“En el Perú tenemos que elegir entre quienes nos llevan a reducir la pobreza y quienes nos llevan a aumentarla”.

Si la economía sigue creciendo al 2% actual, nos tomaría 30 años bajar la tasa de pobreza del 27,5% al 20% al que llegamos en el 2019. Así lo ha calculado el exministro de Economía David Tuesta, en un reciente artículo en El Comercio (2/6/23).

El Perú tiene muchos más recursos naturales que Chile. Chile, sin embargo, tiene una pobreza del 10%. Tuesta ha hecho un ejercicio. Con nuestra actual tasa de crecimiento, ¡nos tomaría 80 años alcanzar la tasa actual de Chile!

En las décadas siguientes esperemos crecer a bastante más del 2% anual. El caso del gobierno de Pedro Castillo, sin embargo, nos demuestra que el país también puede irse en picada.

La clave principal está en la política, en las leyes y las instituciones. La economía siempre se mueve en un marco de leyes, reglamentos, trámites, permisos (estatales o sociales), autorizaciones, derechos (perfectos o imperfectos), contratos (malos o buenos).

Hay otros factores que también mueven, congelan o hacen retroceder a la economía. La confianza, por ejemplo, mueve la inversión, a más o a menos.

La política tiene un impacto decisivo en ello. No se trata de una ley o un contrato, de una autorización o de un reglamento. Basta con los anuncios que hacen los altos funcionarios para orientar los vientos de la inversión hacia uno u otro lado, hacia el más o hacia el menos.

El alcalde de Lima, por ejemplo, ha tomado una tal decisión. Ha anunciado la finalización unilateral de los contratos de concesión de Vías Nuevas de Lima. El burgomaestre metropolitano se ha constituido, así, en autoridad nacional.

“En el Perú no se respetarán los contratos de concesión”. “Inversionistas del mundo, no vengan al Perú”, es lo que viene a decir Rafael López Aliaga en su empeño por el desconocimiento unilateral de los contratos de concesión.

Aunque solo es un alcalde, López Aliaga adquiere la voz del Estado Peruano. Y esa voz es: “¡que nos tome 80 años reducir la pobreza! ¡No me importa, yo mando acá, no los contratos!”.

Los cientos de millones de dólares invertidos no interesan. “¡EMAPE debe tomar el control de los peajes! O sea, mi municipalidad, mi gestión”.

Este no es un asalto solo sobre una empresa inversionista. Las inversiones de largo plazo solo se obtienen con la seguridad jurídica. Si llega un alcalde y quiere imponer su voluntad quebrando dicha seguridad, se va toda la confianza al agua.

El marco legal puede estar bien, pero un alcalde vocinglero basta para que la ley no tenga valor. Aun cuando la Municipalidad de Lima perdiera el litigio, el daño queda hecho.

En el Perú tenemos que elegir entre quienes nos llevan a reducir la pobreza y quienes nos llevan a aumentarla. López Aliaga candidatea a favor de la pobreza del Perú, de la ilegalidad y del quiebre del orden constitucional.

La Constitución y la ley deben estar por encima de los intereses electorales de los gobernantes. Y debe anunciarse claramente que así será.

Es fácil, por supuesto, atacar a los inversionistas de infraestructura vial. Tan fácil como destruir la confianza y alargar los años de pobreza en el país.

A esos políticos que quieren empobrecer al país, más bien, hay que decirles: ¡no vengan!

Fuente: El Comercio – Federico Salazar – periodista

Source link