarcirlo, los empresarios y los periodistas serios tienen el deber de identificar a los malos elementos escondidos entre sus filas. No solo para denunciarlos una vez que el escándalo ha estallado –eso, después de todo, es lo más fácil–, sino a través de una actuación proactiva que ayude a exponer las malas prácticas y a prevenirlas. El espíritu de cuerpo mal entendido –para proteger a los colegas sobre los que pesan serias acusaciones– no solo funciona, pues, entre políticos. Si la corrupción generalizada durante la gestión anterior puede servir de algo, que sea para sacar al fresco a aquellos que se llenan la boca de valores y patriotismo mientras en la oscuridad saquean las arcas del Estado a la primera oportunidad que se les presenta.

Fuente: Editorial El Comercio