Mediante Resolución N° 432-2023-CG, se aprobó la Directiva N° 017-2023-CG/GMPL que regula la «Ejecución de Obras Públicas por Administración Directa», estableciéndose disposiciones que permitirán que las obras se realicen de manera célere y transparente, procurando las mejores condiciones de calidad, costo, oportunidad, y en el marco de un adecuado control.

Esta regulación responde a diversas situaciones vistas a lo largo de la ejecución de obras públicas por la modalidad de administración directa, entre las cuales podemos indicar:

Según el Banco de Inversiones del MEF, de las 40,001 inversiones que involucran algún componente de infraestructura mediante administración directa, solo el 26.5% ha sido concluido. Este porcentaje denota un problema significativo en el cierre de brechas y una deficiente provisión de los servicios públicos.

Con relación a las «Obras Públicas» que serán reguladas por la directiva, hasta noviembre último se ha registrado en el Infobras la ejecución de 65,683 obras bajo la modalidad de administración directa, equivalente al 40.8% del total nacional, con una inversión de fondos públicos cercana a los 93 mil millones de soles.

De las 65,683 obras registradas, el porcentaje de cierre físico por parte de las entidades es del 63 %. Sin embargo, en cuanto a la recepción y liquidación de las mismas, solo se ha reportado el 34 % (22,114 obras). Este hecho conlleva, entre otros problemas, al desconocimiento del costo real con el que se concluyeron estas obras. 

A la fecha, hay 24,377 obras en ejecución, y el 95 % de ellas se extiende más allá de las fechas aprobadas en el cronograma original. La gravedad de esta situación se intensifica al notar que en el 83 % de los casos se evidencia un promedio de ampliación de plazos superior a cuatro (4) años.

Para revertir esta situación e impulsar de manera transparente y célere la ejecución de obras públicas, conforme el artículo 82° de la Ley N° 31912, Ley que aprueba Créditos Suplementarios para el financiamiento de mayores gastos asociados a la reactivación económica, la respuesta ante la emergencia y el peligro inminente por la ocurrencia del Fenómeno el Niño para el año 2023, se encargó temporalmente a la Contraloría General actualizar y dictar disposiciones normativas sobre la ejecución de obras bajo la modalidad de administración directa.

En este sentido, el nuevo marco normativo desarrolla y regula, entre otros aspectos, los siguientes: la preparación e inicio de la ejecución física de las obras, los requisitos para el perfil del personal clave, la obligación de efectuar liquidaciones parciales y disposiciones para la aprobación de modificaciones significativas y no significativas, y para el correcto dimensionamiento del expediente técnico, evitando los sobrecostos no sustentados.

La Directiva incorpora un componente necesario de transparencia y participación ciudadana y, recoge los aportes de los actores vinculados a la materia, desde el sector público (Ministerio de Economía y Finanzas, Gobiernos Regionales y Locales), la sociedad civil (como los colegios profesionales de Ingeniería y de Arquitectura), así como también de la academia con destacados especialistas de diversas universidades públicas y privadas.