Empresas retiran a su personal de operaciones de diversos campamentos del corredor minero del sur, entre ellas, Las Bambas, Antapaccay y Hudbay, según la SNMPE.   La conflictividad social, que afecta no solo a la producción y las exportaciones mineras, sino también a sus inversiones, empieza a impactar de forma sostenida también en los trabajadores de esa industria extractiva, según reportes de las empresas del ramo. Al cumplirse casi un mes de bloqueos continuos en carreteras en el sur del país, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) informó que 30,000 los trabajadores mineros se están viendo afectados por los ataques y las interrupciones en el corredor minero del sur. Magaly Bardales, presidenta del Comité Sectorial Minero de la SNMPE, declaró que los incendios, robos, invasiones de campamentos y bloqueos han llevado a las empresas a evacuar o retirar de las operaciones a esa cantidad de trabajadores afectados, que representan el 13% del total de personal que labora en minas a nivel nacional. Por su parte, Carlos Gálvez, miembro del consejo consultivo de ese gremio y ex presidente del mismo gremio, indicó que parte de los trabajadores que han sido retirados de campamentos mineros corresponden a los de las empresas Las Bambas, Antapaccay y Hudbay.   Cabe señalar que Li Liangang, presidente ejecutivo interino de MMG Limited, anunció este domingo que, tras las interrupciones del transporte que afectaron el tránsito de entrada y salida a Las Bambas, se vieron obligados a iniciar una desaceleración progresiva de su operación en esta mina. En un comunicado indicó que, si la situación no cambia, la mina no podrá continuar la producción de cobre a partir del 1 de febrero y que la operación entraría en un periodo de cuidado y mantenimiento.

El columnista del diario Gestión, José Ignacio Beteta, sostuvo que los incidentes violentos que atraviesa nuestro país han afectado al sector lechero.     Con respecto a los recientes ataques que sufrió una de las empresas más grandes de lácteos en nuestro país, José Ignacio Beteta indicó que son los ganadores los más perjudicados. “Entre el 19 de diciembre y el 04 de enero de este nuevo año 2023, las operaciones se reanudaron pero los proveedores de Gloria, pequeños ganadores en general, ya habían sufrido bastantes pérdidas con la primera tanda de protestas y no podían soportar más violencia”, dijo. Asimismo, recordó lo vivido hace unos días cuando un grupo de productores no tuvo más remedio que tirar su leche en la carretera ya que se había descompuesto. “Los pequeños ganadores del sur del Perú están tirando a la tierra su leche, perdiendo dinero y recursos, pero además, dejando de alimentar a miles de familias que consumen leche todos los días. ¿El grupo Gloria pierde? Claro que sí, pero aguanta. Los que no aguantan son los pequeños, y son los vándalos, sus propios paisanos y también miembros del “pueblo” los que los quiebran, angustian y hacen llorar”, lamentó. Finalmente, Beteta se refirió a las cifras de acopio de leche, la misma que cayó 16% del 08 al 31 de diciembre. “La afectación más significativa se dio en la zona sur, con 28% menos de acopio de leche. Si a esto se le suma que no están entrando al Perú, desde Bolivia, insumos para la alimentación del ganado, el panorama es más triste aún. Los ganadores ya no solo dejan de vender leche, sino que sus vacas se vuelven menos productivas al estar mal alimentadas”, advirtió.

El economista sostuvo que, según la historia, los países que tienen más paz y por ende progreso, tienen dos características: un alto nivel de capital social y un Estado que garantiza las necesidades básicas de todos los ciudadanos.   Según el  profesor principal del Departamento Académico de Economía en pregrado y profesor de la Escuela de Postgrado de la Universidad del Pacífico, Carlos Parodi, la paz social y una buena gestión estatal son claves para el desarrollo de un país. “Me parece que estamos debatiendo qué hacer con la economía, sin antes entender que esta funciona en una realidad concreta y compleja que tiene diversas dimensiones. La economía interactúa con esas otras dimensiones, como la política, la institucional, la cultural, etc. Si aquellas no funcionan, entonces casi no tiene sentido debatir cuál debería ser el modelo”, explicó. Asimismo, comentó que más allá de las posturas enfrentadas en la coyuntura del Perú, las protestas tienen dos tipos de impactos sobre la economía.  “Primero, el impacto directo, que se manifiesta en los miles de negocios que han cerrado como consecuencia de las mismas. Perú tiene tres millones de empresas, de ellas el 99.4% son micro y pequeñas empresas y generan más del 90% del empleo. Si es así, se entiende que muchísimos peruanos se quedaron sin chamba. (…) Segundo, el impacto indirecto. En un contexto como el actual, la inversión se contrae y por ende el PBI y la recaudación tributaria. Existen países que recomiendan no venir a Perú. Sin inversión, no hay crecimiento”, resaltó. Finalmente, Parodi afirmó que la falta de capital social y la ausencia de un estado que vele por la satisfacción de las necesidades de todos los peruanos “hacen pensar que cualquier proyección, tanto a nivel empresarial como nacional para 2023 habrá que ajustarlas hacia la baja. Y esa es una mala noticia, en especial para los más vulnerables”, lamentó.