Gasto en soporte informático triplicó costo de equipos: ONPE destinó S/144 millones a asistencia técnica para suministros no utilizados en el proceso electoral.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) enfrenta serios cuestionamientos tras destinar más de S/41 millones en la adquisición de 31 234 laptops y 9 550 impresoras que resultaron inutilizables durante las Elecciones 2026.

Pese a contar con un presupuesto de S/700 millones, una combinación de fallas logísticas, falta de conectividad y nula capacitación del personal obligó a los miembros de mesa a retornar al procesamiento manual de actas, convirtiendo la inversión en un gasto inerte.

La gestión del presupuesto se torna más crítica al revelarse que la ONPE contrató soporte informático por S/144 millones, una cifra que triplica el costo de los equipos y que, según Mónica Yaya, ex-presidenta del Tribunal de Contrataciones del Estado, se ejecutó bajo una norma especial que anuló los controles habituales de transparencia. Esta falta de fiscalización impidió conocer a otros competidores o términos de oferta, ocultando si existieron mejores opciones para el Estado.

Irregularidades en las contrataciones y proveedores

La investigación del medio Territorio Tomado señala anomalías específicas en la selección de proveedores:

• SIP CORP S.A.: Se adjudicó S/31.5 millones por las computadoras portátiles, a pesar de haber sido sancionada previamente por la propia ONPE con una multa de S/277 000 por incumplimientos en la misma licitación.
• Falta de experiencia: Tanto el proveedor de laptops como el de impresoras (gasto de S/9.5 millones) presentaban registros de contratos previos por montos significativamente menores y experiencia limitada en el sector público.
• Ausencia de competencia: Los expedientes revelan que no se realizaron concursos públicos estandarizados, limitando la transparencia del proceso.

Deficiencias técnicas y riesgos de seguridad

El informe detalla que, además de los problemas de infraestructura en los locales de votación, la Contraloría General de la República detectó la inexistencia de llaves de seguridad digitales, componentes críticos para la protección de los resultados electorales. Este vacío técnico elevó el riesgo de vulnerabilidad en el manejo de la información sensible del proceso.

Finalmente, expertos advierten que los equipos adquiridos enfrentan una rápida depreciación (estimada en uno o dos años), lo que implica que, al no haberse utilizado en su propósito original, el Estado peruano ha asumido una pérdida patrimonial considerable.

La opacidad en los contratos, que incluyen pagos por USD 677 000 en auditorías externas, subraya la urgencia de una revisión profunda sobre la legalidad y pertinencia de las compras realizadas por el organismo electoral.