Especialistas advierten que el tráfico reduce la productividad, afecta la calidad de vida y requiere una reforma integral que priorice el transporte público y la modernización de la infraestructura.

La congestión vehicular continúa generando un fuerte impacto económico y social en Lima. De acuerdo con especialistas en transporte, las pérdidas ocasionadas por el tráfico en la capital ascienden hasta los S/30 mil millones al año, una cifra que refleja el costo del tiempo perdido, el mayor consumo de combustible y las limitaciones que enfrenta la actividad económica.

Frente a este panorama, la Asociación Automotriz del Perú (AAP) pidió que el próximo Gobierno impulse una reforma integral del sistema de transporte. Jaime Graña Belmont, gerente general del gremio, sostuvo que «el transporte debe estar en la misma línea de prioridad que la salud, la seguridad y la educación», y consideró que un sistema deficiente afecta directamente la productividad y el bienestar de millones de ciudadanos.

Durante una entrevista en RPP, el especialista en transporte Luis Quispe Candia recordó que diversos estudios estiman que la congestión representa alrededor del 2% del Producto Bruto Interno (PBI). «La AFIN dice que son más de 27 mil millones de soles», señaló al explicar el impacto económico que ocasiona el desorden vehicular en Lima y Callao.

Los especialistas coincidieron en que el país necesita avanzar hacia un sistema de transporte integrado con mayor inversión en infraestructura, renovación de la flota y una mejor coordinación entre las entidades responsables. Advirtieron que postergar estas medidas no solo incrementará las pérdidas económicas, sino que también seguirá afectando la calidad de vida de millones de peruanos.

Fuente: RPP

Estos problemas golpean directamente los precios de los alimentos, el trabajo diario y la tranquilidad de las familias peruanas.

El nuevo Congreso quedó conformado sin que ningún bloque político alcance la mayoría absoluta, lo que pone como prioridad de las autoridades construir consensos para que el país pueda avanzar. Para el ciudadano de a pie, los efectos de El Niño y la inseguridad podrían tener mayor impacto si las soluciones se quedan atrapadas en disputas políticas. El fenómeno climático tiene un pronóstico más severo que el de 1997, golpeando la agricultura y las zonas mineras, es decir, las actividades que sostienen buena parte de la economía familiar.

Frente a este escenario, el analista político César Campos advirtió que «el gobierno próximo debe procurar el consenso con las fuerzas políticas para enfrentar de una manera sensata, y no ideologizada, estos desafíos». Para las familias que ya sienten el impacto de la inflación en sus bolsillos, esa capacidad de acuerdo entre autoridades no es un tema de escritorio, sino algo que puede definir si los alimentos siguen subiendo de precio o si el país logra amortiguar el golpe a tiempo.

A la par, la inseguridad ciudadana sigue siendo una amenaza cotidiana para miles de familias y pequeños negocios que ven cómo el temor a ser víctimas de un delito condiciona sus actividades. El sociólogo Edison Torres fue enfático al señalar que «si no hay seguridad ciudadana, lo demás que se quiere hacer va a caer en saco roto», una alerta que resume por qué ninguna otra medida tendrá sentido si el ciudadano de a pie sigue sintiéndose desprotegido. Por ello, más allá de las disputas políticas, la urgencia de estos dos frentes exige que las autoridades prioricen el consenso como la única manera de que las medidas frente a El Niño y la inseguridad lleguen a tiempo a quienes más las necesitan.

Fuente: Gestión, El Tiempo