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OCDE: ¿Qué es y cómo se beneficiaría Perú con su ingreso a dicho organismo? – Diario Nacional Realidad.PE
El 25 de enero del 2022 el Consejo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) decidió por consenso invitar al Perú a iniciar el proceso de adhesión a dicha organización y a principios de este año Perú presentó su memorando inicial, que es una autoevaluación de la legislación, políticas y prácticas del país en comparación con los estándares y mejores prácticas de la OCDE.
En ese sentido, el proceso de adhesión propiamente dicho ya está en marcha, según el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Mathias Cormann, quien se encuentra en nuestro país en el marco de la presentación del informe “Estudios Económicos de la OCDE: Perú 2023”.
“Después habrá una serie de misiones de investigación, una serie de revisiones reales de 24 comités de expertos de la OCDE en un amplio espectro de políticas públicas, económicas, sociales, ambientales, comerciales, de inversión, de gobernanza pública, etc. Al final de este proceso, habrá una serie de recomendaciones sobre qué más necesita hacer el Perú para seguir mejorando su configuración de políticas”, indicó Cormann en entrevista al diario oficial El Peruano.
Sin embargo, es necesario conocer qué representa la OCDE y cuáles son los beneficios que traería para nuestro país.
De acuerdo a un documento del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan), la OCDE remonta sus orígenes a los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, cuando los líderes europeos convinieron que la mejor manera de garantizar la paz era fomentando la cooperación y la reconstrucción de las naciones que se involucraron en el conflicto bélico.
Posteriormente, en 1961 se estableció oficialmente como sucesora de la Organización Europea para la Cooperación Económica, que estuvo encargada de administrar la ejecución del Plan Marshall, elemento esencial para la recuperación económica de Europa y el asentamiento de los regímenes democráticos en Europa Occidental.
Desde entonces, la OCDE dedica sus esfuerzos a brindar un espacio para que sus países miembros (y también los no miembros) dialoguen e identifiquen las mejores prácticas en los diversos ámbitos de sus economías.
Actualmente la OCDE está integrada por 38 países: Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Chile, Colombia, Corea del Sur, Costa Rica, Dinamarca, Eslovenia, España, Estados Unidos, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Japón, Letonia, Lituania, Luxemburgo, México, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, República Eslovaca, Suecia, Suiza y Turquía.
Según la página web oficial de la OCDE, este organismo tiene como misión diseñar mejores políticas para una vida mejor y promover políticas que favorezcan la prosperidad, la igualdad, las oportunidades y el bienestar para todas las personas.
En colaboración con gobiernos, responsables de políticas públicas y ciudadanos, la OCDE busca trabajar para establecer estándares internacionales y proponer soluciones basadas en datos empíricos a diversos retos sociales, económicos y medioambientales.
La OCDE es un foro único, un centro de conocimientos para la recopilación de datos y el análisis, el intercambio de experiencias y de buenas prácticas, además de que asesora en materia de políticas públicas y en el establecimiento de estándares y normas a nivel mundial en ámbitos que van desde la mejora del desempeño económico y la creación de empleo al fomento de una educación eficaz o la lucha contra la evasión fiscal internacional.
Perú y la OCDE
Ceplan considera que ser miembro pleno de la OCDE es importante para el desarrollo económico y social del Perú por varias razones.
“La principal tiene un carácter simbólico, significaría un logro trascendental para un país que hasta hace no mucho tiempo era todavía uno de tantos países incapaces de superar la trampa de los ingresos medios”, explica.
El proceso de acercamiento a la OCDE ha sido gradual. En el 2008 fue aprobada la incorporación de Perú como miembro observador en su Comité de Inversiones.
Luego, en el 2009, Perú se adhirió al Centro de Desarrollo de la OCDE, que es un espacio de análisis e intercambio de experiencias sobre las políticas económicas y sociales entre países desarrollados y en vías de desarrollo.
En los años que siguen el Perú se acerca a la OCDE a través de los Comités de Política del Consumidor y de Competencia y del Grupo de Trabajo sobre Cohecho.
En el 2012, el Perú expresa por primera vez su interés formal en ser miembro de la Organización y por una segunda vez en el 2017.
El Consejo Ministerial de la OCDE acordó, en abril del 2014, invitar al Perú para participar en el “Programa País”, mecanismo que busca ayudar a un número limitado de países a alcanzar los estándares y prácticas de la OCDE, proceso que nuestro país implementó entre los años 2014 y 2019.
En el 2018, Perú se convirtió en Parte de la Convención de la OCDE para Combatir el Soborno de Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales (Convención Anticohecho) y de la Convención Multilateral sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal, esto con el propósito invariable de combatir la corrupción y fomentar una mayor transparencia e intercambio de información.
El 9 de octubre del 2021, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que el presidente de la República, Pedro Castillo, remitió una misiva al secretario general de la OCDE, Mathias Cormann, para ratificar la aspiración del Perú de incorporarse como miembro de dicho organismo multilateral.
