El «Acuerdo de Barbados» es letra muerte, una vez más la dictadura de Nicolás Maduro no cede e incumple sus compromisos internacionales. El tirano de Caracas es un operador político de la Habana y una vez más demuestra que su accionar político está ligado a las instrucciones que recibe del gobierno cubano, que luego de la muerte de Hugo Chávez ejerce cada vez más un mayor control político sobre Venezuela.

La dictadura castrista necesita sostener a Maduro en el poder, no dudando en poner en práctica diversas estrategias diseñadas por los servicios de inteligencia cubanos. Estados Unidos ha tenido una política errática con respecto a América Latina, desdeñando bajo la administración del actual presidente Joe Biden, la gravedad de la crisis migratoria generada como consecuencia de la virtual quiebra de la industria de hidrocarburos en manos de la otrora próspera PDVSA, surgida en la década de los setenta del siglo pasado, luego de la nacionalización de la industria petrolera durante el primer gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez.

El comandante Hugo Chávez intentó deponer al gobierno de Carlos Andrés Pérez en febrero de 1992. Fue condenado por los tribunales; sin embargo, en un acto de debilidad y ceguera política, el gobierno del presidente Rafael Caldera lo indultó. La libertad de Hugo Chávez se convirtió en una gran oportunidad, para que, desde la Habana, bajo el liderazgo de Fidel Castro, se diseñara una estrategia política de toma del poder por la vía electoral. El triunfo de Hugo Chávez bajo las banderas de una refundación republicana despertó interés de amplios sectores marcados por la ingenuidad y seducidos por un discurso populista y demagógico. La democracia no supo activar sus alarmas y no se vislumbró la existencia de un plan urdido desde el exterior con el claro propósito de tomar el poder bajo el influjo del llamado «socialismo del siglo XXI».

A inicios del nuevo siglo, parecía posible afianzar la democracia en toda la región, más aún en un contexto de precios altos de las materias primas. El Foro de Sao Paulo cumplió un papel activo para impulsar nuevos liderazgos en América Latina, con la presencia de Lula en Brasil, Evo Morales en Bolivia, Néstor Kirchner en Argentina y el retorno de Daniel Ortega en Nicaragua.

La decisión de inhabilitar la candidatura de María Corina Machado, impidiendo que participe en las próximas elecciones generales, es una prueba clara que Nicolás Maduro pretende perpetuarse en el poder. La oposición venezolana debe cerrar filas detrás de María Corina Machado, que tiene el amplio respaldo de la ciudadanía. Maduro se apoya en la inteligencia cubana, cuenta con apoyo militar ruso, ayuda financiera de la República Popular China y mantiene lazos con el gobierno de Irán. Estados Unidos recientemente expresó su confianza en que el gobierno de Maduro estaba dispuesto a llevar comicios limpios con supervisión internacional. La ingenuidad de Biden y de los Departamentos de Estado y Justicia son manifiestos. Cómo explicar que hayan concedido libertad al señor Saab (testaferro de Nicolás Maduro), impidiendo que el accionar de la justicia, luego de haber conseguido su extradición desde Cabo Verde. Alex Saab fue recibido en Caracas, por el gobierno de Nicolás Maduro, como si se tratara de un preso político, liberado por una sanguinaria dictadura.

Hace unos años el gobierno de Barack Obama restableció relaciones con Cuba, tal vez pensando que se abriría un camino hacia la libertad. Durante el gobierno de Trump se impusieron sanciones económicas a Venezuela. La no reelección de Trump fue un golpe de suerte para para la tiranía de Caracas y más aún cuando durante el gobierno de Biden, la política exterior norteamericana ha sido casi laxa con el gobierno de Maduro. Venezuela sobrevive a duras penas, su economía está parcialmente dolarizada, la producción petrolera no llega ni a un tercio de lo que PDVSA exportaba al mundo hace veinte años y la migración de alrededor de 8 millones de ciudadanos hace posible la llegada de millones de dólares en calidad de remesas.

El «tren de Aragua», gestado durante el gobierno de Hugo Chávez, hoy tiene presencia en Perú, Ecuador, Chile y otros países de la región. El objetivo político es desestabilizar la región, si Diosdado Cabello en el 2019 se refirió a una «brisita boliviarana» en alusión a las violentas protestas desarrolladas en Chile, Ecuador y Panamá; no cabe ninguna duda que organizaciones criminales se vienen insertando en las grandes y medianas ciudades en Ecuador, Perú y Chile. El narcotráfico y el crimen organizado transnacional afecta frontalmente la seguridad ciudadana.

Ecuador libra una batalla contra organizaciones criminales que desafían el Estado de Derecho. Nicolás Maduro no cederá y el diálogo político sólo es una estrategia y maniobra dilatoria más. Estados Unidos está en un año electoral decisivo, la lucha contra el terrorismo desatado por Hamas y la crisis humanitaria que afecta Gaza como parte de la respuesta militar israelí, por un lado, como a la par la invasión de Rusia a Ucrania, marcan la agenda de política exterior de un gobierno influenciado por el progresismo y un globalismo avasallador.

En Venezuela se está librando una batalla por la libertad, como en Argentina el presidente Javier Milei enfrenta los embates políticos de una oposición peronista dispuesta a hacer fracasar sus políticas de cambio.

Nicolás Maduro es un operador político de Cuba, alejado del trabajo intelectual, hábil en victimizarse, capaz de agitar y polarizar el país, creando situaciones de conflicto internacional con Guyana o de lucha frontal contra el imperialismo yanqui. María Corina Machado debe ser apoyada por la comunidad internacional, por los gobiernos de Estados Unidos, Canadá, los países de la Unión Europea, Japón, entre otros. El gobierno peruano debe pronunciarse a la brevedad. La lucha por la libertad no tiene fin, la batalla cultural hoy pone en juego las libertades ante el avance de un globalismo y progresismo financiado por fuentes de la cooperación internacional no solventadas por gobiernos de Occidente y por fortunas privadas en manos de los «magnates de la globalización».

José Antonio Torres Iriarte
Abogado y analista político