Política
Poder Judicial renueva orden de captura contra Vladimir Cerrón mientras TC investiga presuntas irregularidades en hábeas corpus
El Poder Judicial del Perú ordenó renovar la orden de ubicación y captura contra el prófugo Vladimir Cerrón, en el marco del proceso penal que se le sigue por los presuntos delitos de organización criminal y lavado de activos. La medida fue dispuesta por el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria, a cargo del juez Leodán Cristóbal Ayala, como parte del caso denominado “Aportes ilícitos a Perú Libre”.
Nueva orden de captura a nivel nacional e internacional
La resolución, emitida el pasado 27 de marzo, responde a la necesidad de mantener vigentes las medidas coercitivas contra Cerrón, luego de que las órdenes anteriores estuvieran próximas a vencer el 29 de marzo. En ese contexto, el juzgado dispuso la emisión de nuevas órdenes de ubicación, captura y conducción a nivel nacional.
Además, se ordenó su inscripción en el sistema del Remate Electrónico Judicial (Remaju), así como la comunicación a las Oficinas Centrales Nacionales de Interpol, con el objetivo de reforzar la búsqueda del investigado en el extranjero.
Actualmente, sobre Cerrón pesa una orden de prisión preventiva por 24 meses, vigente desde diciembre de 2023, la cual fue dictada en el marco de las investigaciones por presuntos aportes ilícitos al partido Perú Libre.
Recursos legales sin éxito
Desde entonces, la defensa legal del exgobernador regional de Junín ha intentado revertir la medida mediante diversos recursos. En enero de 2024, presentó una apelación contra la prisión preventiva, la cual fue declarada infundada. Posteriormente, en mayo, el recurso de casación interpuesto fue declarado inadmisible.
Ante ello, la estrategia legal se trasladó al ámbito constitucional con la presentación de un recurso de hábeas corpus ante el Tribunal Constitucional del Perú (TC), lo que abrió un nuevo frente de controversia.
Polémica por hábeas corpus en el TC
El trámite de este recurso ha generado una fuerte polémica debido a la presunta rapidez con la que se habría elaborado una ponencia favorable a Cerrón. La situación escaló luego de la filtración de un documento que fue difundido como si se tratara de una sentencia aprobada, lo que fue desmentido por la presidenta del TC, Luz Pacheco.
En declaraciones al programa Punto Final, Pacheco aclaró que el documento filtrado correspondía únicamente a una propuesta de ponencia y no a una decisión final del colegiado.
“Era absolutamente falso que nosotros pensáramos liberar al señor. No ha habido ningún diálogo ni decisión adoptada”, precisó la magistrada, quien además lamentó la filtración del documento interno.
Ante la controversia, la titular del TC anunció la apertura de una investigación interna para esclarecer las presuntas irregularidades en el manejo del hábeas corpus. Según indicó, el documento difundido no contaba con el aval de la coordinadora de este tipo de recursos, lo que genera serias dudas sobre su origen y validez.
Asimismo, explicó que el procedimiento regular implica que los magistrados reciban un proyecto de ponencia elaborado por una comisión especializada, el cual puede ser modificado antes de su discusión en sesión. Sin embargo, en este caso, el documento habría sido presentado sin cumplir con los filtros correspondientes.
Pacheco calificó la situación como “compleja” y adelantó que los resultados de la investigación se darán a conocer en los próximos días. También confirmó que ya cuenta con un informe preliminar sobre lo ocurrido.
Escenarios en evaluación
Dependiendo de los hallazgos, el TC podría adoptar diversas medidas, como la elaboración de una nueva ponencia, el cambio de magistrado ponente o incluso la anulación de la vista de la causa.
La sesión clave para analizar el caso contará con la participación de todos los magistrados del TC, en un contexto de alta expectativa pública debido a la relevancia política y judicial del caso Cerrón.