Y el 25 de enero del 2022, la OCDE decidió, por consenso, invitar al Perú a iniciar el proceso de adhesión a dicha organización.
Así fue con Chile y Colombia
Cabe indicar que Colombia inició su proceso de adhesión a la OCDE en el 2013 y lo concluyó en abril del 2020, luego de completar los procedimientos internos de ratificación de la Convención de la OCDE.
Mientras que Chile empezó su proceso de adhesión a la OCDE en el 2007 y lo terminó en enero del 2010.
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Desde septiembre, OxI Exprés suma dos proyectos y Servicios por Impuestos no tiene procesos
Mientras Obras por Impuestos marca un récord de S/10 263 millones adjudicados, especialistas señalan trabas de gestión en regiones y piden centralizar las contrataciones de emergencia.
A inicios de septiembre, el Gobierno lanzó OxI Exprés, una versión simplificada de Obras por Impuestos (OxI), y un Servicios por Impuestos (SxI) de emergencia para enfrentar el Fenómeno El Niño. Según ProInversión, el régimen excepcional del Decreto de Urgencia 010-2026 registra solo dos adjudicaciones, por poco más de S/6 millones: la reparación de diques en Ica y el reforzamiento estructural de un canal en Cañete, promovidas por las municipalidades distritales de San José de Los Molinos y Santa Cruz de Flores. En SxI hay 167 intervenciones priorizadas, 22 de ellas de emergencia, pero ningún proceso de selección activo. Gonzalo Pereyra, presidente ejecutivo de ProBienes Capital, comentó: “Todavía falta ver más movimiento [de adjudicaciones]”.
Los especialistas apuntan a razones sobre todo de gestión. Karen Ángeles, socia de Hundskopf & García Nores Abogados, recordó que las convocatorias las realiza cada entidad pública y que, en el cambio de administraciones, “no quieren comprometerse, lo que llevará el asunto hasta enero”. Propuso que ProInversión centralice las contrataciones de emergencia hasta que los nuevos funcionarios se adecúen. ProInversión indicó que debe esperar los documentos base que las entidades envíen tras contratar directamente el servicio. Sobre la intervención de la Contraloría durante el proceso, y no antes de adjudicar, Pereyra afirmó: “Tiene sentido la excepción, pero el reto está en acelerar las cosas a nivel regional y local”.
El mecanismo llega con respaldo. Hasta el 22 de octubre se adjudicaron 761 intervenciones OxI por S/10 263 millones en 2026, tres veces el monto del mismo periodo de 2025, y el 64% de las 374 entidades que lo usaron lo hizo por primera vez. El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, indicó a Gestión que se promoverá el “Saldo de Obras por Impuestos”, sin nueva normativa. Ángeles y Pereyra consideran que el plazo para sumarse, hasta el 31 de diciembre de 2027, podría ser corto, pues la reconstrucción posterior al fenómeno toma tiempo.
Fuente: Gestión
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Minem reemplaza inspecciones en campo por revisión de documentos para autorizar a mineros informales
El decreto se publica a menos de dos meses del vencimiento del Reinfo, con el objetivo de reducir tiempos y costos, mientras el Ejecutivo propone una nueva ley para la pequeña minería.
El Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) vence el 31 de diciembre de 2026, según la Ley 32537, y el Gobierno ya anunció qué quiere después: una nueva Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE) y su reglamento. Según sus considerandos, la propuesta eliminaría la protección legal de algunos operadores que, bajo la condición de informales, estarían haciendo minería ilegal. El ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, declaró a RPP: “El Reinfo hoy día, tal como está, tiene un paraguas legal que protege sobre todo a los mineros ilegales”. “No vamos a hablar de los mineros informales que quieren trabajar bien y vamos a ayudarlos para que se formalicen”, añadió.
En paralelo, un decreto supremo publicado el 2 de noviembre en El Peruano cambió la forma en que el Minem verificará los requisitos de quienes piden autorización para operar. La Dirección General de Formalización Minera revisará la información y los documentos desde una oficina, en lugar de basar la verificación en una inspección en el lugar donde trabaja el minero. La norma modifica el artículo 32 del Decreto Supremo 018-2017-EM y exige comprobar las condiciones del artículo 31, antes de otorgar la autorización de inicio o reinicio de actividades de explotación o beneficio y el título de concesión de beneficio.
Los considerandos justifican el cambio en la necesidad de simplificar el trámite: “Reducir los tiempos de evaluación y los costos asociados, sin comprometer la rigurosidad técnica de las evaluaciones”. El decreto añade que, si una autorización se emite sin cumplir lo exigido, la autoridad competente deberá declararla nula, conforme a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Es decir, el procedimiento se agiliza, pero se mantiene la obligación de comprobar que se cumplan las condiciones.
Fuente: RPP
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