Política
Poder Judicial anula prisión preventiva contra Ciro Castillo y autoriza su retorno al Gobierno Regional del Callao
El Poder Judicial declaró fundada la apelación presentada por la defensa del gobernador regional del Callao, Ciro Castillo Rojo Salas, y anuló la orden de prisión preventiva que pesaba en su contra en el marco de la investigación por los presuntos delitos de organización criminal y colusión agravada. Con esta decisión, la autoridad regional continuará siendo investigada en libertad y queda habilitada para retomar sus funciones desde este lunes 2 de febrero.
La resolución fue emitida por la Sala Penal de Apelaciones, presidida por el juez René Martínez Castro, que revocó el fallo de primera instancia que había impuesto 24 meses de prisión preventiva, además de ordenar la ubicación y captura del investigado. El colegiado concluyó que no se cumplían de manera suficiente los presupuestos legales exigidos para imponer la medida coercitiva más gravosa, especialmente en lo referido al peligro de fuga y de obstaculización de la investigación.
De acuerdo con el pronunciamiento judicial, si bien existen elementos que sustentan la continuación del proceso penal, estos no justifican una privación de la libertad en esta etapa. En ese sentido, la Sala determinó que Ciro Castillo Rojo cuenta con arraigo domiciliario, laboral y familiar, así como con una conducta procesal que no evidencia intención de sustraerse de la justicia, ya que se presentó voluntariamente ante las autoridades cuando fue requerido.
El caso se hizo público a finales de 2025, cuando el Ministerio Público, a través de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Callao, solicitó medidas coercitivas contra Castillo Rojo y otros implicados. Según la tesis fiscal, el gobernador habría integrado una presunta organización criminal que operaba dentro del Gobierno Regional del Callao, dedicada al direccionamiento de más de 60 contrataciones públicas irregulares durante el año 2023, ocasionando un perjuicio económico superior a los S/1,4 millones al Estado.
En enero de este año, el Poder Judicial acogió el requerimiento fiscal y dictó prisión preventiva al considerar que existían graves y fundados elementos de convicción sobre la presunta participación de Castillo Rojo en el caso conocido como “Los Socios del Callao”. En aquel momento, la Fiscalía sostuvo que el investigado habría tenido un rol clave en la red, facilitando la adjudicación irregular de obras y servicios a determinados empresarios a cambio de beneficios indebidos.
Asimismo, el Ministerio Público argumentó que la influencia política del gobernador regional representaba un riesgo de interferencia en la investigación y en la actuación de testigos. No obstante, estos argumentos no fueron considerados suficientes por la Sala Penal de Apelaciones, que señaló que dichos riesgos no fueron debidamente acreditados con elementos objetivos.
Tras revocar la prisión preventiva, el tribunal dispuso que Ciro Castillo Rojo continúe el proceso penal bajo un régimen de comparecencia con restricciones, sujeto a reglas de conducta de cumplimiento obligatorio. Entre las principales medidas impuestas figura la prohibición de ausentarse de su lugar de residencia sin autorización judicial, así como la obligación de concurrir a todas las diligencias a las que sea citado por el Ministerio Público o el Poder Judicial.
Además, el gobernador regional deberá abstenerse de comunicarse, directa o indirectamente, con los demás investigados y con los testigos del caso, informar cualquier cambio de domicilio y cumplir estrictamente las disposiciones que dicte el órgano jurisdiccional competente. El incumplimiento de estas reglas podría derivar en la revocatoria de la comparecencia y la imposición de una medida de coerción personal más severa.
En el plano político-administrativo, la anulación de la prisión preventiva permite a Ciro Castillo Rojo reasumir el cargo de gobernador regional del Callao, del cual se encontraba suspendido tras la orden de captura dictada en su contra. Mientras tanto, la investigación fiscal continuará su curso para determinar las eventuales responsabilidades penales en el caso, en un contexto de alta expectativa pública por los presuntos actos de corrupción en el Gobierno Regional del Callao.
Política
Fujimori llama «perros» a la oposición: Presidenta ya no solo amenaza, sino insulta
Senador Iber Maraví cuestionó que el ministro César Astudillo interrumpiera a Ruth Luque durante la sesión.
Humberto Morales denunció el «ADN dictatorial del fujimorismo» y acusó al oficialismo y sus aliados de recurrir a la prepotencia y la intimidación
La presidenta Keiko Fujimori desató una nueva controversia política al utilizar la expresión «los perros ladran» durante un pronunciamiento sobre el enfrentamiento ocurrido en el Senado. La mandataria, rodeada de altos mandos militares durante una actividad en el Cuartel General del Ejército, expresó su respaldo al ministro del Interior, César Astudillo, y declaró: «Ministro, los perros ladran. Esa es una señal de que estamos avanzando».
Sus palabras fueron interpretadas como una descalificación de quienes cuestionan al Gobierno. Fujimori aseguró que Astudillo había sido agredido verbalmente durante la sesión de la Comisión de Constitución y le expresó su «total respaldo y gratitud» por su valentía. Sin embargo, la presidenta no identificó las expresiones que consideraba ofensivas ni respondió a las observaciones sobre la reforma policial que habían originado la discusión. Su pronunciamiento trasladó la controversia parlamentaria al escenario presidencial. El incidente comenzó cuando la senadora Ruth Luque cuestionó al ministro del Interior por no abordar una reforma profunda de la Policía Nacional. Astudillo reaccionó ante sus expresiones y se produjo un intercambio verbal en el que intervino Iber Maraví, de Juntos por el Perú, quien reclamó respeto al turno de palabra de la legisladora. La discusión escaló con la participación de otros parlamentarios y obligó a suspender temporalmente la sesión. Posteriormente, el senador Calisto Giampietri, de Renovación Popular, encaró a Maraví durante el enfrentamiento.