Actualidad
Raúl Díaz Pérez propone inteligencia de la PNP y Fuerzas Armadas contra la delincuencia en Comas
Raúl Díaz Pérez, candidato de Avanza País a la alcaldía de Comas, presentó sus propuestas de seguridad ciudadana para las Elecciones Municipales 2026. Su plan contempla mil cámaras de videovigilancia, drones y una mayor coordinación con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.
Comas enfrenta uno de sus principales desafíos de cara a las Elecciones Regionales y Municipales 2026: la inseguridad ciudadana. En este escenario, Raúl Díaz Pérez, candidato de Avanza País y exalcalde del distrito durante el periodo 2019-2022, presentó sus principales propuestas para combatir la delincuencia.
Según el reporte del Sistema de Denuncias Policiales (SIDPOL) de la Policía Nacional del Perú (PNP) citado en la información, Comas figura entre los distritos con mayor número de denuncias relacionadas con inseguridad.
Entre los problemas que afectan a los vecinos se encuentran la extorsión al transporte público y al comercio, así como el robo de vehículos.
Raúl Díaz Pérez propone apoyo de la PNP y Fuerzas Armadas en Comas
Como parte de su propuesta de seguridad, Raúl Díaz Pérez plantea que la inteligencia de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas puedan operar en el distrito, mientras que la municipalidad brindaría apoyo logístico.
“Lo que proponemos es que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas operen en Comas. Como gestión municipal, darle la logística necesaria: brigadas vecinales de seguridad ciudadana barrio por barrio, para que den información de primera mano a Inteligencia”, señaló el candidato.
El exalcalde también propone implementar mil cámaras de videovigilancia durante los primeros 100 días de una eventual gestión municipal, además de adquirir drones de alta tecnología para reforzar el patrullaje integrado con la Policía.
Mil cámaras y drones para combatir la delincuencia
La propuesta contempla la instalación de bases centrales de videovigilancia en sectores que, según el candidato, presentan una mayor incidencia delictiva.
Entre las zonas mencionadas se encuentran Collique, El Carmen Alto y La Libertad.
La estrategia planteada por Díaz Pérez incluye además la participación de brigadas vecinales, cuya función sería proporcionar información a los servicios de inteligencia.
Propuesta de agua potable para Comas
En materia de servicios básicos, Raúl Díaz Pérez aseguró que buscará continuar los proyectos de agua potable y alcantarillado destinados a los sectores que todavía presentan brechas.
El candidato afirmó que existen más de 150 pueblos y asentamientos humanos de Comas que no cuentan con agua potable y planteó cerrar estas brechas mediante el denominado Cuarto Esquema de Agua Potable.
Según explicó, el proyecto fue implementado durante su primera gestión y actualmente requeriría la elaboración del expediente técnico y la obtención de financiamiento.
Casa de la Inclusión Social y de la Cultura
Otra de las propuestas de Raúl Díaz Pérez para Comas es la construcción de una Casa de la Inclusión Social y de la Cultura.
De acuerdo con su planteamiento, este espacio concentraría servicios dirigidos a distintos sectores de la población, entre ellos una Casa del Adulto Mayor, una academia preuniversitaria municipal, un centro de idiomas y un centro de rehabilitación para personas con discapacidad.
Estadio Municipal de Comas
En materia deportiva, el candidato de Avanza País señaló que buscará gestionar la construcción del Estadio Municipal de Comas, proyectado en la zona de La Balanza.
Raúl Díaz Pérez y su gestión durante la pandemia
Durante la presentación de sus propuestas, Díaz Pérez también recordó su gestión durante la pandemia de COVID-19 y destacó la instalación de una planta de oxígeno medicinal destinada a atender a los vecinos de Comas.
El exalcalde busca volver a dirigir la Municipalidad de Comas en las Elecciones Regionales y Municipales 2026, programadas para el 4 de octubre. Su propuesta de campaña contempla como principales ejes la seguridad ciudadana, el acceso a servicios básicos, la inclusión social y el deporte.
