La decisión del comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, de dejar de informar públicamente las cifras de criminalidad ha desatado una fuerte polémica en el país. El anuncio se produce en un momento crítico, marcado por el incremento de delitos como homicidios, extorsiones y sicariato en diversas regiones, especialmente en Lima Metropolitana y el Callao.

Durante una entrevista radial, Arriola señaló que evitará proporcionar datos sobre la criminalidad debido a que “alguien se siente mal” cuando se difunden estas cifras. Aunque no precisó a quién se refería, sus declaraciones han generado cuestionamientos sobre la transparencia del manejo de la información en materia de seguridad ciudadana.

El jefe policial sostuvo que la institución sí cuenta con estadísticas actualizadas y precisas, pero insistió en que la ciudadanía y los medios de comunicación deben recurrir a “cifras oficiales”. No obstante, no especificó cuáles son los canales o plataformas donde estos datos pueden ser consultados de manera clara y oportuna, lo que ha incrementado la incertidumbre.

Este anuncio se da en el contexto del gobierno del presidente José María Balcázar, cuya gestión enfrenta crecientes críticas por la falta de resultados frente al avance de la delincuencia. En las últimas semanas, diversos hechos violentos han puesto en evidencia la gravedad del problema, desde ataques a transportistas hasta asesinatos en espacios públicos.

Cuestionamientos a la transparencia

Especialistas en seguridad y analistas políticos han advertido que restringir la difusión de cifras oficiales podría afectar la confianza ciudadana y limitar el debate público sobre las estrategias para combatir la delincuencia. La transparencia en los datos es considerada una herramienta clave para diseñar políticas públicas efectivas y evaluar el desempeño de las autoridades.

Además, la decisión de la PNP contrasta con la necesidad de contar con información accesible para comprender la magnitud real de la crisis. Sin cifras claras, resulta más difícil identificar tendencias delictivas, zonas de riesgo y evaluar si las medidas adoptadas están dando resultados.

No es la primera vez que Óscar Arriola cuestiona las cifras de criminalidad. En declaraciones previas, el comandante general rechazó los datos del Sistema Nacional de Defunciones (Sinadef), asegurando que los reportes sobre homicidios eran “absolutamente falsos e irreales”.

Según explicó, la PNP maneja registros distintos que, en su opinión, son más precisos debido a que incluyen información complementaria obtenida tras los protocolos de necropsia en las morgues. Sin embargo, esta diferencia de cifras entre entidades estatales ha generado mayor confusión en la opinión pública.

A pesar de la controversia, Arriola defendió el trabajo de la institución policial, afirmando que se realizan operativos de manera permanente en todo el país. “Estamos operando mañana, tarde, noche y madrugada”, indicó, al tiempo que aseguró que existen resultados concretos en la captura de delincuentes vinculados a delitos graves.

No obstante, para muchos ciudadanos, estas acciones no se traducen en una percepción de mayor seguridad. La sensación de inseguridad sigue en aumento, alimentada por la frecuencia de hechos violentos que se reportan a diario.