El representante de Juntos por el Perú denunció que Giampietri se aproximó de manera intimidatoria y lo desafió a resolver sus diferencias fuera del Congreso. El propio Giampietri reconoció haber planteado continuar la discusión afuera, aunque afirmó que intervino para defender a dos senadoras. El episodio dio lugar a acusaciones cruzadas sobre amenazas, agresiones verbales y conductas impropias de representantes políticos. El exparlamentario Humberto Morales denunció lo que denominó el «ADN dictatorial del fujimorismo» y acusó al oficialismo y sus aliados de recurrir a la prepotencia y la intimidación. Iber Maraví también cuestionó lo que describió como el verdadero rostro autoritario del fujimorismo, al que acusó de utilizar una apariencia democrática para conseguir las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo.
Ambas declaraciones expresan el rechazo de estos dirigentes al comportamiento de los representantes del Gobierno durante el incidente. Las críticas se extendieron a otros sectores políticos. Raúl Noblecilla calificó a Giampietri de «bravucón y cobarde» y denunció actitudes de autoritarismo y desprecio hacia la ciudadanía. Por su parte, el expresidente del Consejo de Ministros Aníbal Torres cuestionó el comportamiento de los funcionarios y legisladores involucrados, a quienes acusó de actuar con prepotencia y de contribuir al deterioro político del país. Las expresiones reflejaron la intensidad del enfrentamiento entre el oficialismo y sus adversarios.
La controversia ocurre mientras el Senado evalúa las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo para enfrentar la inseguridad ciudadana y prevenir los efectos del fenómeno El Niño. Durante su discurso, Fujimori también contrapuso a quienes respaldan a las Fuerzas Armadas con organizaciones como Sendero Luminoso y el Movadef, en un llamado a definir posiciones frente a la violencia. La discusión deja abiertas dos cuestiones: el alcance de las atribuciones que recibirá el Gobierno y el respeto a la discrepancia política durante su debate parlamentario.
OPOSICIÓN DENUNCIA AUTORITARISMO Y RECHAZA INTIMIDACIONES EN EL SENADO
El enfrentamiento registrado durante la sesión de la Comisión de Constitución provocó una serie de pronunciamientos de dirigentes vinculados a la izquierda, quienes acusaron al fujimorismo y sus aliados de recurrir a la prepotencia frente a los cuestionamientos políticos. Humberto Morales denunció lo que calificó como el «ADN dictatorial del fujimorismo», mientras Iber Maraví sostuvo que los incidentes habían dejado al descubierto una actitud que, a su juicio, contradice el discurso democrático del oficialismo. Maraví rechazó el comportamiento de los funcionarios y legisladores involucrados y afirmó que no se dejaría intimidar. El senador cuestionó que el enfrentamiento se produjera precisamente durante la discusión de las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo. Por su parte, Raúl Noblecilla acusó a Giampietri de actuar con arrogancia y prepotencia, mientras Aníbal Torres cuestionó a quienes, según expresó, exhiben actitudes confrontacionales frente a sus adversarios políticos. Las declaraciones de los dirigentes opositores coincidieron en cuestionar el trato recibido por los parlamentarios críticos del Gobierno y en rechazar las conductas que consideran intimidatorias. El episodio profundizó las discrepancias sobre el pedido de facultades legislativas y abrió una controversia sobre los límites del debate político, el respeto a las minorías parlamentarias y la responsabilidad de las autoridades frente a las críticas.
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Política
Taiwán conmemora su 115.º aniversario y fortalece sus vínculos con el Perú
Con motivo del 115.º aniversario de la República de China (Taiwán), que se conmemora cada 10 de octubre, la Oficina Económica y Cultural de Taipei en el Perú ofreció una recepción en Lima, a la que asistieron representantes de los ámbitos académico, político y empresarial, miembros del cuerpo diplomático, periodistas, representantes de las Fuerzas Armadas y miembros de la comunidad taiwanesa residente en el país.
Durante la recepción, Gustavo Chao-Jui Lu, representante de la Oficina Económica y Cultural de Taipéi en el Perú, dio la bienvenida a los invitados y destacó los estrechos vínculos de amistad y cooperación que unen a Taiwán y al Perú.
En su discurso, Lu resaltó el liderazgo mundial de Taiwán en los sectores de los semiconductores y las tecnologías de inteligencia artificial, así como su firmeza para afrontar los desafíos globales y regionales y su voluntad de contribuir a la comunidad internacional. En este contexto, señaló que el Perú y Taiwán comparten valores fundamentales, como la libertad, la democracia y el Estado de derecho, y cuentan con economías complementarias y vínculos comerciales en constante crecimiento.
Asimismo, subrayó la importancia de seguir fortaleciendo los intercambios y la cooperación bilateral en diversos ámbitos, así como los lazos de amistad construidos a lo largo de los años entre los pueblos de Taiwán y el Perú. También destacó la contribución de la comunidad taiwanesa al desarrollo de las relaciones entre ambas partes. Finalmente, agradeció la cálida acogida recibida en el país y expresó su aprecio por la oportunidad de conocer y disfrutar de las danzas, la cultura y la reconocida gastronomía peruanas.
La ceremonia contó, además, con la presencia de Raúl Diez Canseco, exvicepresidente de la República y fundador presidente de la Corporación Educativa USIL, y de Patricia Li Sotelo, presidenta de Somos Perú, quienes también dirigieron unas palabras a los asistentes.
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