La Fundación Peruana de Cáncer realizará, este 16, 17 y 18 de julio, la colecta nacional “Ponle Corazón”, una movilización solidaria que busca el apoyo inmediato de todos los peruanos.

Durante estas tres jornadas, voluntarios debidamente identificados estarán presentes en puntos estratégicos de Lima, Arequipa, Cusco, Trujillo, Chiclayo y Huancayo, invitando a la ciudadanía a sumarse con una donación.

Cada aporte permitirá brindar apoyo integral a pacientes oncológicos en situación de vulnerabilidad, cubriendo necesidades urgentes como alimentación, terapias físicas, apoyo psicológico y acompañamiento durante su alojamiento en el Albergue Frieda Heller, de la Fundación Peruana de Cáncer. 

“El cáncer avanza rápido y no da tregua. Por eso necesitamos actuar hoy. Cada donación cuenta y puede marcar la diferencia entre continuar o no un tratamiento”, señala Miguel de la Fuente, Gerente General. 

La colecta en las calles forma parte de la campaña nacional “Ponle Corazón”, que se desarrolla hasta el 25 de julio con el objetivo de movilizar a todo el país frente a una causa que requiere acción inmediata.

La Fundación Peruana de Cáncer hace un llamado a todos los peruanos a no ser indiferentes: si ves a un voluntario, detente un momento y dona. Hoy, más que nunca, tu ayuda es urgente.

Las personas también pueden sumarse a través de Yape, Plin o la web institucional, facilitando su aporte desde cualquier lugar durante todo el mes.

La Comisión Permanente del Congreso aprobó, con 17 votos a favor, 5 en contra y 4 abstenciones, el texto sustitutorio del Proyecto de Ley 14799/2025-PE, el cual viabiliza la incorporación de S/ 9,596 millones de soles al presupuesto nacional. Estos recursos extraordinarios están orientados a financiar proyectos de inversión pública en los tres niveles de gobierno, asegurar la continuidad de los servicios del Estado, mitigar riesgos climáticos y respaldar los gastos operativos del próximo proceso electoral.

El presidente de la Comisión de Presupuesto, Alejandro Soto Reyes, enfatizó que las modificaciones introducidas al dictamen original fueron consensuadas a nivel técnico y financiero con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), garantizando que no se genere una presión desmedida sobre el Tesoro Público y respetando el principio constitucional de equilibrio fiscal.

Inyección de recursos en sectores estratégicos y prevención de emergencias

La distribución de los nuevos fondos asignados busca robustecer el funcionamiento de sectores prioritarios y asegurar la atención de necesidades básicas a nivel nacional:

En el sector salud, se garantizan las partidas necesarias para dar continuidad a las inversiones del «Plan Mil», iniciativa orientada a modernizar y equipar los establecimientos de salud del primer nivel de atención. Para el sector educación, la norma amplía los plazos legales para la emisión del decreto supremo que oficializará el incremento salarial de los docentes del magisterio, además de autorizar al portafolio a financiar nuevos proyectos de infraestructura educativa.

En materia de seguridad ciudadana y contingencias, se dispuso el financiamiento para cubrir las propinas de los cadetes y alumnos de la Policía Nacional del Perú, y se asignaron fondos específicos para intervenciones de emergencia frente a desastres naturales, con especial énfasis en las tareas de prevención ante el Fenómeno El Niño.

Financiamiento electoral de 2026 y nuevos beneficios para el personal CAS

El dictamen aprobado asegura de manera prioritaria la asignación de recursos presupuestales para la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), garantizando que ambos organismos cuenten con la solvencia logística para la correcta organización y desarrollo de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

Asimismo, la propuesta incorpora una disposición legal de alto impacto laboral que autoriza el financiamiento para el pago de aguinaldos de Fiestas Patrias y Navidad, así como la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), en beneficio del personal contratado bajo el régimen del Contrato Administrativo de Servicios (CAS – Decreto Legislativo 1057). Los defensores de la norma destacaron que la medida cuenta con fuentes de financiamiento plenamente identificadas y con el aval técnico del MEF, consolidándose como una herramienta clave para el desarrollo del país, la gobernabilidad y el respeto a los derechos de los servidores públicos.