El Poder Judicial ordenó la incorporación del partido Fuerza Popular en la investigación seguida contra Joaquín Ramírez por el presunto delito de lavado de activos en el denominado caso Alas Peruanas, una decisión que vuelve a colocar al fujimorismo en el centro del debate político y judicial.

La medida fue adoptada por el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, que declaró fundado el requerimiento presentado por el Ministerio Público, al considerar que existen elementos suficientes para que la organización política forme parte del proceso penal en calidad de investigada.

Según la tesis fiscal, Fuerza Popular habría recibido aportes de origen ilícito provenientes de Joaquín Ramírez, los cuales tendrían su origen en un presunto fraude cometido en la administración de la Universidad Alas Peruanas, institución que estuvo dirigida por su tío, Fidel Ramírez Prado. Estos aportes se habrían canalizado durante las campañas presidenciales de 2011 y 2016, cuando Keiko Fujimori fue candidata.

La Fiscalía sostiene que, entre los años 2014 y 2015, el partido fujimorista recibió 54 mil 536,65 soles, mientras que en 2011 habría aceptado un monto adicional de 210 mil soles. A ello se suman otros beneficios de mayor valor económico, como la transferencia de dos inmuebles ubicados en zonas estratégicas de Lima: uno en la avenida Bucaré, en la urbanización Camacho (La Molina), y otro en la avenida Arequipa, en el distrito de Miraflores.

De acuerdo con la investigación fiscal, estos aportes no habrían sido desinteresados. La hipótesis señala que, de haber alcanzado el Poder Ejecutivo, Fuerza Popular habría devuelto esos recursos mediante beneficios e intereses personales para Joaquín Ramírez, a través de mecanismos como la adjudicación de obras sobrevaluadas, la concesión de beneficios tributarios o la promoción de marcos normativos favorables para el funcionamiento de cooperativas y universidades privadas.

“De haber alcanzado el Poder Ejecutivo, el partido habría tenido como objetivo retribuir dichos aportes ilícitos mediante el otorgamiento de obras sobrevaluadas, beneficios tributarios o marcos normativos favorables”, detalla el Ministerio Público en su requerimiento. Asimismo, la Fiscalía sostiene que Fuerza Popular habría sido utilizado como un brazo político o empresa de fachada para el ingreso y ocultamiento de dinero ilícito que agenciaba Joaquín Ramírez.

Tras evaluar los argumentos, la jueza del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional resolvió acoger la solicitud fiscal, incorporando formalmente al partido en la investigación. Esta decisión implica que Fuerza Popular deberá enfrentar el proceso penal y responder por los presuntos vínculos financieros con Ramírez.

La defensa legal del partido cuestionó la medida, alegando que el Ministerio Público solicitó su incorporación cuando el plazo de investigación ya había vencido el 4 de mayo de 2025. Sin embargo, la Fiscalía aclaró que el requerimiento fue presentado el 30 de abril de 2025, es decir, dentro del plazo legal.

El juzgado confirmó esta versión y descartó cualquier afectación al derecho de defensa, señalando que la tramitación del pedido se vio retrasada debido a recusaciones reiteradas formuladas por los investigados, lo que no puede ser utilizado como argumento para invalidar la actuación fiscal.

En la misma línea, la magistrada rechazó la oposición presentada por las empresas Combustibles Granel SRL y Combustibles SAC, vinculadas a Joaquín Ramírez. El juzgado concluyó que dichas compañías no tienen legitimidad para cuestionar la incorporación de Fuerza Popular, al no ostentar la condición de socios, directivos ni representantes del partido político.

Con esta decisión, el caso Alas Peruanas entra en una nueva etapa que podría tener fuertes repercusiones políticas y judiciales, al abrir la puerta a una investigación directa sobre el presunto financiamiento irregular de una de las principales fuerzas políticas del país. El proceso ahora deberá determinar si los aportes recibidos por Fuerza Popular tuvieron un origen ilícito y si existió una estructura destinada a encubrirlos dentro de la organización partidaria.