Especialista de ComexPerú sostiene que el temor de los políticos a asumir decisiones impopulares mantiene paralizadas las reformas laborales y de descentralización, lo que perpetúa servicios deficientes y una institucionalidad cada vez más frágil.

En el Perú, las reformas estructurales siguen detenidas por una razón conocida pero pocas veces asumida: la clase política evita pagar el costo político de enfrentar intereses consolidados. Rafael Zacnich, gerente de Estudios Económicos de ComexPerú, señala que “plantear siquiera una reforma laboral sigue siendo un tabú para las autoridades”. Esta resistencia perpetúa un mercado laboral rígido, con altos costos de contratación y despido, que desalientan la formalidad e impiden que las empresas impulsen mejoras de productividad.

Asimismo, la falta de decisión política ha debilitado la descentralización. Tras más de veinte años de implementación, el modelo evidencia fallas profundas. Para Zacnich, “la descentralización ha demostrado limitaciones en la ejecución de obras y en la provisión de servicios públicos esenciales”. La mala gestión de recursos, las obras paralizadas y las brechas en salud, educación y saneamiento muestran que el sistema no ha logrado responder a las necesidades básicas de la ciudadanía y, por el contrario, ha abierto espacios para la corrupción y la ineficiencia.

El resultado –señala el experto de ComexPerú– es un país que normaliza problemas que deberían ser inaceptables. El temor a reformas impopulares frena los cambios que permitirían dinamizar el mercado laboral y corregir fallas estructurales en la gestión territorial. Según Zacnich, superar este estancamiento exige voluntad política para replantear la descentralización, fortalecer la meritocracia estatal y asumir decisiones necesarias para mejorar la calidad de vida de la población.

Fuente: Correo

Aunque el gasto total crece solo 2.29 %, el Congreso incrementó en 39 % su presupuesto, mientras la planilla pública sigue ganando peso y la inversión pierde espacio, advierte Videnza Instituto.

El Congreso aprobó la Ley de Presupuesto Público 2026 por S/257,562 millones, lo que representa un incremento de 2.29 % respecto a 2025. Sin embargo, un análisis de Videnza Instituto advierte que esta aparente moderación del gasto esconde un cambio estructural preocupante: “La planilla pública continúa expandiéndose en detrimento de la inversión”. Según el informe, el gasto en personal y obligaciones sociales pasó de representar el 29 % del presupuesto en 2019 a 36 % para 2026, una tendencia que reduce el espacio fiscal para infraestructura, servicios y atención de emergencias.

Uno de los puntos más críticos es el aumento del presupuesto del propio Parlamento. Frente a la propuesta del Ejecutivo, el Congreso elevó en 39 % su presupuesto institucional, que alcanzará S/1,735 millones en 2026, un crecimiento de 26 % respecto a 2025. Videnza subraya que “ningún otro sector del Estado registra variaciones al alza de esta magnitud”. En contraste, sectores clave como salud y transporte verán reducciones de S/145 millones y S/232 millones, respectivamente, frente a la propuesta inicial.

El análisis recuerda que esta tendencia no es reciente. El presupuesto “ya había crecido 123 % entre 2021 y 2025”, incluso antes del retorno a la bicameralidad. Además, el Congreso incorporó 74 disposiciones adicionales al proyecto del Ejecutivo, muchas de ellas orientadas a ampliar gastos permanentes sin una evaluación técnica rigurosa, incluyendo la creación de nuevas unidades ejecutoras y la flexibilización de controles presupuestales.

Para Videnza Instituto, el problema trasciende el monto asignado. Permitir que el Congreso se autoasigne mayores recursos sin controles equivalentes debilita los contrapesos fiscales y reduce la capacidad del Estado para responder a prioridades nacionales. Cuando el presupuesto deja de ser una herramienta técnica y se convierte en un instrumento político, advierte el informe, el costo termina recayendo en la ciudadanía.

Fuente: El Comercio