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Normas Legales: 233 distritos de 7 regiones en estado de emergencia por intensas lluvias – Diario Nacional Realidad.PE
El Gobierno declaró hoy el estado de emergencia, por 60 días calendario, en 233 distritos de siete regiones, con la finalidad de ejecutar medidas y acciones de excepción que garanticen la protección de los pobladores ante el peligro que representan las intensas precipitaciones pluviales que se registran en el país.
El Decreto Supremo 029-2023-PCM, publicado en la edición extraordinaria de las Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, precisa que los 233 distritos pertenecen a 56 provincias de las regiones de Áncash, Cajamarca, La Libertad, Lambayeque, Lima, Piura y Tumbes, que se encuentran en situación de riesgo constante a raíz de las intensas lluvias.
Áncash, Cajamarca y La Libertad
Los distritos declarados en estado de emergencia son: Coris, Aczo, Mangas, Pariahuanca, San Luis, Comandante Noel, San Pedro de Chana, Huarmey, Caraz, Santa Cruz, Piscobamba, Pallasca, Santa Rosa, Pomabamba, Chimbote, Santa, Sihuas y Yanama, en la región Áncash.
En la región Cajamarca, los distritos de Asunción, Chetilla, Cospán, Los Baños del Inca, Magdalena, San Juan, Huambos, Llama, Miracosta, San Juan de Licupis, Tocmoche, Chilete, Contumazá, Cupisnique, Guzmango, San Benito, Santa Cruz de Toledo, Tantarica, Yonán, Chugur, Bolívar, Calquis, La Florida, Nanchoc, Niepos, San Gregorio, San Miguel, Unión Agua Blanca, San Bernardino, San Luis, Catache, Chancaybaños, La Esperanza, Pulán, Santa Cruz y Saucepampa.
En La Libertad los distritos de Ascope, Casa Grande, Chicama, Chócope, Magdalena de Cao, Bambamarca, Bolívar, Condormarca, Longotea, Uchumarca, Ucuncha, Chepén, Pacanga, Pueblo Nuevo, Cascas, Lucma, Marmot, Sayapullo, Calamarca, Carabamba, Julcán, Agallpampa, Huaranchal, La Cuesta, Otuzco, Guadalupe, Jequetepeque, Pacasmayo.
También San José, San Pedro de Lloc, Buldibuyo, Chillia, Huancaspata, Ongón, Parcoy, Pías, Santiago de Challas, Taurija, Tayabamba, Urpay, Curgos, Marcabal, Sanagorán, Sarín, Cachicadán, Mollebamba, Mollepata, Santiago de Chuco, Sitabamba, El Porvenir, Florencia de Mora, Laredo, Moche, Poroto, Simbal, Víctor Larco Herrera y Guadalupito.
Lambayeque, Lima, Piura y Tumbes
Además, los distritos de Cayaltí, Chongoyape, José Leonardo Ortiz, Lagunas, Nueva Arica, Oyotún, Picsi, Saña, Tumán, Cañaris, Incahuasi, Pítipo, Pueblo Nuevo, Chóchope, Íllimo, Jayanca, Mórrope, Motupe, Olmos, Pacora, Salas, San José, en la región Lambayeque.
En la región Lima, los distritos de Barranca, Paramonga, Pativilca, Gorgor, Manas, Huamantanga, Huaros, San Buenaventura, Coayllo, San Antonio, Santa Cruz de Flores, Atavillos Alto, Santa Cruz de Andamarca, Sumbilca, Tomas, Veintisiete de Noviembre, Checras, Leoncio Prado, Paccho, Ate, Carabayllo, Chaclacayo, Comas, San Martín de Porres, Cochamarca, Oyón, Pachangará, Alis, Azángaro, Cacra, Colonia, Hongos, Huañec, Laraos, Tanta, Tauripampa y Tupe.
Asimismo, los distritos piuranos de Ayabaca, Frías, Jililí, Lagunas, Montero, Pacaipampa, Paimás, Sapillica, Sícchez, Suyo, Canchaque, El Carmen de la Frontera, Huancabamba, Huarmaca, Lalaquiz, San Miguel de El Faique, Sóndor, Sondorillo, Buenos Aires, Chalaco, Chulucanas, La Matanza, Morropón, Salitral, San Juan de Bigote, Yamango, Amotape.
También La Huaca, Tamarindo, Vichayal, Castilla, Catacaos, Cura Mori, El Tallán, La Arena, Las Lomas, Piura, Tambogrande, Veintiséis de Octubre, Bellavista, Ignacio Escudero, Lancones, Marcavelica, Querecotgillo, Salitral, Sullana, Los Órganos, Máncora, en la región Piura.
En la región Tumbes, los distritos de Canoas de Punta Sal, Casitas, Zorritos, Corrales, La Cruz, Pampas de Hospital, San Jacinto, San Juan de la Virgen, Tumbes, Aguas Verdes, Matapalo, Papayal y Zarumilla.
En “muy alto riesgo”
La medida, adoptada luego de evaluarse el informe situacional presentado por el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), con el sustento del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), indica que los gobiernos regionales y locales comprendidos, con la participación de diversos sectores del Estado, ejecutarán acciones inmediatas que disminuyan la condición de “muy alto riesgo” con respuestas rápidas y de rehabilitación.
Dichas acciones deberán tener nexo directo de causalidad entre las intervenciones y el evento; además, podrán ser modificadas según las necesidades y elementos de seguridad que se presenten durante su ejecución con sustento en los estudios técnicos de las entidades competentes.
