Bajo el argumento de solventar capacitación e investigación, Fuerza Popular, Podemos Perú, APP y Frente Amplio utilizaron los fondos del Estado a favor de sus dirigentes, militantes y allegados, según ‘Punto final’.

Los partidos de Fuerza Popular (FP), Podemos Perú, Alianza para el Progreso (APP) y Frente Amplio (FA) han convertido el financiamiento público de organizaciones políticas en un medio para devolver favores, solventar los estudios de sus dirigentes o la difusión de medios que les hagan propaganda política.

Un reportaje difundido ayer por ‘Punto final’ destapó detalles sobre cómo estas agrupaciones utilizaron el financiamiento público.

Maestría y contratos

El partido político de Keiko Fujimori financió maestrías en la Universidad Internacional de La Rioja para quienes integraron su antigua fuerza de choque en la bancada naranja del Congreso 2016-2019: Karina Beteta, Segundo Tapia, Roy Ventura y Luis Galarreta. Galarreta hasta hace poco fue candidato a la vicepresidencia en la fórmula de Fujimori Higuchi y también fue postulante al Parlamento Andino. Es el alfil de la hija del dictador.

En el caso de Beteta, Tapia y Ventura, como se recuerda, fueron integrantes claves de la bancada fujimorista, abocados a ser una férrea oposición hacia los gobiernos de Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra, y defensores de su lideresa, investigada por lavado de activos.

Todo eso les trajo un premio, solventado con el dinero de todos los peruanos. El posgrado de Comunicación y Marketing Político. El proveedor contratado por la agrupación fujimorista ofreció siete vacantes para la cúpula de Keiko Fujimori a S/ 14,000.00 por cada persona. Los cursos fueron virtuales. Todo costó S/ 98.000.00

Este no es el único caso escandaloso. En setiembre del año 2020, la empresa FRC Consultores giró un cheque de S/ 138,000.00 por haber brindado a Fuerza Popular el servicio de investigación y formulación de propuestas para resolver la inseguridad ciudadana. FRC es la empresa del exministro del Interior Fernando Rospigliosi.

Dos meses después, la empresa de Rospigliosi recibió S/ 42,000.00 por la segunda parte del trabajo. En total, el servicio que brindó FRC fue por S/ 180,000.00. Para diciembre de ese año, el exministro del Interior fue presentado como uno de los jales de Keiko Fujimori para su equipo técnico. Rospigliosi rechazó que haya sido elegido miembro de la plataforma de expertos de FP en la campaña luego de haberle brindado servicios con FRC. Respondió que él ya integraba el equipo técnico naranja.

La excongresista fujimorista Úrsula Letona recibió en febrero de este año S/ 59,500.00 por haber brindado el servicio de investigación sobre servicios públicos de agua y saneamiento al partido naranja. En abril volvió a cobrar el mismo monto. En total le pagaron S/ 119,000.00

Letona respondió que pese a ser excongresista y aportante de Fuerza Popular, haber tenido un contrato con esta agrupación política no representa un conflicto de interés.

También otros partidos

Pero no solo el partido fujimorista hace estas maniobras.

En Podemos Perú, partido del congresista José Luna Gálvez, contrataron a la compañía Efecto Consulting por una investigación sobre la informalidad en el país a cambio de la suma de S/ 28.500.00. La empresa le pertenece a uno de sus militantes: Víctor Aguilar Rodríguez, quien se desempeña como secretario de prensa de Podemos y es regidor en Lima.

En Alianza para el Progreso (APP), revelan los reportes de la ONPE, 37 de sus afiliados han facturado entre el 2017 y 2020 un total de S/ 271,390.00. Es el partido que ha realizado más capacitaciones. Una de las militantes mejores pagadas ha sido Alejandra Loyola Vera, con S/ 89,500.00; Loyola es personera legal del partido de César Acuña Peralta.

La izquierda tampoco se salva de esto. En el Frente Amplio, de Marco Arana, se destinó S/ 60.000.00 para la difusión de Tu Causa, un diario que es el vocero de esta organización. Lo irregular es que estos gastos son registrados como actividades de capacitación, cuando en realidad el dinero público está destinado para editar, imprimir y difundir dicho medio escrito.

La ONPE se hace cargo de la administración del financiamiento público, pero, como vemos, los partidos buscan sacar provecho a toda costa ante los ojos de los organismos electorales.

La maestría y los contratos fujimoristas

El posgrado de los siete allegados de Keiko costó más de 25 mil euros y el primer contrato con la empresa de Rospigliosi, 138 mil soles.

La clave

La ONPE calcula que para el periodo 2022-2027 el financiamiento de partidos políticos requerirá de 77 millones de soles, diez veces más de lo que recibieron las agrupaciones políticas el año pasado. El 40% del total se reparte por igual y el 60% de acuerdo al número de votos obtenidos en los comicios.

Fuente: La República – Diego Quispe – [email protected]