El Poder Judicial admitió a trámite la demanda de amparo presentada por Delia Espinoza, con la que busca dejar sin efecto la inhabilitación por diez años que le impuso el Congreso de la República y anular las resoluciones legislativas aprobadas en su contra. La decisión marca un nuevo capítulo en un caso de alto impacto político e institucional, al poner bajo revisión judicial los límites del control parlamentario.

La resolución fue emitida por la Tercera Sala Constitucional de Lima, que declaró procedente el recurso contra los actos del Parlamento que apartaron a Espinoza de la función pública y habilitaron una acusación penal. Según el colegiado, la demanda cumple con los requisitos legales necesarios para ser evaluada en el fondo, por lo que corresponde analizar si el procedimiento seguido respetó las garantías del debido proceso.

En su demanda, la exfiscal sostiene que el Congreso excedió sus atribuciones constitucionales al imponer una sanción de naturaleza política sin observar criterios objetivos ni garantizarle una defensa efectiva. Además, cuestiona la motivación de las resoluciones legislativas y advierte una vulneración directa a sus derechos fundamentales como autoridad del Ministerio Público.

¿De qué trata la demanda de amparo interpuesto por Delia Espinoza?

El recurso se dirige específicamente contra la Resolución Legislativa que dispuso su inhabilitación para ejercer función pública durante una década. Espinoza argumenta que esta medida se adoptó sin una evaluación adecuada de los hechos y bajo un contexto de presión política, lo que habría afectado la imparcialidad del proceso parlamentario.

Asimismo, la demanda cuestiona la resolución que declaró haber lugar a la formación de causa penal en su contra. A juicio de la exfuncionaria, el Congreso adelantó opinión y transformó un procedimiento político —cuyo fin es la responsabilidad política— en un mecanismo sancionador que invadió competencias propias del sistema de justicia, vulnerando los límites que fija la Constitución.

Otro de los puntos centrales del amparo es el pedido para que se declare la nulidad de todo lo actuado en la denuncia constitucional seguida en su contra. Espinoza sostiene que el proceso estuvo marcado por vicios sustanciales que comprometen su validez jurídica y afectan la independencia del Ministerio Público, principio clave para la separación de poderes en un Estado democrático.

Como parte del trámite, la Sala Constitucional fijó una audiencia única para el 9 de marzo de 2026, la cual se realizará de manera virtual. En esa sesión, las partes expondrán sus argumentos y se definirá el rumbo de un proceso que podría sentar un precedente sobre el alcance del control judicial frente a las decisiones del Congreso.

Además, el Poder Judicial otorgó un plazo de diez días al procurador del Congreso para responder la demanda. Esta etapa permitirá conocer la defensa institucional del Parlamento ante los cuestionamientos planteados y será determinante para el análisis de fondo que realizará el tribunal.

Con la admisión del amparo, el Poder Judicial deberá pronunciarse sobre la legalidad de las resoluciones legislativas y verificar si el procedimiento parlamentario respetó las garantías del debido proceso. El análisis se centrará en los actos que derivaron en la inhabilitación de Delia Espinoza y en la formación de causa penal, conforme a los límites establecidos por la Constitución, en un caso que podría redefinir el equilibrio entre control político y tutela judicial en el país.