El expresidente Pedro Castillo presentó una denuncia penal contra altos funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), a quienes acusa de ser responsables de la presunta filtración de fotografías tomadas dentro de su celda en el penal de Barbadillo. Las imágenes, que posteriormente fueron difundidas por diversos medios de comunicación, han generado un nuevo frente legal en torno a la situación del exmandatario, actualmente bajo prisión preventiva.

La acción legal fue interpuesta el 10 de febrero de 2026 y sostiene que la difusión del material gráfico constituye una vulneración de derechos constitucionales, en particular aquellos vinculados a la intimidad personal, la protección de datos y el respeto a las condiciones de reclusión.

Funcionarios denunciados

Según el documento presentado ante el Ministerio Público, la denuncia fue formulada por José Pedro Castillo Terrones con el patrocinio de su abogado, Walter Ayala. La acción penal está dirigida contra Henry García Malpartida, director de Seguridad del INPE, y Shadia Elizabeth Valdez Tejada, presidenta del Consejo Nacional Penitenciario.

La defensa solicita que se disponga el inicio de una investigación fiscal preliminar para determinar si existió responsabilidad funcional en la filtración y difusión de las imágenes.

El caso se origina tras una requisa realizada en el penal de Barbadillo, durante la cual se tomaron fotografías del interior de la celda de Castillo. Según el escrito, estas imágenes mostraban objetos personales, condiciones de reclusión y detalles del espacio donde permanece detenido el exjefe de Estado.

Para la defensa, si bien las autoridades penitenciarias tienen facultades para realizar inspecciones y controles dentro de los centros de reclusión, la difusión pública de dicho material carecería de sustento legal y habría excedido las competencias del personal penitenciario.

Presuntos delitos y argumentos legales

El documento atribuye a los funcionarios denunciados la presunta comisión de varios delitos, entre ellos violación de la intimidad, revelación indebida de información reservada, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes funcionales.

Asimismo, se invoca la posible infracción a la Ley de Protección de Datos Personales, al considerar que la difusión de las fotografías implicaría el uso no autorizado de información privada.

La defensa sostiene además que los hechos denunciados podrían verse agravados por tratarse de funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones, lo que, de comprobarse, implicaría responsabilidades penales más severas.

La denuncia también hace referencia a la publicación de las imágenes en medios de comunicación como El Comercio y Trome, que difundieron las fotografías junto con descripciones sobre las condiciones de reclusión del exmandatario.

Como parte del sustento probatorio, la defensa adjuntó recortes periodísticos y solicitó la incorporación de diversas declaraciones testimoniales.

Entre los testigos propuestos figuran los expresidentes Ollanta Humala, Martín Vizcarra y Alejandro Toledo, quienes también se encuentran recluidos en el penal de Barbadillo y podrían aportar información sobre las condiciones de seguridad y procedimientos internos en el establecimiento penitenciario.

Diligencias solicitadas

En el petitorio, la defensa de Castillo solicitó que el Fiscal Provincial Penal de Turno de Lima disponga diligencias preliminares para esclarecer los hechos.

Entre las acciones requeridas se incluyen la toma de declaraciones del propio denunciante, de los funcionarios señalados y de directores de los medios que difundieron las imágenes.

También se solicitó la declaración de una periodista que habría manejado información sobre lo ocurrido durante la requisa en el penal.