Federación Nacional de Trabajadores Petroleros ratificó el paro nacional del 19 de enero contra el decreto de urgencia que consideran una “privatización encubierta”.
 Rita López Saavedra, gerenta general de PetroPerú presentó su renuncia y el Ejecutivo se niega al diálogo.
 Gobierno de José Jerí insiste en desmantelar la empresa estatal pese al rechazo sindical y la ausencia de garantías para los trabajadores.

La Federación Nacional de Trabajadores Petroleros ratificó el paro nacional del 19 de enero contra el decreto de urgencia que consideran una “privatización encubierta”, mientras la gerenta general presentó su renuncia y el Ejecutivo se niega al diálogo. El gobierno de José Jerí insiste en desmantelar la empresa estatal pese al rechazo sindical y la ausencia de garantías para los trabajadores.
Rafael Noblecilla, secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores Petroleros, Energía y Afines del Perú, confirmó que el paro se realizará, aunque el Ministerio de
Trabajo no lo haya autorizado. La medida responde al silencio oficial y a un decreto de urgencia que los trabajadores denuncian como privatización disfrazada.
Mientras tanto, Rita López Saavedra, gerenta general de Petroperú, presentó su carta de renuncia en medio de la crisis, según confirmó la ministra de Economía Denisse Miralles.
EL SILENCIO COMO
ESTRATEGIA
Los trabajadores han enviado documentación al Ministerio de Economía y Finanzas y al Ministerio de Energía y Minas sin obtener respuesta. Noblecilla fue contundente: “El problema está en que no nos reciben para que nos digan qué es lo que se pretende hacer”.
La estrategia del gobierno parece clara: avanzar sin diálogo, sin explicaciones, sin mirar a los trabajadores a la cara.
El Ministerio de Trabajo observó la convocatoria al paro por tecnicismos que, según Noblecilla, pueden resolverse de inmediato. Pero el punto central del conflicto está en la definición de puestos esenciales, una maniobra que vaciaría de sentido cualquier protesta: “De nada tiene sentido una medida de fuerza cuando ponen una relación de tantos trabajadores que vayan a trabajar”.
PRIVATIZACIÓN
SIN DECIRLO
El decreto de urgencia no menciona despidos directos, pero habla de “reducción de trabajadores”. Noblecilla calificó esto como “privatización encubierta”, una forma de entregar la empresa sin asumir los costos políticos de hacerlo abiertamente. La
decisión de irse o quedarse recae en el trabajador, pero sin condiciones claras ni garantías de nada.
La pregunta del dirigente sindical pone el dedo en la llaga: “Qué tan rápido quieren hacer esto en un gobierno transitorio”. La respuesta parece obvia: antes de que alguien pueda impedirlo. El premier Ernesto Álvarez declaró a Expreso que “Petroperú está en quiebra y no podemos seguir entregándole dinero”, el argumento de siempre para justificar el
remate de lo público.
Mientras tanto, los ministros convocados a la Comisión de Energía y Minas del Congreso brillaron por su ausencia. Los trabajadores expusieron su posición ante un Parlamento sin interlocutores del Ejecutivo.
El mensaje es claro: no hay nada que dialogar porque la decisión ya está tomada.

RITA LÓPEZ SAAVEDRA,
gerenta general de Petroperú, presentó su renuncia en plena crisis. La ministra Denisse
Miralles confirmó que López Saavedra pidió “contar con gerentes de su confianza” y que se
trabaja con Fonafe para retenerla. La salida de la principal ejecutiva de la empresa en este
momento crítico revela las contradicciones internas de un proceso que el gobierno intenta presentar como técnico y necesario, pero que avanza entre renuncias, rechazos y protestas.

El saqueo anunciado
Este gobierno transitorio se apura en regalar Petroperú como si el tiempo se le
acabara, porque efectivamente se le acaba. No hay diálogo porque no hay intención de escuchar. El decreto avanza, los ministros no dan la cara, los trabajadores
quedan a su suerte. La empresa estatal, levantada con recursos públicos durante
décadas, está siendo empaquetada para entregarla al mejor postor. Lo llaman rescate, reestructuración, modernización. Pero el resultado será el mismo de siempre:
el Estado se retira, el capital privado entra, y los trabajadores pagan la factura.