Política
Congreso define a los integrantes de la Comisión de Ética: Harvey Colchado investigará denuncias contra parlamentarios
La Junta de Portavoces de la Cámara de Diputados, presidida por Óscar Reto Otero, acordó la conformación de la nueva Comisión de Ética Parlamentaria, grupo de trabajo que tendrá la responsabilidad de investigar y evaluar las denuncias por presuntas infracciones al Código de Ética cometidas por los legisladores durante el actual periodo congresal.
La comisión estará integrada por un representante de cada una de las seis bancadas con presencia en la Cámara Baja y ejercerá funciones durante los próximos dos años. Su instalación permitirá iniciar la evaluación de los primeros expedientes disciplinarios que ya fueron presentados ante el Congreso.
Seis congresistas integrarán la Comisión de Ética
Como parte del acuerdo alcanzado por la Junta de Portavoces, cada bancada designó a un representante para integrar este grupo de trabajo parlamentario.
Los miembros elegidos son:
- Mery Infantes Castañeda, por Fuerza Popular
- César Tito Rojas, por Juntos por el Perú
- Edwin Espinoza Huillca, por el Partido del Buen Gobierno
- Javier Cipriani Thorne, por Renovación Popular
- Heber López Letona, por el partido Obras
- Harvey Colchado Huamaní, por Ahora Nación
Los seis legisladores tendrán la misión de analizar las denuncias éticas presentadas contra parlamentarios y emitir recomendaciones sobre las eventuales sanciones que correspondan, conforme al reglamento interno del Congreso.
El Pleno deberá ratificar la conformación
Luego del acuerdo alcanzado por la Junta de Portavoces, la primera vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Analí Márquez, informó que la conformación de la Comisión de Ética será sometida a ratificación por el Pleno de la Cámara Baja durante la sesión programada para el 5 de agosto.
Con la aprobación del Pleno, la comisión podrá instalarse oficialmente e iniciar el ejercicio de sus funciones, incluyendo la recepción y evaluación de los expedientes que permanecen pendientes.
Antes de conocerse la integración definitiva de la Comisión de Ética, el diputado Harvey Colchado ya había adelantado que uno de los primeros asuntos que deberá analizar el grupo será la denuncia presentada contra el legislador Julián Pérez Mallqui, integrante de la bancada de Juntos por el Perú.
Pérez Mallqui es investigado por una presunta agresión contra su expareja, quien lo denunció por supuestos actos de violencia intrafamiliar y violencia psicológica.
En declaraciones a la prensa, Colchado sostuvo que el Congreso tiene la obligación de investigar cualquier conducta que pueda vulnerar los principios éticos de la función parlamentaria.
“Lo que corresponde al Congreso es que la Comisión de Ética haga la investigación respectiva y, si se determina responsabilidad, deberá imponerse la sanción correspondiente. Aquí no se protegerá a nadie”, manifestó.
Asimismo, aseguró que la nueva comisión actuará con independencia y sin favorecer a ningún legislador por razones políticas.
“Aquí no habrá protección entre parlamentarios”
Durante sus declaraciones, Harvey Colchado también hizo referencia a la conocida expresión política “otorongo no come otorongo”, utilizada para cuestionar presuntos actos de protección entre congresistas.
El legislador afirmó que esa práctica no tendrá cabida en la actual Comisión de Ética y aseguró que todos los casos serán investigados con objetividad y respetando el debido proceso.
Explicó además que, debido a que el Congreso se encontraba en proceso de conformar sus comisiones ordinarias y especiales, era necesario esperar la instalación oficial del grupo antes de iniciar cualquier procedimiento disciplinario.
Renovación Popular solicita suspensión de Julián Pérez
En paralelo, el parlamentario Christian Aranda Vásquez, de la bancada de Renovación Popular, presentó una denuncia formal por presuntas faltas éticas contra Julián Pérez Mallqui.
El documento, ingresado por Mesa de Partes del Congreso, solicita que el legislador cusqueño sea suspendido del ejercicio de sus funciones por 120 días de legislatura, además del correspondiente descuento de remuneraciones durante ese periodo.
La denuncia será remitida a la Comisión de Ética una vez que esta quede oficialmente instalada y comience sus labores.
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