El decreto supremo es firmado por la presidenta Dina Boluarte, y refrendado por el jefe del Gabinete Ministerial, Alberto Otárola; y los titulares de Defensa; de Desarrollo Agrario y Riego, de Desarrollo e Inclusión Social; de Educación; del Interior; de la Mujer y Poblaciones Vulnerables; de Salud; de Transportes y Comunicaciones; y de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
Propuesta de declaratoria de emergencia
El ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, luego de reunirse con las autoridades de Piura el pasado martes 28 de febrero, propuso ante el Consejo de Ministros declarar estado de emergencia en las zonas afectadas en la región norteña por peligro inminente, con el objetivo de articular el apoyo de los distintos sectores del Estado.
“Ello permitirá activar los mecanismos para emplear los bienes de ayuda humanitaria y el apoyo de todos los sectores como Vivienda, Transporte, Salud, Fuerzas Armadas, para que puedan usar sus medios y recursos ante la contingencia que se pueda producir antes, durante y después de estas lluvias intensas”, dijo en aquella oportunidad.
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Desde septiembre, OxI Exprés suma dos proyectos y Servicios por Impuestos no tiene procesos
Mientras Obras por Impuestos marca un récord de S/10 263 millones adjudicados, especialistas señalan trabas de gestión en regiones y piden centralizar las contrataciones de emergencia.
A inicios de septiembre, el Gobierno lanzó OxI Exprés, una versión simplificada de Obras por Impuestos (OxI), y un Servicios por Impuestos (SxI) de emergencia para enfrentar el Fenómeno El Niño. Según ProInversión, el régimen excepcional del Decreto de Urgencia 010-2026 registra solo dos adjudicaciones, por poco más de S/6 millones: la reparación de diques en Ica y el reforzamiento estructural de un canal en Cañete, promovidas por las municipalidades distritales de San José de Los Molinos y Santa Cruz de Flores. En SxI hay 167 intervenciones priorizadas, 22 de ellas de emergencia, pero ningún proceso de selección activo. Gonzalo Pereyra, presidente ejecutivo de ProBienes Capital, comentó: “Todavía falta ver más movimiento [de adjudicaciones]”.
Los especialistas apuntan a razones sobre todo de gestión. Karen Ángeles, socia de Hundskopf & García Nores Abogados, recordó que las convocatorias las realiza cada entidad pública y que, en el cambio de administraciones, “no quieren comprometerse, lo que llevará el asunto hasta enero”. Propuso que ProInversión centralice las contrataciones de emergencia hasta que los nuevos funcionarios se adecúen. ProInversión indicó que debe esperar los documentos base que las entidades envíen tras contratar directamente el servicio. Sobre la intervención de la Contraloría durante el proceso, y no antes de adjudicar, Pereyra afirmó: “Tiene sentido la excepción, pero el reto está en acelerar las cosas a nivel regional y local”.
El mecanismo llega con respaldo. Hasta el 22 de octubre se adjudicaron 761 intervenciones OxI por S/10 263 millones en 2026, tres veces el monto del mismo periodo de 2025, y el 64% de las 374 entidades que lo usaron lo hizo por primera vez. El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, indicó a Gestión que se promoverá el “Saldo de Obras por Impuestos”, sin nueva normativa. Ángeles y Pereyra consideran que el plazo para sumarse, hasta el 31 de diciembre de 2027, podría ser corto, pues la reconstrucción posterior al fenómeno toma tiempo.
Fuente: Gestión
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Minem reemplaza inspecciones en campo por revisión de documentos para autorizar a mineros informales
El decreto se publica a menos de dos meses del vencimiento del Reinfo, con el objetivo de reducir tiempos y costos, mientras el Ejecutivo propone una nueva ley para la pequeña minería.
El Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) vence el 31 de diciembre de 2026, según la Ley 32537, y el Gobierno ya anunció qué quiere después: una nueva Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE) y su reglamento. Según sus considerandos, la propuesta eliminaría la protección legal de algunos operadores que, bajo la condición de informales, estarían haciendo minería ilegal. El ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, declaró a RPP: “El Reinfo hoy día, tal como está, tiene un paraguas legal que protege sobre todo a los mineros ilegales”. “No vamos a hablar de los mineros informales que quieren trabajar bien y vamos a ayudarlos para que se formalicen”, añadió.
En paralelo, un decreto supremo publicado el 2 de noviembre en El Peruano cambió la forma en que el Minem verificará los requisitos de quienes piden autorización para operar. La Dirección General de Formalización Minera revisará la información y los documentos desde una oficina, en lugar de basar la verificación en una inspección en el lugar donde trabaja el minero. La norma modifica el artículo 32 del Decreto Supremo 018-2017-EM y exige comprobar las condiciones del artículo 31, antes de otorgar la autorización de inicio o reinicio de actividades de explotación o beneficio y el título de concesión de beneficio.
Los considerandos justifican el cambio en la necesidad de simplificar el trámite: “Reducir los tiempos de evaluación y los costos asociados, sin comprometer la rigurosidad técnica de las evaluaciones”. El decreto añade que, si una autorización se emite sin cumplir lo exigido, la autoridad competente deberá declararla nula, conforme a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Es decir, el procedimiento se agiliza, pero se mantiene la obligación de comprobar que se cumplan las condiciones.
Fuente: RPP
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