El embajador peruano ante el Consejo de Derechos Humanos ONU, Luis Chuquihuara; el ministro de Justicia, José Tello y el fiscal superior provisional, Daniel Jara, participaron en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

En tal sentido, el Gobierno peruano a través de los voceros antes mencionados garantizó que investigará posibles «excesos» de las fuerzas del orden en la respuesta a las actuales protestas.

«Si algún exceso ha habido se va a investigar», aseguró en su intervención en el Consejo el embajador peruano ante la ONU en Ginebra, Luis Chuquihuara, quien destacó que no obstante las autoridades han intentado «responder dentro de los estándares internacionales de resolución de conflictos de esta naturaleza».

«Perú está comprometido con las protestas sociales pacíficas, pero cuando lamentablemente algún sector minoritario de los manifestantes ha incurrido en violencia contra bienes del Estado o contra otros ciudadanos, las fuerzas del orden han tratado de restaurar la paz social», puntualizó el diplomático.

Por su parte, el fiscal Daniel Jara, sentenció en la misma sesión que ya se han iniciado seis investigaciones por la muerte de 18 personas y 14 heridos en protestas en las regiones de Ayacucho, Junín, Apurímac y Lima, así como por la agresión al periodista Aldair Mejía cuando cubría los incidentes en la ciudad de Juliaca.

Por otro lado, el Perú pasó el examen periódico sobre la situación de sus libertades fundamentales por parte del Consejo (formado por 47 Estados miembros de la ONU), el primero en cinco años para el país.

Por videoconferencia desde Perú, la delegación institucional peruana ante este examen, liderada por el nuevo ministro de Justicia y Derechos Humanos, José Tello, comenzó lamentando la pérdida de vidas humanas (más de 60 hasta el momento) pero aseguró que «la protesta no puede confundirse con acciones delictivas».

«Nuestro compromiso es conducir una transición política con los brazos extendidos a todos los actores legítimos sobre la base del diálogo», aseguró el ministro de Justicia, José Tello, quien añadió que se ha creado una comisión para atender a las víctimas de las protestas.

Además, Tello denunció en este sentido ataques violentos en el marco de las protestas a centros de salud, instituciones judiciales, pequeñas y medianas empresas con pérdidas millonarias, a medios y periodistas, y bloqueo de carreteras que quebró «el derecho a la libertad de tránsito».

Finalmente, el ministro subrayó que pese a la violencia las actuales autoridades peruanas reconocen las exigencias de los manifestantes, que «forman parte de una deuda histórica con regiones y sectores de la población marginados».